Los damnificados por el invierno podrán acceder a crédito de $ 5.000 con 1 % de interés y a 30 años plazo, anuncia el Gobierno de Ecuador

A más de la entrega del bono de contingencia a los damnificados por la situación invernal, que es el 50 % del costo de la canasta familiar vital vigente ($ 514 en enero último) y se da cada 30 días durante dos o tres meses según el caso, estos podrán acceder también al crédito de $ 5.000 con 1 % de interés y 30 años de plazo, afirmó el titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal.

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El Gobierno central ya entregó y dará un total de 527 de estos bonos de contingencia en Zaruma, Nabón, El Chaco, Balao y La Gasca, en Quito, a un igual número de familias. En la actualidad es de $ 257 al mes.

Uno de los requisitos es que los damnificados no sean beneficiarios de los bonos estatales del MIES porque la entrega no puede duplicarse, indica Bernal.

Y la entrega de los créditos de $ 5.000 se hará a través de BanEcuador. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias definirá el listado de damnificados por la situación invernal. El MIES también asignará un fondo para el trámite de este préstamo a través de cooperativas.

Además, Bernal aseguró que a partir del 1 de marzo el MIES entregará el bono de $ 60 al mes para combatir la desnutrición crónica infantil a un total de 40.000 madres gestantes durante este año. Añadió que se hizo una depuración del listado de los que reciben los nueve bonos estatales. Reconoció que salieron 46.566 en diciembre pasado, pero se añadieron 85.822.

¿Cuál es el número de damnificados por el invierno y qué hace el Gobierno para ayudar en la recuperación de esas familias?

Identificamos 26 puntos que tienen dificultades en Ecuador. Sin embargo, 8 son los que han generado real connotación con damnificados. Zaruma con el socavón; Nabón, donde estuvimos el 9 de febrero pasado con el presidente de la República (Guillermo Lasso); Guano, en la provincia de Chimborazo; Chimbo, en la provincia de Bolívar; Balao, de aquí de la provincia del Guayas, donde estuvimos el 10 de febrero con el presidente también; La Gasca, en Quito. Este último inclusive me atrevería a decir que es la situación más crítica que hemos tenido después del terremoto con 28 fallecidos, 52 heridos, más de 160 núcleos familiares damnificados, por lo tanto estamos hablando de por lo menos 400 o 500 ecuatorianos. La Maná, en Cotopaxi; y El Chaco, en Napo, con el desbordamiento del río Coca.

¿Qué acciones han emprendido en estos cantones?

Hemos generado en estos ocho sectores sin perjuicio de lo que se ha hecho en los otros adicionales, en donde tenemos también dificultades, como en Esmeraldas y Manabí, 6.606 ayudas humanitarias, que consisten en kits de alimentos, de vestimenta, de dormitorio, de limpieza, los que fueron elementos fundamentales para el problema de La Gasca, porque la gente llegaba de manera inmediata y se ponía a trabajar, a veces no teníamos los implementos adecuados. Esto ha permitido generar un beneficio de 9.431 personas recurrentes, porque es probable que muchas de ellas reciban dos o tres veces los kits de alimentos. En el caso de Zaruma entregamos todavía. Intentamos mantener esta rigurosidad al menos por un trimestre y lo mínimo un bimestre. Lo que buscamos es de manera permanente, constante, como ha sido disposición del presidente de la República, de que logremos que aquella gente sea la beneficiaria de manera permanente. Llegamos de manera inmediata a los ocho puntos, fuimos quizá de las primeras instituciones junto con (el Servicio Nacional de Gestión de) Riesgos. Tenemos una red pública de 11.300 funcionarios directos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), más 20.000 que trabajan como cooperantes, que con estas coyunturas se activan. A La Gasca llegamos con 40 técnicos psicólogos, trabajadores sociales, educadoras, para lograr una contención que es la ayuda en términos psicosociales con las familias. Hay un acompañamiento adicional que el presidente de la República lo reflexionaba el martes pasado (8 de febrero) en La Gasca y que es aquel acompañamiento a los niños y niñas que son los que mayor afectación tienen.

¿Han instalado albergues para los damnificados?

A esto se suma algo que es fundamental. El hecho de que nosotros llevemos todos los insumos, los elementos que se requieren para las instalaciones de los albergues. El albergue como tal es una responsabilidad de la Secretaría (Servicio Nacional de Gestión) de Riesgos, pero este articula con las diferentes instituciones. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte y Educación buscan las instalaciones, ya sea un coliseo o una escuela. En el caso del Ministerio de Salud instala carpas para dar atención a la gente. En el caso nuestro damos todo tipo de apoyo con colchones y toallas, electrodomésticos, etcétera, y por supuesto todo lo que sea para constituir un albergue, un espacio digno para la gente, y llegamos también con actividades para estos desastres porque son niños, niñas y adolescentes con contención lúdica y educativa para que tengan esparcimiento. En Nabón estamos instalando una capacidad de albergue bastante amplio para 120 personas. En La Maná, en Cotopaxi, la cantidad de damnificados bordea los 263 núcleos familiares, fueron 70 viviendas que se llevó el desbordamiento del río, entonces todas esas realidades obligan a que tomemos acciones distintas. El MIES en Cotopaxi tuvo que apoyarse del Ejército Nacional para a través de sistemas como tarabitas poder acceder a pueblos que estuvieron aislados sin vías y sin capacidad fluvial. Estas son las realidades que han motivado a que el Gobierno nacional impulse toda una campaña denominada Juntos en Acción, en la cual todos colaboran, los bomberos que dependen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y estos últimos tanto alcaldías y prefecturas.

Sin importar a qué partido político pertenecen.

El presidente (Lasso) el martes (8 de febrero) estuvo reunido con la prefecta de Pichincha (Paola Pabón) con quien interactuamos de manera directa para poder inclusive motivarnos y aplaudir las acciones que de lado y lado se hacen. Para complementar, hace tres semanas aproximadamente, un poco después del socavón de Zaruma, el presidente (Lasso) suscribió un decreto ejecutivo para la entrega de un bono de contingencia. Este permite un aliviamiento temporal. Lo hizo más bien por cuatro cantones específicos que ya estuvieron en problemas: Zaruma, Nabón, Guano y Chimbo. En uno de sus artículos determinó la amplitud para aquellos casos adicionales que se presentasen por la temporada invernal. Se han presentado además cuatro adicionales que realmente han traído consecuencias graves. Hay una diferencia entre damnificados y afectados. El afectado es cuando entra el agua a la casa y luego sale y queda habitable, la situación sí afectó. Un damnificado es cuando sus condiciones sociales son caóticas. En ese momento se identifica y se le entrega un bono por una sola vez de un valor cuantificable de un promedio de $ 257. En Zaruma entregamos $ 252.44 porque es el 50 % del costo de la canasta vital mínima vigente. Es un valor mensual que fluctúa hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos a entregar en estos cantones acorde con el mes que estamos a todos los que están damnificados. Y otra particularidad adicional, damnificados que no sean usuarios del MIES, porque no se puede duplicar los bonos. Recién hemos entregado a 74 en Zaruma, que son los primeros que recibieron, en Nabón saldrán 39 bonos adicionales, que está previsto. En el caso de El Chaco, 217 bonos. En La Gasca estamos con 140. En Balao son 48 bonos. En el caso de Chimbo fueron 9 núcleos familiares.

¿Qué sucede con el crédito de $ 5.000 con 1 % de interés a 30 años plazo?

Se dispuso por parte del presidente (Lasso) que se entregue el crédito de BanEcuador, que está enfocado al sistema productivo, al impulso agrícola, hoy estaría destinado también con esa excepcionalidad mediante alguna normativa vía decreto presidencial para que también pueda acceder el sector urbano y comercial. Se han perdido tienditas, tiendas de abarrotes, esos créditos que les permiten de alguna manera una reactivación. En el ámbito agrícola está destinado porque se ha perdido ganadería.

¿Ya está listo el financiamiento?

El presidente (Lasso) ha destinado los primeros $100 millones para que estos créditos se viabilicen, que los está realizando BanEcuador.

Los damnificados tienen que hacer el trámite ante la banca pública entonces.

Así es. Nosotros estamos próximos también a unirnos en esta campaña. El MIES cuenta con un recurso de $ 8′900.000 de una relación internacional que podríamos viabilizarlo a través de un sistema de cooperativas para que también entreguemos los créditos a 30 años plazo, 1 % de interés.

¿Lo harán de forma directa?

No por el sistema financiero, pero financiado por el MIES. Formamos parte, es pequeño lo nuestro, un aporte.

¿Qué papel tendrán ustedes en la aprobación del bono al establecer quiénes son los damnificados?

El sistema de registro de riesgos del Ecuador lo preside el secretario (del Servicio Nacional de Gestión de riesgos y Emergencias) Cristian Torres. Él es quien define e identifica, porque si bien ya tienen un negocio, no son beneficiarios del MIES. Probablemente reciban, depende del nivel de afectación y si se les considera damnificados, también ese apoyo de los $ 257, pero para poder ser identificados lo hará Riesgos y derivará inmediatamente para que la institución competente, que en este caso es BanEcuador, proceda. En el caso de los damnificados, no son ellos los que acuden al MIES, nosotros vamos hacia ellos para darles cobertura adecuada, inclusive lo relacionado con los sepelios en el sector de La Gasca.

¿Cómo financian los sepelios?

Hemos cubierto recién parcialmente, entregamos féretros, porque todavía estamos caracterizando. Lo que ha dicho el presidente (Lasso) es que encontrará el mecanismo de financiamiento y si no es posible a través del sector público, lo hará mediante la gestión para que sea el sector privado quien apoye en la cobertura.

En el caso de La Gasca se tendrá que analizar si las casas perdidas podrán construirse en el mismo sitio donde estaban.

Esto es un tema de competencia municipal, en el caso de La Gasca, el alcalde de Quito (Santiago Guarderas) ha determinado inclusive una cronología para que aquello se dé. Usted comprenderá que cuando existen construcciones en lugares que no eran autorizados, no pueden ser ubicadas nuevamente ahí, tienen que reubicarse, pero se hará de manera ordenada. El presidente ha predispuesto al Ministerio de Vivienda para que contribuya también en las áreas en las que puede hacerlo, en la que puede tener una competencia el Estado nacional. Siempre la predisposición, el tema de los créditos, la idea es que la rueda de la economía ha empezado a rodar, esto permite al Estado estar mejor preparado. Hoy (jueves 10 de febrero) decía el presidente (Lasso) hemos venido a apoyar, a ayudar, a generar acciones concretas. En Balao hay que hacer el dragado del río Balao, hay que construir los muros, no ampliarlos, construirlos, hay que hacer un puente. El presidente de la República se ha comprometido en los tres proyectos a sabiendas de que lo relacionado con el tema del dragado le compete a la Prefectura, el muro y el puente a la Alcaldía. En los tres se ha comprometido el presidente para la suscripción de convenios tripartitos, bipartitos, de tal forma que el alcalde, las sociedades se vean respaldadas. No somos de los que nos aislamos diciendo eso le compete al alcalde o a la Prefectura, trabajamos de manera conjunta demostrando que el concepto del Ecuador del encuentro es tangible.

El Observatorio de Derechos Colectivos indica que a miles de personas se las retiró de la entrega de los bonos estatales y pide su comparecencia al respecto ante la Asamblea Nacional.

Le voy a dar los datos para que pueda contrastar aquello. En el mes de diciembre se excluyó a 46.566 núcleos familiares del Bono de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara, de los nueve bonos. Son aquellos que efectivamente no estaban dentro del rango que determina la ley para que puedan ser beneficiarios del bono. En una escala del uno al cien se da al que cumpla 29,7 hacia abajo. El que cumple 29,8 ya no puede. Si podríamos hablar en deciles, que es otra metodología estadística para medir, los que son deciles 1, 2 y casi llegan al 3, los demás no. Ese es el mecanismo técnico mediante el cual se establece, para eso el MIES estableció a través del registro social una metodología, una métrica 2018, más incluyente. Actualizó la 2014 al 2018 y dio un resultante de egresos de 46.566 núcleos familiares que salieron de la entrega de los bonos. Pero nadie pregunta cuántos ingresaron, 85.822, es casi el doble. El que ingresa no llama al medio de comunicación a agradecer, el que sale sí, y efectivamente, quienes salieron están en los deciles 7, 8, 9 y 10. Siguen siendo pobres, probablemente sí, de hecho sí, por las condiciones económicas del Ecuador, pero menos pobres de los que están en los deciles 1, 2, 3, en los que la ley determina y este es un Estado de derecho en el cual estamos acorde con la realidad. Los que se quejan quizás están en los deciles 7, 8, 9, no tendrán a lo mejor rostro para regresar a decir me quitaron el bono, porque esto se manejó durante años como un abanico que se abría en la época de elecciones y entraba la esposa del teniente político de la parroquia equis. Y quien salía era realmente quien necesitaba. En mis recorridos por el país le he preguntado a la ciudadanía que reclama que le demos el bono, si sabe que en su sector existe gente que sin merecerlo recibe el bono. También sabe que en su sector existe gente que lo merece y no está en la base de datos. Eso pasa del Carchi al Macará. Y continuamos la actualización en la que ingresen más y salgan otros, pero se van excluyendo quienes están en los deciles 7, 8, 9 y 10. Hay realidades que es necesario debatirlas.

¿A quienes les retiraron los bonos ya tenían años recibiéndolo?

Por supuesto. Estoy en todas las provincias, en todos lados siempre ha existido la preocupación, no la queja, y se hace la explicación que acabo de hacer. Salen, se excluye, pero vean quién entra.

¿Qué condiciones implica que estén en los deciles 1, 2 y 3?

Efectivamente, existen parámetros de verificación y estadísticos que miden por ingreso o quizá por gasto. El INEC (Insituto Nacional de Estadística y Censos) mide por gasto. Es un tema eminentemente estadístico, lo maneja exclusivamente el registro social puesto que el MIES no puede ser juez y parte, el que evalúa y el que paga. Nosotros lo que receptamos es una base de datos, pero yo no puedo desprenderme de una responsabilidad del Gobierno y decir que es el registro social. Yo lo asumo como ministro porque además es la línea política que el presidente me ha encargado, la línea conductual y administrativa. Ellos miden con profesionales, una verificación de la condición de ingreso, la condición de vivienda, de salubridad. Hay quienes viven probablemente en pobreza, sí, pero de acuerdo con el parámetro y el establecimiento de una norma se paga a quienes están dentro de ese rango.

¿Cuántos en total están recibiendo el bono en la actualidad?

Aspiramos a ingresar al menos a 100.000 núcleos familiares adicionales. La cantidad de personas que reciben el bono es de 1′437.000, es una cantidad considerable y hay algunos que realmente no deberían haber estado recibiendo.

¿Para cuándo tienen previsto entregar el bono para combatir la desnutrición crónica infantil

El bono 1.000 Días es uno de los compromisos de este Gobierno del encuentro que será entregado en este año aproximadamente a 40.000 madres gestantes y se irá incrementando en los siguientes años. Este busca dar una cobertura de 1.000 días efectivamente, 270 días de la gestación de la madre y 730 días de vida del niño, que de acuerdo con la evidencia y los expertos, si logramos dar cobertura nutricional en ese periodo es un aporte significativo. La cobertura no solo va por la entrega de los recursos de $ 60 mensuales que empezaremos a dar a partir del 1 de marzo.

¿Cómo harán para que se use el dinero en alimentación?

Eso es parte de la sensibilización que realizaremos, pero hay más allá de los buenos alimentos. Se tiene que también condicionar el bono de alguna forma, estamos buscando los mecanismos para que ese de los 1.000 Días permita una mayor conciencia de la madre gestante, sobre todo en las zonas rurales y en las adolescentes. El objetivo es que vayan a los controles prenatales y natales, porque les puede dar una extraordinaria alimentación nutritiva pero resulta que por el agua tienen parásitos. ¿Cómo completamos el círculo? Primero, agua potable. Para eso el presidente (Lasso) encargará al Banco del Estado para que entregue $ 1.000 millones en créditos a los Gobiernos autónomos descentralizados. A la par el Ministerio de Educación generando educomunicación, para que las madres trabajen en eso. Nosotros con nuestros educadores (del MIES) y el Ministerio de Salud, dando los chequeos y las vacunas. Es un círculo, así es que el bono es un complemento adicional. (I)