‘Mi jefa reunió a mis compañeros de trabajo para decirles que yo tenía VIH... la sangre se me fue al piso’, este es el amargo recuerdo de un profesional portador del virus

La impotencia se apoderó de Pedro (nombre protegido) cuando en su último trabajo como asalariado, en 2015, su jefa reunió a todo el personal para comunicarles que él era una persona que tenía el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Pedro conoce que vive con la enfermedad desde hace 19 años cuando en junio del 2004 se sometió a la prueba debido a una cirugía programada dentro de la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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La operación fue postergada, pues primero recibió atención psicológica y lo derivaron a terapia. Dice que en ese entonces el acceso al tratamiento era más limitado.

“Había que hacer fila durante la madrugada en la farmacia (del hospital Teodoro Maldonado Carbo (del IESS, en el sur de Guayaquil, donde se atiende), ya que llegaban pocos frascos con pastillas (del tratamiento antirretroviral que detiene la reproducción del virus) y eran cientos los que requerían”, recuerda.

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Tras conocer que tenia VIH le tocó salir del empleo, pero no se enteraron de su condición, porque hubo un proceso de reducción de personal.

Cuenta que la terapia ahora está más disponible, pero se observa una mayor escasez de estas medicinas en algunos meses en la red del IESS a partir de la pandemia del COVID-19. Lo que considera que continúa de manera permanente es el estigma y la discriminación, incluso laboral.

Él mismo palpó el trato que le dieron en 2015 cuando la jefa de ese entonces dijo al personal que laboraba en la compañía que él estaba infectado.

“Se me fue la sangre al piso. Unos me miraban con pena, otros me veían como que tú tienes el bicho que me puede contagiar, nunca más fue igual”, afirma.

La Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH Sida, en vigencia desde abril del 2000, indica en su art. 1 la confidencialidad de los datos de las personas afectadas y determina que ninguna podrá ser discriminada debido a esta causa.

La guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública (MSP) del 2019 sobre la enfermedad señala que las pruebas deben hacerse bajo consentimiento verbal.

Pedro recuerda que increpó a su jefa por su accionar, pero esta le dijo que quienes trabajaban con él necesitaban saberlo por seguridad, ya que algo podría sucederle.

“Estaba en el área contable, pero a la gente le falta educación, no debió divulgarlo. En ese trabajo me dijeron tras enterarse (por los exámenes que enviaron a realizar) que me daban la oportunidad porque ya estaba adentro (había firmado contrato antes que conozcan su estado serológico). Estuve dos años”.

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A partir del 2017 es afiliado voluntario al IESS y desde entonces trabaja de forma independiente con sus servicios de asesoría contable y financiera, ya que no ha conseguido trabajo formal.

“Soy profesional con maestría, tengo 46 años y en los trabajos para contratarte te envían a realizar la prueba. En la que estaba ahora la hacen antes de firmar el contrato. Se me ha hecho difícil conseguir un buen empleo, vivo de los cachuelitos”, dice.

Además, cada tres meses debe ir a retirar las medicinas. “Algunas veces me he topado con conocidos quienes me preguntan qué estoy haciendo, les respondo atendiéndome por tratamiento de la presión, digo otra cosa, no quiero que se enteren. Es un tabú de que alguien me vea”.

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Al trato en ese trabajo se suma el que recibe por parte de los médicos que lo atienden, acota. “No son conscientes que quienes estamos asegurados al IESS somos personas que trabajamos. Muchas veces no tenemos la oportunidad de pedir permiso, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, entonces deben facilitar la entrega de medicamentos con reagendamiento de las citas médicas”.

En Ecuador viven 45.078 personas que conocen que tienen VIH, según el MSP. De estas 30.343 son hombres, 13.999 mujeres y 736 son menores de 14 años. (I)