Los fiscales de Estados Unidos deberán informar a Álex Naín Saab Morán sobre cualquier evidencia que pueda favorecerlo o que pudiera poner en duda las pruebas que tienen en su contra, con miras a garantizarle una debida defensa. Así lo dispuso el juez Robert Scola el pasado lunes después de la comparecencia de Saab, extraditado desde Cabo Verde el domingo pasado.

El colombiano Saab Morán, considerado el supuesto prestanombre del presidente venezolano Nicolás Maduro, deberá comparecer por videoconferencia el próximo lunes primero de noviembre a las 10 a. m. ante Scola y contará con la ayuda de un intérprete. El empresario está acusado de lavado de dinero e instrumentos monetarios (cheques, pagarés, títulos o valores) junto con Álvaro Pulido Vargas, también conocido como Germán Rubio Salas, quien es socio de Saab, según los fiscales.

El sonado caso incluye un pedido de confiscación de bienes y propiedades por al menos $ 362 millones contra Saab y Pulido. Al primero lo defienden siete abogados del estudio Baker & Hosteller. A su vez, Estados Unidos estará representado por un número igual de funcionarios del Departamento de Justicia, equivalente a la Fiscalía ecuatoriana.

En el expediente público del caso, al que accedió este Diario, existe una sola acusación, que fue presentada el 25 de julio de 2019 y que no ha sido actualizada con información más detallada sobre la ruta del dinero, la participación de otras personas o empresas en el supuesto esquema de lavado de dinero. Hay ocho documentos que no son públicos, dos de ellos presentados el mismo 25 de julio de 2019 y otros seis a inicios de 2021.

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De acuerdo con el documento inicial, los fiscales acusaron de cómplices a tres ciudadanos colombianos que pasaban bastante tiempo en Miami y que habrían ayudado en el esquema de lavado de dinero y de soborno a funcionarios públicos venezolanos de los servicios de aduanas (Seniat), de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y de la Guardia Nacional Bolivariana. Se mencionan incluso grabaciones sobre las que se habla del pago de las coimas en 2014. Sin embargo, no se conoce la identidad de estas personas.

Los sobornos fueron para obtener, según los fiscales, “ventajas indebidas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de productos y materiales de construcción, y para acceder al sistema de divisas del Gobierno controlado por la Cadivi, para asegurarse pagos en dólares de Estados Unidos con base a facturas y documentos falsos y fraudulentos relacionados con bienes que nunca se importaron a Venezuela”.

La Cadivi se encargaba de entregar dólares u otras divisas a empresas y ciudadanos que necesitaban importar productos o viajar al exterior. Esa cotización estaba muy por debajo del mercado paralelo, que supuestamente estaba prohibido. Con el tiempo, los dólares del mercado negro valían cientos de veces más que los que adjudicaba la Cadivi.

El inicio en Ecuador

Los fiscales mencionaron en la acusación un contrato para construcción de casas en 2011. Se trata de un negocio que arrancó en noviembre de ese año. En ese entonces los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron varios acuerdos en una ceremonia, y uno de ellos era para viviendas populares. En el video de la ceremonia se lo ve a Álex Saab rubricando con solemnidad un acuerdo en representación de la colombiana Fondo Global de Construcciones. Era parte de La Gran Misión Vivienda impulsada por Chávez, que para entonces ya sufría de un agresivo cáncer que lo llevaría a la tumba en marzo de 2013.

Según la información del caso que se investigó por lavado de activos en Ecuador y que se publicó en este Diario en abril de 2015, fue seis meses después, en marzo de 2012, cuando el Gobierno venezolano firmó con las compañías Elm Import y Thermo Group C. A. el contrato para las casas por más de $ 654 millones. Ambas ya existían hace algunos años, y en el caso de Thermo Group se dedicaba a “actividades relacionadas a productos de belleza” y en octubre de 2010 añadió en su registro “otras relacionadas a materiales para la construcción y productos para casas prefabricadas”.

El Ministerio de Vivienda certificó que en Venezuela no había materiales suficientes ni adecuados para los prefabricados, por lo que las dos empresas debían importarlos. Lo hicieron a través de Fondo Global de Construcción (Foglocons S. A.), creado en septiembre de 2012 en Guayaquil. Sus accionistas eran el colombiano Pulido y el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, supuesto hermano de Jaime Francisco Sánchez, asesor del entonces presidente Rafael Correa y quien trabajó en el Gobierno hasta el 2015, en la Secretaría de Comunicación. Sin embargo, en el proceso, la defensa de Fogoclons aseguró que se trataría de un homónimo.

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Se habían creado también empresas con nombres parecidos en Venezuela y Perú, así como Fondo Global Petrolero y Grupo FDGC Latinoamericana, en España.

CÚA, Venezuela. Vista panorámica de 2015, del terreno de 36 hectáreas, ubicado en la carretera de Cúa a Ocumare, donde Thermo Group debía construir casas multifamiliares para el programa Gran Misión Vivienda.

Para marzo de 2013, Fogoclons Ecuador, que tenía bodegas en Durán y una oficina en el Centro Comercial Galerías, había facturado casi $ 160 millones por exportaciones de construcciones prefabricadas, según el Banco Central de Ecuador (BCE). El dinero llegó desde la venezolana ELM Import, su único cliente. Mientras que, de acuerdo con las aduanas ecuatorianas, el valor de lo vendido a Venezuela era de apenas $ 3 millones. Por ello, la Fiscalía consideraba que había transacciones no justificadas que habían utilizado el sistema de compensación Sucre.

El Sucre era un sistema de compensación de importaciones y exportaciones entre países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que estaba integrada por Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua. A través de los bancos centrales se compensaban las operaciones de comercio.

En el Reporte de Operaciones Injustificadas que consta en el proceso ecuatoriano contra Foglocons se menciona que esta empresa transfirió $ 21 millones a la empresa peruana con el mismo nombre; mientras que a la panameña CFIS S. A. envió $ 23 millones y a T Y CM Advisor Ltd., domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, $ 575.000. Otro dinero se gastó en proveedores locales.

Cuando se publicó el reportaje de 2015, en colaboración con Connectas, Armando.Info y El Nuevo Herald de Miami, las casas multifamiliares no se habían construido. Solo una maquinaria aparecía parqueada en el terreno y los vecinos tampoco se habían enterado de que ahí se proyectaba uno de los programas de la Gran Misión Vivienda. Chávez ya había muerto y Nicolás Maduro era el nuevo presidente de Venezuela.

Los jueces ecuatorianos desestimaron la acusación fiscal de lavado de activos. En 2016 se dictó el sobreseimiento definitivo para los directivos de Foglocons: Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez. Para entonces existía un fondo por $ 53 millones en el Banco Central por operaciones que algunos bancos le habían rechazado a Foglocons por falta de sustento. Con el sobreseimiento definitivo, el dinero salió del BCE, se lo repartió entre varias personas e instituciones, según reveló una investigación del portal Periodismo de Investigación, en julio de 2019.

El dinero que se cuenta en EE. UU.

En la acusación contra Saab y Pulido en Miami, se detalla que, entre marzo de 2012 y diciembre de 2014, ambos y sus cómplices habrían movido $ 350 millones desde bancos venezolanos hacia Estados Unidos y luego a otras cuentas en el exterior controladas por ellos.

Captura de la acusación fiscal contra Álex Saab, en el proceso que se sigue en Miami.

No está claro qué es lo que se incluye en esos $ 350 millones. De acuerdo con el portal Armando.Info, Saab y Pulido firmaron contratos para la construcción de obras deportivas y para la importación de alimentos para el programa CLAP, y tenían inversiones petroleras, entre otros negocios. Cuatro periodistas de ese portal fueron enjuiciados por Saab en 2017 por difamación por los reportajes sobre los CLAP y por haber mencionado su cercanía con Nicolás Maduro. Ahora viven en Bogotá. La semana pasada, la fiscalía venezolana hizo pública una investigación contra uno de ellos, Roberto Deniz, por incitación al odio y allanó el domicilio de sus padres en Caracas.

Los fiscales estadounidenses del caso contra Saab y Pulido añaden a los $ 350 millones varias transacciones bancarias desde Panamá hasta Florida, que van de octubre 2014 a mayo de 2015, y que suman $ 420.000. Adicionalmente han solicitado la confiscación de bienes y propiedades equivalentes a los $ 350 millones, así como otros $ 12,6 millones de dinero decomisado entre agosto de 2018 y febrero de 2019. En total $ 362,6 millones.

De acuerdo con el periodista Gerardo Reyes, autor del libro Álex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, los fiscales estadounidenses calculan que la fortuna del colombiano supera los mil millones de dólares.

La pena máxima por los delitos por el caso en Miami asciende a 40 años de prisión para cada uno de los acusados. En la audiencia del lunes primero de noviembre en Miami se comenzarán a conocer más detalles de este sonado caso que enfrenta a Maduro con los Estados Unidos. (I)