El gobierno argentino disolvió este martes una comisión encargada de investigar la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei poco antes de causar pérdidas millonarias.
La comisión había sido creada en febrero por iniciativa del propio Poder Ejecutivo cuando estalló el escándalo luego de que Milei promocionara en sus redes sociales el lanzamiento de $LIBRA.
La moneda virtual que se había valuado en 0,01 dólares cotizó a unos 5 dólares luego del mensaje del presidente, y se derrumbó tras ventas generalizadas horas después.
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La sospecha es que algunos inversores pudieron haber contado con información privilegiada para liquidar sus tenencias en $LIBRA antes del desplome de la moneda virtual.
Según el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno eliminó la comisión investigadora “por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada”.
Esa tarea comprendió recabar informes de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central y otras agencias y dependencias oficiales para ser remitida al Ministerio Público Fiscal.
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La disuelta comisión estuvo presidida por la jefa de asesores del ministerio de Justicia y funcionó bajo la órbita del Poder Ejecutivo, algo que causó polémica por estar involucrado en el caso el propio presidente.
“Yo no tengo nada que ocultar (...) yo no lo promocioné, lo difundí”, había declarado a la prensa Milei al deslindar responsabilidades. Luego agregó que “no estaba al tanto de los detalles del proyecto” de la criptomoneda.
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El caso provocó una denuncia judicial y también es investigado por la justicia de Estados Unidos.
En el marco de la denuncia judicial, la jueza María Servini ordenó la semana pasada al Banco Central que proporcione información sobre las operaciones realizadas por el presidente y por su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
También solicitó informes sobre operaciones bancarias y bursátiles de empresarios vinculados a la criptomoneda.
El Congreso por su lado conformó una comisión investigadora parlamentaria y citó a dar explicaciones por el caso al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien respondió las preguntas de los legisladores el pasado 29 de abril.
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En su interpelación, Francos negó que el caso se encuadre en una estafa y pidió aguardar el avance de la investigación judicial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva también fueron citados por el Congreso, pero se excusaron de concurrir mediante un escrito. (I)
