El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado 48 muertos, informó este domingo el diario oficial.

Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios (este), y de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sureste del país.

El estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país, otorga “el control del orden interno” a la policía y las fuerzas armadas.

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La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló el diario oficial.

Cientos de manifestantes se concentraron en los accesos a Lima para asistir este sábado a una marcha que prometen "serán los más grandes" y "con toda la sangre", según los organizadores de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Foto: -- CRIS BOURONCLE

El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20H00 hasta las 04H00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.

En dicha región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y policías.

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Cruentos enfrentamientos el pasado 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas, dejaron un saldo de 19 personas muertas, incluido un policía, mientras que los bloqueos de vías en la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.

Marcha sobre Lima

En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la ciudad.

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Al caer la noche la policía, dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos cuando avanzaban hacia la sede del Congreso peruano y las cercanías del palacio de Gobierno. Los manifestantes enfrentaron a los cuerpos de seguridad lanzando fuegos pirotécnicos, y se protegieron de cascos y escudos caseros.

Personas marchan durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte pidiendo su renuncia y el cierre del Congreso en Lima el 4 de febrero de 2023. Foto: -- ERNESTO BENAVIDES

“Hoy salimos todas las sangres”, dijo el llamado del Bloque Universitario a otra jornada de manifestaciones, cargadas de reivindicaciones indígenas y reproches de discriminación de la gente de las zonas del país más ricas en gas, minería y tierras agrícolas que, sin embargo, viven en la pobreza con lo mínimo en derechos sociales, sobre todo en educación y salud.

“Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, la que tiene que renunciar es la señora usurpadora y el Congreso que arreglan todo para no tener que mejorarnos nada. Solo nos roban y le dan nuestras riquezas a las empresas que no son peruanas”, dijo Romina Cuno, una mujer campesina de 37 años de Puno, a la AFP.

Nutridos grupos de los distritos más pobres del norte de Lima arribaron corriendo y cantando “sí se puede”, mientras enarbolaban pabellones peruanos y la wiphala, la colorida bandera cuadrangular representativa de las etnias de Los Andes, constataron reporteros de la AFP.

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Otra movilización simultánea se dio en las calles del centro limeño, con unas 50 personas que se identificaron como la “Legión Patriótica”, y que afirmaron defender a la Policía peruana “por su accionar con los subversivos terroristas”.

Foto: AFP

La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.

Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre en protestas.

Boluarte reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. (I)