Más de 10 millones de personas están detenidas alrededor del mundo, según recientes informes. La mayoría de reos se enfrentan a condiciones de insalubridad, violencia y hacinamiento, que hace imposible el distanciamiento durante la pandemia de COVID-19. No obstante, en algunos países la situación es completamente distinta y los privados de libertad forman parte de programas de rehabilitación social que han demostrado ser exitosos por las bajas tasas de reincidencia criminal.

Mientras en América Latina los enfrentamientos entre bandas dentro de las cárceles se vuelven cada vez más frecuentes, como el último de Ecuador en el que perdieron la vida más de 110 reos, del otro lado del mundo los modelos penitenciarios de países como Noruega, Suecia o Finlandia son vistos con admiración.

En las cárceles suecas no hay sobrepoblación, los reclusos cumplen sentencias que raramente exceden los 10 años, y la tasa de reincidencia está entre las más bajas del mundo. Entre un 25 % y 40 % de los reclusos vuelve a prisión entre el primer y tercer año de haber cumplido su condena, refiere en un artículo Carina Solmirano, politóloga argentina y experta en seguridad.

Solmirano comenta en su publicación que “el sistema penitenciario sueco está pensado para evitar la encarcelación cada vez que sea posible” y que implementan medidas alternativas como la libertad condicional, el monitoreo electrónico, las sentencias condicionadas con servicios comunitarios, y libertad condicional con servicio comunitario, entre otras.

Publicidad

Marco Heredia Romero, capitán del ejército ecuatoriano en servicio pasivo y consultor internacional en seguridad, dice que sistemas como el de Suecia hay también en Canadá, en varios de los países nórdicos y en Países Bajos, donde hay “muy buenos sistemas de prisión que se encargan de la rehabilitación” con cárceles que ya no tienen muros, que se ha comprobado que generan efectos psicológicos negativos y depresivos, pero destaca que todos, en caso de querer replicarse, deben ser adaptados a las realidades de cada país, considerando factores como el clima y la idiosincrasia.

“En países como Ecuador, con más de 38.000 presos, hay esfuerzos aislados, sin un modelo de gestión constante y la solución a lo que ocurre no es declarar estado de emergencia, meter policías, porque siguen habiendo los mismos problemas”, dice Heredia.

“Las cárceles están inmersas en la propia lógica del país, son sitios venidos a menos con pobres condiciones, porque las propias condiciones económicas del país son complicadas... las instituciones no tienen por qué ser muy distintas a sus países”, indica Diego Pérez, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en seguridad.

Pérez refiere que sistemas como los nórdicos y otros europeos no tienen una variable importantísima y predominante como es el narcotráfico, que viene jugando un rol cada vez más importante en los últimos tiempos y que cambia todo y dice que en países como Ecuador “cualquier intento de reforma penitenciaria es un tiro en el aire, si no se reforma el sistema judicial”.

Coincide Heredia en que en los países europeos, que podrían dar asesoría a la región, “existen políticas de Estado claras y leyes, incluso orgánicas, que regulan el tema de la gestión penitenciaria” y comenta que en el caso de Ecuador y muchos otros países “solo existen reglamentos de rehabilitación social”.

Fotografía del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Suecia muestra una de las celdas de uno de sus centros de reclusión. Foto: twitter.com/Kriminalvarden

Sin embargo, el experto subraya que hay normas internacionales fijadas por las Naciones Unidas que establecen ciertos estándares que no se cumplen en la mayoría de casos.

Publicidad

“Existen normas internacionales, fijadas por las Naciones Unidas, que tienen que ver con prisiones y reclusiones, recomiendan que máximo los establecimientos carcelarios tienen que ser de 500 personas, indican también que las celdas de presos de alta peligrosidad tienen que ser ocupadas por máximo una persona y si hay hacinamiento hasta por dos personas”, comenta.

Heredia agrega que, según los estándares internacionales que se aplican en el primer mundo, hay presos de baja, mediana y alta peligrosidad y que para la seguridad y estadía de uno de baja peligrosidad se debe invertir $ 600, en los de mediana $ 2.000 y en los de alta hasta $ 5.000.

Ante los altos costos que representan la rehabilitación y la seguridad para los reos, países de primer mundo han optado por privatizar o concesionar a empresas de seguridad algunas cárceles de baja peligrosidad, dice Jorge Villacreses, experto en criminalística.

“En EE. UU. algunas cárceles son privadas y dependiendo del grado psicológico de los sentenciados hay esa alternativa y costean estos centros de reclusión. En otros países los planes de rehabilitación son exitosos porque a los privados de libertad los clasifican, según un censo, para saber si se pueden rehabilitar y los que sí se someten a un programa parecido a un régimen militar, hacen tareas según sus habilidades y con el apoyo de la empresa privada trabajan en ebanistería, manufactura, metalmecánica, reciben una remuneración que va para sus familias”, menciona.

Según Villacreses, estos modelos exitosos de régimen privado o estatales se pueden emular en países como Ecuador y otros y pone el ejemplo de El Salvador, que mantiene planes estrictos para los reos, en su mayoría de pandillas como la Mara Salvatrucha, que se enfrentaban dentro de las prisiones y que están dando resultados.

Pérez difiere y dice que “el caso salvadoreño tiene condiciones similares a las nuestras, pero ha sido uno de los países más señalados por romper derechos humanos” y que “un balance muy difícil de lograr es el mantenimiento del orden dentro de las cárceles y la garantía de derechos humanos”.

El gobierno de Nayib Bukele mostró a la prensa en abril de 2020 varias cárceles del país para que se conozcan las condiciones en que viven los reos. Foto: ARCHIVO

Aunque subraya que las masacres o enfrentamientos dentro de las prisiones “han tenido que pasar para generar cambios y establecer mecanismos severos”, que fijen castigos adecuados en el caso de que se rompan las reglas.

Sobre la privatización, el catedrático se opone también ya que sostiene que “los mecanismos de privatización de cárceles han demostrado que lo que hacen es incrementar el número de prisioneros”.

“En los casos mixtos, cuando el Estado paga una parte, hay casos documentados de jueces vinculados a las empresas de administración de cárceles que se encargan de meter a la gente presa porque eso implica una ganancia para la empresa y en los casos que son completamente privadas, queda abierta la duda sobre la responsabilidad del Estado y cuál es la capacidad de asegurar la rehabilitación y se abre un espacio de debate sobre cómo se garantiza igualdad de condiciones”, manifiesta.

En tanto, los tres expertos coinciden en que emular sistemas de rehabilitación exitosos toma mucho tiempo y que en Ecuador se necesitan cambios que van desde la infraestructura de los centros penitenciarios, la implementación de tecnología de punta, censos con apoyo de psicólogos y psiquiatras y un verdadero entrenamiento a guías penitenciarios. (I)