El Parlamento de Portugal aprobó hoy por unanimidad una ley que endurece las penas a titulares de cargos políticos y altos cargos públicos que oculten aumentos sustanciales de patrimonio, que pueden llegar a los cinco años de prisión.

La nueva ley, que parte de las propuestas de ocho partidos y una diputada no inscrita, criminaliza el llamado “enriquecimiento ilícito” de los cargos políticos y públicos, que estarán obligados a declarar cualquier aumento de patrimonio que supere 50 veces el salario mínimo, es decir, que supere los 33.250 euros.

También tendrán que declarar las promesas de ventaja patrimonial -cuando se pacte recibir esa cantidad en el futuro- realizadas durante su mandato o en los tres años siguientes o si se ha producido una reducción de su deuda superior a ese montante.

La ley se aplica tanto a las variaciones de patrimonio ocurridas en territorio nacional como en el extranjero y la declaración debe especificar el origen de esos cambios.

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Los cargos que no cumplan con esta norma podrán ser condenados con una pena de prisión de entre uno y cinco años.

Además, todos los aumentos patrimoniales no justificados que se detecten y superen 50 veces el salario mínimo serán tributados a efectos de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) a la tasa especial del 80%.

Desacuerdos sobre la constitucionalidad de la nueva ley

La norma fue aprobada por unanimidad, aunque el mayor partido conservador, el PSD (centroderecha), alertó de que hay algunos apartados de la norma que pueden ser inconstitucionales porque, a su juicio, viola el principio de presunción de inocencia, mientras que los socialistas defienden que el texto respeta la Carta Magna.

El Tribunal Constitucional ya vetó en dos ocasiones (2012 y 2015) leyes anteriores que buscaban criminalizar el enriquecimiento ilícito.

La norma aprobada este viernes culmina una década de intentos para endurecer este delito en Portugal, donde el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, instó en varias ocasiones a avanzar con la aprobación de esta ley.

"Hace diez años que lo defiendo, ya se ha perdido demasiado tiempo", avisó el pasado mes de abril.

La ley llega en medio de la llamada "Operación Marqués" que implica al ex primer ministro José Sócrates, que dirigió el Gobierno socialista entre 2005 y 2011.

Sócrates fue acusado por la Fiscalía de 31 delitos de corrupción, fraude fiscal, blanqueo y falsificación de documentos, tras recibir sobornos de hasta 34 millones de euros que le permitieron enriquecerse, pero el juez de instrucción tiró abajo la mayor parte de esta acusación.

El magistrado Ivo Rosa dictó que Sócrates sólo se deberá sentar en el banquillo por tres delitos de blanqueo de capitales y tres de falsificación de documento, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía. (I)