Ante la sensibilidad, la gravedad, la magnitud y trascendencia de los hechos que rodean el asesinato de Rubén Cherres y otras tres personas, hecho ocurrido en una casa de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena el 31 de marzo pasado, la investigación previa de este caso fue desplazada a la ciudad de Quito. La etapa preprocesal será conocida e impulsada por uno de los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

Esa fue parte de la información que entregó, la mañana de este martes 4 de abril, la fiscal general Diana Salazar en su comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Naciona, instancia a la que fue convocada para que informe las acciones ejecutadas sobre la orden de detención que pesaba en contra el hoy fallecido Chérres, así como para dar pormenores del asesinato de quien sería uno de los principales sospechosos en los casos Encvuentro y León de Troya.

Además de la fiscal general, la Comisión presidida por el legislador de la Revolución Ciudadana (RC) Ferdinan Álvarez, también convocó al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante de la Policía, general Fausto Salinas. Ninguno de los dos asistió. Según Álvarez, el primero se excusa de ir a la Comisión asegurando que lideraba personalmente el estado de excepción en la Zona 8; mientras que el general Salinas habría indicado que tenía establecida una agenda previa de compromisos.

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¿Quién era Rubén Cherres, el empresario que fue encontrado muerto en Punta Blanca?

Los tres funcionarios públicos fueron convocados por pedido expreso de la también correísta Viviana Veloz, quien será una de las interpelantes en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Sobre el asesianto de Cherres, Salazar dijo que se inició ese mismo día de oficio la investigación previa del caso, dentro de la cual ya se habían realizado diligencias como el levantamiento de los cadáveres, exámenes internos y externos de los cuerpos, autopsias, toma de muestras, designación de un agente investigador de la Dinased, levantamiento de indicios para ser periciados (celulares), requerimiento de versiones, requerimiento de explotación de aquellos dispositivos móviles levantados, análisis de registros balísticos, digitalización de la escena, entre otras diligencias.

Al ser consultada por los legisladores sobre si existiría una hipótesis de quién o quiénes están relacionados con los crímenes de Chérres y las otras tres personas o si existiría algún nexo con la denominada mafia albanesa, la fiscal general señaló que los equipos de trabajo están investigando todas las aristas, pero que es muy prematuro hablar al momento de una teoría o de una hipótesis. “Estamos aún en el proceso de investigación”.

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Pese a ello, no se descarta Salazar que el asesinato de Cherres pueda tener relación con otras investigaciones que la Fiscalía viene realizando por temas relativos a narcotráfico o a actos de corrupción.

“Todos los hechos se tienen que analizar bajo un enfoque de delincuencia organizada. Es que esa es la nueva dinámica que la Fiscalía General ha adoptado durante esta administración, dejar de investigar los casos de manera aislada y buscar únicamente a los responsables materiales. Ahora con el enfoque y la investigación encaminada a investigar hechos de crimen organizado, delincuencia organizada, vamos hacia las estructuras, hacia los líderes”, aclaró la titular de la Fiscalía.

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La fiscal Salazar confirmó que aún no se ha entregado el cuerpo de Cherres, el cual se encuentra en la morgue en Guayaquil, pero existiría una abogada, a quien un familiar cercano del fallecido le extendió un poder para hacer esos trámites y se encontraría al momento en esa tarea en Medicina Legal. Dijo que no existe duda de que el cuerpo encontrado corresponde a Rubén Cherres, esto basado en las pruebas iniciales hechas al cadáver.

Respecto a la orden de detención dispuesta para Cherres y que no se concretó, la fiscal general explicó que esta fue emitida el 21 de enero pasado dentro del caso Encuentro y que al día siguiente, es decir, el 22 de enero, se dio la dio a conocer a todas las autoridades policiales que la norma define se les notifique con la orden judicial.

Ante las preguntas de por qué lo ubicaron antes sus asesinos y no la Policía, Salazar señaló que esa es una consulta que debe ser respondida por las autoridades de Policía, pues por norma son estas las que deben cumplir con la ubicación y detención de la persona en cuestión, en este caso, Rubén Cherres.

Aunque la investigación previa del caso Encuentro, en la que se analiza una trama de corrupción ocurridas en empresas públicas, no está en conocimiento directo de la fiscal general, Salazar informó que la orden de detención contra Cherres se definió por solicitud de la fiscal que indaga ese caso.

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Rubén Cherres, señalado en caso de mafia albanesa, fue asesinado en Punta Blanca

Como parte del expediente del caso Encuentro la Fiscalía habría realizado 487 requerimientos de información; 97 señalamientos de versiones, de las cuales se han cumplido solo 23; se han dado seis incautaciones; doce allanamientos; y se han solicitado cerca de 16 autorizaciones judiciales. De estas diligencias, hasta el momento, se habrían obtenido 56 indicios generales respecto a la materialidad y presuntas responsabilidades. “Estamos avanzando y vamos por buen camino”, apuntó la fiscal.

En cambio, en el caso León de Troya, la fiscal Diana Salazar recordó que la solicitud para reabrir esta causa fue hecha el 24 de febrero pasado y hasta el 27 de febrero siguiente se obtuvo la autorización judicial para continuar con la investigación. Insistió en que esta fase de investigación previa está en manos de un fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de la Fiscalía General del Estado y no bajo la dirección de la fiscal general, pues no hay, hasta el momento, investigados con fuero de Corte Nacional.

Una vez se ha retomado el caso, dijo la Fiscalía, ya se habrían realizado 55 impulsos y se han hecho los pedidos para que los nuevos agentes policiales designados para el caso realicen el análisis de 5.531 audios que forman parte de la investigación que está en etapa reservada. (I)