El proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ), podría frenarse. Tres expostulantes que participaban en el concurso plantearon una acción de protección, con medida cautelar, alegando irregularidades en los resultados de la prueba de confianza, por lo que fueron excluidos del proceso.
El recurso legal fue presentado el jueves 25 de julio por Ramiro Ortega, Máximo de Ferrer Ortega y Héctor Mosquera, quienes han ejercido como jueces, en contra de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.
Los accionantes, en su pedido, cuestionan el informe de los resultados del examen de confianza, que fue emitido el 17 de julio por una empresa contratada por el Consejo de la Judicatura. Señalaron que en el apartado denominado “estilo social” no hay una interpretación concreta, lo cual es “susceptible de ambigüedad”.
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Señalan que la empresa “carece de la experiencia y experticia necesarias para desempeñar el servicio de selección de perfiles para jueces al servicio público”. Y que no se ha constatado que haya realizado evaluaciones para perfiles de alto nivel.
Por ello, los expostulantes cuestionan cuál fue el criterio para elegir a la empresa que evaluó los exámenes de confianza.
Ramiro Ortega, Máximo de Ferrer Ortega y Héctor Mosquera, en el documento que presentaron con la acción legal, afirman que cumplen con todos los requisitos del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional, que superaron las distintas etapas del proceso, pero que no contaban con que “existirían apreciaciones subjetivas” en la evaluación de la prueba de confianza, que los separaría del concurso.
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“Considerando que somos jueces por más de ocho años, en los cuales hemos demostrado tener una trayectoria profesional intachable, perfil para administrar justicia y las debidas competencias laborales, seguros de la transparencia del referido concurso superamos las distintas etapas, sin contar que existirían apreciaciones subjetivas que conculcarían nuestros derechos excluyéndonos del proceso, como ocurrió con la prueba de confianza”, indican en el documento.
Describen que aprobaron las etapas del concurso hasta la fase psicológica.
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El 15 de julio rindieron el examen de confianza y una semana después, el 22 de julio, fueron notificados por correo electrónico que resultaron calificados como participantes “no idóneos”.
Reclaman que no se les notificó de un informe, del 22 de julio, elaborado por la Dirección de Talento Humano de la Judicatura sobre la prueba de confianza, por lo cual no pudieron conocer lo resuelto en el mismo.
Luego, en esa misma fecha, el pleno del Consejo aprobó el informe de la fase de examen de confianza, en el que se excluyó a los tres del proceso de selección.
Los tres insisten que el resultado reflejado en el informe “es incorrecto y carente de motivación”. Aseguran que con esta acción el Consejo de la Judicatura transgredió sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la garantías básicas del debido proceso referentes a la defensa, y a su derecho a la integridad psíquica.
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Los tres abogados solicitan una medida cautelar “para suspender temporalmente el avance del concurso” de selección de jueces de la Corte Nacional, hasta que se resuelva la acción de protección o en su defecto, que se suspendan los efectos de los actos impugnados, para que ellos puedan participar en las siguientes etapas del proceso.
Por sorteo, la cusa recayó en la Unidad Judicial Penal de la parroquia Quitumbe, en Quito, que está integrada por el juez Vicente Oña.
El pasado 22 de julio, el Consejo de la Judicatura informó que 70 postulantes superaron el examen de confianza y pasaron a la fase de oposición en el concurso. La entidad indicó que 35 aspirantes quedaron fuera del proceso porque no superaron la etapa del examen de confianza.
El sábado 27 de este mes se tomará la prueba teórica dentro de la fase de oposición. (I)
