Ana Belén Cordero: La crítica que se hizo casa adentro al informe de Verdesoto sobre empresas públicas fue que no estaba aterrizado a casos concretos, eran solo hipótesis

La exlegisladora oficialista Ana Belén Cordero era, hasta hace poco más de un mes, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Tras la declaratoria de muerte cruzada y la posterior decisión del ahora partido Creando Oportunidades (CREO) de no presentar listas en los próximos comicios anticipados, ella estaba dedicada a ejercer su profesión de abogada. El pasado 16 de junio, el mandatario Guillermo Lasso la invitó a ser secretaria de Política Anticorrupción, cargo que aceptó por su cercanía con él y por la experiencia adquirida en fiscalización en el Parlamento

¿Su designación fue un “premio consuelo” porque CREO decidió no lanzar a su bancada a la reelección?

Le cuento que incluso antes de que el partido decida no participar en elecciones yo dije públicamente en los medios y en mis canales digitales que no iba a correr para la Asamblea en esta ocasión, fue una decisión personal... Cuando salimos de la Asamblea, la mayoría de legisladores dijimos que trabajaríamos en territorio, y cada uno manifestó sus aspiraciones, dónde quería o le interesaba trabajar, dónde se sentía capacitado. Lo canalizamos a través de nuestro exjefe de bancada. En este mes yo estuve a la espera y en el tema privado, soy abogada, tenía un par de clientes. El viernes en la tarde el presidente me llamó y me propuso la Secretaría Nacional Anticorrupción. He trabajado con él hace más de diez años en la Fundación Ecuador Libre y en el partido, jamás podría decir que no a la propuesta del presidente, sobre todo porque en estos momentos muchos han decidido saltar del barco. A mí me pareció imprescindible acompañarlo en el barco hasta llegar a buen puerto hasta el final de su gobierno. Además, los roles de esta secretaría no me son ajenos con los dos años de experiencia que adquirí en la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización.

¿En qué enfocará su trabajo en la secretaría?

La ciudadanía tiene una confusión de cuáles son los objetivos, las metas de esta secretaría, que vienen dadas por decreto y por el estatuto de la Presidencia de la República. Muchas personas me han preguntado si yo voy a meter presas a las personas corruptas o si voy a recuperar lo robado. Me encantaría, pero ese es el rol de la justicia. Lo principal aquí es caminar y avanzar en lo que se hizo bien. ¿A qué me refiero? Se implementó una metodología académica a nivel internacional que se llama Mamric (Metodologías de Autodiagnóstico y Mapeo de Riesgos Institucionales de Corrupción), que pretende hacer mapeos de dónde puede haber presuntos riesgos de corrupción. Esto se empezó a hacer en la gestión de Luis Verdesoto y quien quedó encargado lo continuó. Se aplicó un plan piloto en la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acces), está casi terminado el proceso, y se está empezando a implementar en el Ministerio de Educación y en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Como primera meta nos hemos propuesto implementar esta metodología en tres empresas públicas, aún no decidimos cuáles. Como segundo punto, continuar con el curso de integridad pública que ya se ha dado a 2.000 funcionarios, queremos ampliarlo a 3.000 más, estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo para que se emita un acuerdo ministerial no solo para que los funcionarios que ingresen lo tomen, sino para los que ya están dentro. Un tercer punto que creo que es el que a la ciudadanía más le va a interesar es la creación de un canal de denuncias anónimas, hay muchos ciudadanos que conocen de presuntos actos de corrupción que quieren denunciar y que no necesariamente llegarán a nivel de delitos, pero que hay que tomar en cuenta. Este canal está en una fase piloto con el Ministerio del Trabajo y en julio se nos presentará a la secretaría para implementarlo. Finalmente, una meta transversal a todas es comunicar eficientemente el trabajo de la secretaría y sus competencias a la sociedad civil.

¿Y cuál es la utilidad de estos mapeos? ¿Sirven para tomar correctivos? ¿Se toman en cuenta sus conclusiones? Se lo pregunto porque Luis Verdesoto hizo un informe con hipótesis de cómo funcionaba la corrupción en las empresas públicas, lo cual le costó el puesto. No se conoció si el Gobierno hizo correctivos, pero más bien ese documento sirvió de base para el juicio político al presidente en la Asamblea Nacional.

Ese informe no fue elaborado con la metodología Mamric, fue un reporte particular con hipótesis sobre por qué o cómo pudo haber espacios de calor en ciertos sectores de las empresas públicas. Conozco ese informe porque fue insumo en la Comisión de Fiscalización, pero fue un trabajo netamente académico, no quiero decir deficiente, pero sí incompleto. Porque no fue aterrizado a casos concretos, era solo hipótesis. Por ejemplo, decía que existe una concentración en la forma de integración de los directorios de las empresas públicas, pero no decía en CNT hay una concentración porque los miembros son A, B y C y dependen de X persona, y es una consecuencia de corrupción por tales razones. Esa fue la crítica que se hizo casa adentro. Más allá de ese informe, esta metodología ya se está aplicando y hay que darle seguimiento.

¿Pero lo que encontraron en CFN y Acess ya se está corrigiendo?

En el caso concreto de CFN, que entrega créditos en procesos establecidos, estos se han mejorado. En la secretaría hay una unidad que hace seguimiento a las recomendaciones y de existir alertas, que esto va de la mano con el canal de denuncias, se hace un acompañamiento; si las denuncias son de índole delictual, se envían a la Fiscalía; si son administrativas o económicas, van a la Contraloría.

¿Ustedes no van a investigar las denuncias que les lleguen a ese canal?

No tenemos esa competencia, salvo temas puntales que nos delegue la Presidencia, para inmiscuirnos como observadores o veedores de determinados procesos. Este canal es un software, lo están desarrollando los ministerios del Trabajo y de Telecomunicaciones para que sean, primero, anónimas, y segundo, a dónde se derivará. La fiscalización es un rol de la Asamblea, en el 2022 la secretaría recibió denuncias que se canalizaron a los ministerios del ramo o se respondió directamente al ciudadano.

Me parece que el perfil de la secretaría es muy esotérico. Por eso es que hay críticas...

En todo el mundo hay organismos anticorrupción dedicados a la educación y a la prevención. Usted me puede decir en qué me soluciona prevenir o educar a la población si es que el ciudadano de a pie tiene la percepción de que no se recupera lo robado, que no se pone tras las rejas a la delincuencia transnacional, a la de cuello blanco, a la organizada... Para ese tipo de actuaciones existen los organismos competentes: la Fiscalía, la Contraloría, los jueces. Pero no hay ninguno que trabaje en prevención y educación. Entonces ya estamos trabajando con Unicef para eso, y de la mano del Ministerio de Educación avanzar en la reforma curricular que están haciendo para incluir una asignatura que se refiera a temas de valores... Quizás suene esotérico, pero desde el Estado tiene que haber esa instancia que trabaje en eso.

La Comisión Anticorrupción dice que con su nombramiento el Gobierno sigue con la burda política anticorrupción “barrer bajo la alfombra”, ¿qué responde a esa crítica?

Es una expresión ciudadana que yo respeto. El presidente ha reiterado su lucha contra la corrupción y ha pensado en mí como exvicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, donde combatí varios casos de corrupción: llevamos adelante catorce juicios políticos, tres procesos de fiscalización que fueron llevados ya a Contraloría y a la Fiscalía, algunos tienen procesos penales abiertos, glosas confirmadas...

¿Y de verdad este Gobierno ha luchado contra la corrupción? El presidente se ha jactado de que no ha habido ningún caso de corrupción en su mandato, pero sí hubo al menos denuncias e investigaciones. Como el caso Danubio en el que hasta estuvo involucrado un exasesor presidencial, o el del ministro Xavier Vera que está preso, o el mismo de las empresas públicas.

Creo que el combate a la corrupción no se ve empañado por estas denuncias, esos tres casos que usted me mencionó son eso, denuncias. El primero ya la Fiscalía lo cerró, la persona que fue a ofrecer comprar un puesto a la exdirectora de Aduanas ya está presa; en el segundo, el ministro Vera está con prisión preventiva, no meto al fuego por nadie, la Fiscalía debe hacer su trabajo y si halla indicios de que hubo corrupción se apoyará frontalmente; y en el tercero, la indagación previa ni siquiera termina, la denuncia fue puesta por la exlegisladora Mireya Pazmiño justo dos días antes de la disolución de la Asamblea. Así que no se ha logrado evidenciar corrupción más allá del ruido y del bullicio que pueden hacer algunas empresas de contenidos digitales. No es como las delaciones de José Conceição Santos en el caso Odebrecht confirmado que se han entregado sobornos a un exvicepresidente. (I)