Para fines de septiembre o inicios de octubre del 2024 se iniciaría el proceso de interpelación a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, impulsado por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC). Esto, una vez que ella misma ha manifestado su deseo de que su juicio político se reactive.
En mayo pasado, Salazar había pedido a la Asamblea Nacional que el juicio se suspenda temporalmente porque cursaba un embarazo de alto riesgo.
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Como no había normativa expresa para atender estas situaciones, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE) respecto a si era posible suspender un juicio político contra funcionarias con embarazos delicados o funcionarios con enfermedades catastróficas. La PGE dijo que sí, y entonces el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo hizo.
Sin embargo, el pasado lunes 19 de agosto, en un video divulgado en sus redes sociales, la autoridad dijo que el peligro para su bebé había pasado y que estaba lista para enfrentar a sus detractores, que la acusan de incumplimiento de funciones por el supuesto tratamiento sesgado de casos judiciales de connotación nacional y gestiones internas de la entidad.
“Como siempre lo dije: estuve, estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre; esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, añadió.
El juicio político a la fiscal se iniciará una vez que concluya el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien es acusada -también por el correísmo- de incumplimiento de funciones por la incursión de la Policía en la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente y líder del correísmo Jorge Glas y por su gestión en temas de seguridad.
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Este proceso, a su vez, se sustanciará cuando los legisladores regresen de su receso, el próximo 2 de septiembre, y se extendería hasta fines de ese mes o inicios de octubre. Luego será el turno de la fiscal.
1. La tormenta perfecta: el correísmo a la cabeza de la Asamblea y de la Comisión de la Fiscalización
Justo para la época en que arrancaría el juicio político contra Diana Salazar se cierra el plazo de inscripciones de candidaturas para las elecciones generales del 2025 y quienes se postulen para una dignidad diferente a la que ostenten en ese momento deberán renunciar.
Es el caso de Henry Kronfle, quien ha anunciado que correrá para la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC), es decir, debe dejar su curul como legislador y, por ende, la presidencia de la Asamblea Nacional.
En su lugar se quedará la primera vicepresidenta, la correísta Viviana Veloz, atendiendo a la sucesión en ese cargo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Lo que todavía es objeto de análisis es quién la reemplazaría a ella en la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Kronfle ha dicho que podría llegarse a un acuerdo para que sea un legislador del PSC, pero otras bancadas señalan que quien subiría al cargo debería ser el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde, quien es parte de ADN, y más bien debería llenarse ese puesto.
Como sea, la conducción de la Asamblea durante el trámite del juicio político a la fiscal general quedará en manos de Veloz.
Y si a esto se le suma que la interpelante Gissela Garzón y la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, son correístas, algunos legisladores y analistas opinan que el juicio político se convertirá en un ‘show político’ para menoscabar la imagen de la funcionaria.
En una entrevista con Ecuavisa, el pasado viernes 23 de agosto, Salazar dijo que está consciente de que podrían exponerla, por ejemplo, a un careo con el exlegislador Ronny Aleaga o el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, procesados en el caso Metástasis, pero que ella no se prestará para eso. “Tenemos preparada una estrategia que iremos develando de a poco”, comentó.
2. ¿Hay votos para censurarla y destituirla?
En la misma entrevista, la fiscal Salazar aclaró que ella resolvió pedir la reactivación del juicio político no porque tenga la seguridad de que el correísmo no cuenta con los 70 votos necesarios para censurarla y destituirla, sino por “transparencia”.
Si su médico ya le autorizó retomar sus actividades laborales -en largas jornadas de pericias, reuniones y audiencias- con normalidad mal podría ella esquivar la interpelación, agregó.
Sin embargo, la funcionaria sí cree que no existen razones ni políticas ni jurídicas para ser sancionada ya que muchas de las acusaciones que se le hacen se ventilaron en la justicia y se obtuvieron sentencias favorables.
Meses atrás, algunas bancadas legislativas que dijeron abanderar la lucha contra la impunidad y la corrupción, como el PSC y Construye, aseguraron que no darían sus votos para sancionar a Salazar.
Y con la proximidad de la campaña proselitista para las elecciones del 2025 a los legisladores que aspiran a reelegirse no les convendría votar en su contra, ya que la funcionaria tiene un importante respaldo de la ciudadanía por el trabajo investigativo que viene realizando, según se desprende de encuestas recientes que le dan alrededor del 50 % de confianza a su gestión.
Pero no hay que olvidar que esos asambleístas podrían ausentarse en los días en que se sustancia el juicio político para atender temas relacionados con sus candidaturas y dejar en su lugar a sus suplentes que podrían no respetar el pronunciamiento inicial de sus bancadas.
3. ¿Y si la destituyen?
Si los correístas consiguen 70 votos, Diana Salazar sería censurada y destituida. Su puesto lo ocuparía el fiscal subrogante, Wilson Toainga, para lo que resta del periodo para el cual fue elegida, que debería culminar en abril del próximo año.
Su salida, según han coincidido varios juristas, sería un golpe para la justicia ecuatoriana, porque podría perderse el impulso que le ha dado a la investigación de casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Y en el plano político ella perdería sus derechos políticos por los próximos dos años, quedando inhabilitada para ejercer cargos públicos u optar por una candidatura.
De todos modos, Salazar ha dicho que está dispuesta a encarar este proceso y que será la gente la que juzgue la actuación de los legisladores. (I)
