Anuncio de un veto al proyecto que deroga la reforma tributaria debilita discurso de opositores al Gobierno en la Asamblea Nacional

El posible veto total a la derogatoria del Decreto-Ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia debilita el discurso de los asambleístas del correísmo, socialcristianismo y Pachakutik de que la derogatoria permitirá, en el 2023, bajar impuestos en el país.

Este proyecto, aprobado con 100 votos de las bancadas UNES, PSC, Pachakutik y algunos de la Izquierda Democrática, pasará a conocimiento del Ejecutivo quien tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sea a favor o en contra, vetando parcial o totalmente. Pero el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, anunció un veto al proyecto aprobado en la sesión plenaria del pasado martes 29 de noviembre.

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La aprobación de este instrumento legal, en la sesión 818 del Parlamento, significó agresiones verbales y por poco puños entre los asambleístas Blasco Luna (UNES) y Salvador Quishpe (Pachakutik), cuando éste último discutía sobre quién tuvo la culpa de la aprobación de esta ley hace un año. La asambleísta, Sofía Sánchez, también de la bancada de Pachakutik, recordó a la sala que en noviembre de 2021 el bloque de la revolución ciudadana conjuntamente con el Gobierno se abstuvieron para que la Asamblea no niegue ni archive el proyecto que hoy proponen derogar.

Al segundo día de aprobado el proyecto, el legislador Alejandro Jaramillo (ID), aclaró que lo aprobado por la Asamblea fue motivado por los correístas en un intento de “lavarse la cara” luego de que en, noviembre de 2021, permitieron que esta ley tributaria entre en vigencia al abstenerse en una moción planteada desde Pachakutik, para archivar el proyecto, a cambio de un “pacto político” que significaba la libertad del ex vicepresidente, Jorge Glas, que coincidencialmente se produjo un día antes de la decisión legislativa.

El representante de Pichincha de la lista 12 ratificó que con la reforma tributaria fue un pacto entre el correísmo y el Gobierno, el 26 de noviembre de 2021, cuando la bancada de UNES con sus 47 abstenciones permitió que pase por el ministerio de la ley “este mamotreto de ley económico urgente” que está aplastando a los funcionarios públicos, a la clase popular y artesanos.

El país puede darse cuenta quién salió de la cárcel hace tres días (Jorge Glas), y sin pagar los $7.7 millones establecidos mediante sentencia penal como reparación económica al Estado por actos de corrupción.

“Esto no es coincidencia, y la bancada de UNES, ahora presenta una derogatoria que sabe que así vete o no el Ejecutivo, no se puede cambiar esa realidad, pues el Código Civil señala con claridad que los efectos de una ley no son retroactivos y menos aún en temas tributarios; con ello, seguirán las deducciones tributarias”, resaltó Jaramillo.

Viviana Veloz, de la bancada UNES, proponente de la derogatoria de ley tributaria, en el pleno señaló el país será quien juzgue a los asambleístas que están del lado de la gente y quienes dan la espalda. Que este será el mejor regalo de Navidad que la Asamblea dará a las familias de todo el Ecuador.

Que esta ley que afecta a los sectores medios, a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores ya los que menos tienen, es inconstitucional. Que hace un año la bancada UNES, a la que se perteneces, votó por la moción socialcristiana de negar el proyecto, y que la ley entró en vigencia por la complicidad del Gobierno con la administración de Guadalupe Llori (Pachakutik).

En cambio, la representante del Gobierno en el Parlamento, Nathalie Arias, justificó el anuncio de un veto total al proyecto derogatorio, primero por ser inconstitucional y segundo, porque su vigencia afectaría el flujo de recursos para cubrir los gastos que significará la condonación de deudas a los pequeños productores como se acordó en las mesas de diálogo con los sectores sociales e indígenas.

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Arias explicó que la ley de Desarrollo Económico tenía ese nombre por varias consideraciones, que solo una parte de esa normativa era tributaria, el resto tenía reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que son aquellas en las que se anclaban los consensos alcanzados en las mesas de diálogo con la Conaie y el resto de sectores sociales e indígenas, pero en una decisión demagógica, la Asamblea pretende derogar una ley que forma parte de las fuentes con los que se va a financiar los incrementos de las remuneraciones de los docentes e incluso las reducción de los planes de celulares.

Recordó que el grueso de la recaudación por efectos de la ley de Desarrollo Económico esta previsto para el 2023, cuyos rubros financiará los gastos permanentes con los tributos, pero que con lo resuelto por la Asamblea se pone en riesgo el financiamiento de la incorporación de nuevos guías penitenciarios, educadores y la condonación de deuda pública acordadas en las mesas de diálogo con las organizaciones sociales e indígenas.

Mireya Pazmiño, separada del bloque Pachakutik, advirtió que si hay un veto total al proyecto se tendrá que esperar un año para volver a tramitar en la Asamblea y enviar a su publicación inmediata en el Registro Oficial, y de esa forma derogar los impuestos.

El anuncio de un veto total a la derogatoria, añadió la representante de la provincia de Bolívar, es una afrenta desde el Gobierno, porque es una ley que no ha dado resultados para el Ejecutivo, pues sus arcas fiscales no reflejan el gasto en el presupuesto general del Estado.

Es el Gobierno nacional quien debería ver otra alternativa para el financiamiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogos con los indígenas, refutó Pazmiño, quien reiteró “tendrá que ver otra alternativa el Ejecutivo, nosotros en la Asamblea Nacional vamos a dejar establecido que con estos nuevos tributos lo único que se hace es el pago de deuda y no la condonación que dice habrá para los sectores populares”.

El socialcristiano, Jorge Abedrabbo, comentó que si hace un año se cometió un error, hoy es el momento de enmendarlo, y que era de esperarse el anuncio del Gobierno de vetar el proyecto aprobado con cien votos. Aclaró que ese error no lo cometió el PSC, sino una mayoría de la Asamblea que actuó en noviembre de 2021.

Cuestionó que hasta el momento el Parlamento no conozca el destino de los recursos que genera la ley tributaria, pues no hay obra pública, no hay medicina en los hospitales y un buen estado de las carreteras. Si hubiera obra, pagaríamos con mucha tranquilidad esos impuestos, afirmó. (I)