La Asamblea Nacional tiene preparado una decena de juicios políticos a siete ministros de Estado, en su afán de fiscalizar al gobierno de Guillermo Lasso, en las áreas de salud, seguridad, energía, telecomunicaciones, finanzas, vialidad y agricultura.

A eso se agrega el constante llamado a comparecencias a nivel de las comisiones especializadas permanentes de funcionarios de todo nivel en la búsqueda de respuestas a los problemas de corrupción, delincuencia, inseguridad, falta de presupuesto para salud y vialidad.

Los cuestionamientos a los secretarios de Estado radican en supuestos actos de corrupción, irrespeto a los derechos humanos en las movilizaciones, negativa a entregar información, femicidio y falta de ejecución de obras.

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Este acorralamiento al Gobierno tiene una razón para el legislador oficialista Jorge Pinto, pues siendo autocrítico dice que se debe exigir al Ejecutivo que las cosas se hagan, pero lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional son medidas de desestabilización y algunos asambleístas usan las amenazas de juicio como medidas de presión para ver “si algo pueden conseguir”.

Del lado del correísmo, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik, responde a una línea de desestabilización, asegura el legislador de CREO, incluso revela que en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se intenta empujar un juicio político en contra del ministro de Interior, Juan Zapata, por el tema de inseguridad, cuando el funcionario recientemente cumplió un mes de funciones.

Estas amenazas y anuncios permanentes de juicios políticos a los ministros de Estado, añade Pinto, es una clara demostración de inmadurez política, porque lo que pretenden hacer es golpear al Gobierno para de esa forma apuntalar a sus candidatos que participarán en las elecciones de 2023, y ganar votos a costa del desgaste.

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Pedidos y anuncios de juicios

La lista de los juicios políticos que están planteados y otros anunciados son los siguientes:

  • Ximena Garzón, exministra de Salud, está acusada por el legislador Ricardo Vanegas, del movimiento Pachakutik, de supuestas irregularidades en la compra de medicinas caducadas con la participación del Ministerio de Salud. Este juicio está calificado por el CAL, pero se espera que la Comisión de Fiscalización concluya el trámite del juicio a los vocales del CPCCS.
  • Patricio Carrillo, exministro del Interior, este proceso de interpelación tiene cuatro solicitudes que provienen de las bancadas UNES, ID y Pachakutik, está acusado de supuestos abusos y afectaciones a los derechos humanos en el paro de junio pasado, detención irregular del dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, inseguridad y crisis en las cárceles del país y responsabilidades en el femicidio de María Belén Bernal. Los cuatro expedientes están calificados, pero deberá esperar que se evacúe la interpelación a la exministra de Salud.
  • Xavier Vera, exministro de Energía y Recursos Naturales, la petición aún está en curso, lo han anunciado un grupo de legisladores liderados por Fernando Villavicencio, Ricardo Vanegas. Aunque también las comisiones de Participación Ciudadana y Control Social y de Biodiversidad anticiparon que presentarían un proceso de juicio político. Las acusaciones estarían enfocadas en supuestos actos de corrupción al usar un carné de discapacidad para beneficiarse en descuentos en pagos de servicios básicos, intentos de sobornos de periodistas, supuesto conflicto de intereses en el caso Coca Codo Sinclair y entrega de contratos petroleros, entre otros.
  • Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones, este proceso fue anunciado por el legislador Salvador Quishpe, del bloque Pachakutik, por negarse a informar ante la Comisión Laboral sobre la falta de un reglamento para regular el uso del espectro radioeléctrico por parte de las empresas telefónicas privadas.
  • Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, este juicio político está en análisis en los bloques Pachakutik, Partido Social Cristiano y los legisladores de la Amazonía por falta de atención vial en el Oriente y la ausencia de mantenimiento vial en el país.
  • Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, la decisión de solicitar un juicio político lo resolvió la Comisión de Biodiversidad por no acudir a presentar información respecto a los $ 314 millones que se adeuda a la Amazonía por concepto de extracción petrolera y que son recursos que alimentan a los Fondos de Desarrollo Sostenible y Común, con lo cual se estaría perjudicando a municipios, gobierno provinciales y juntas parroquiales.
  • Pedro Álava, ministro de Agricultura, este proceso de juicio está listo, resta unas cuantas firmas para oficializarse. Lo presentará el legislador Ricardo Vanegas, del movimiento Pachakutik, por supuesta responsabilidad en la expropiación de 13.000 hectáreas en la hacienda Ayalán, ubicada en la parroquia El Morro, provincia de Guayas.

Posiciones políticas

Los procesos más próximos de interpelación están dirigidos a dos exministros: Ximena Garzón, que ocupó la cartera de Salud y que está siendo juzgada política y a nivel de la Fiscalía por supuesto delito de peculado en la compra de medicinas caducadas.

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Fiscalía abre indagación por supuesto peculado en compra de medicinas caducadas en contra de exministra de Salud, Ximena Garzón

Pero hay un proceso donde todos los partidos, excepto el sector del Gobierno, es el dirigido al exministro de Interior, Patricio Carrillo, sobre él existe cuatro procesos presentados y que están calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el último lo presentó el sector correísta, por las actuaciones del exfuncionario frente al asesinato de María Belén Bernal, que se registró el 11 de septiembre pasado en la Escuela Superior de Policía.

Pachakutik oficializa pedido de juicio político al exministro del Interior Patricio Carrillo por cuatro causales

Ferdinan Álvarez (UNES), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, dice que se prepara un informe respecto a responsabilidades administrativas que terminaría en un juicio político al exministro de Energía, Xavier Vera, por claros indicios de corrupción al tratar de sobornar a periodistas, audios que dan cuenta una supuesta venta de puestos en Petroecuador y beneficiarse por el uso de un carné de discapacidad.

En este caso, añade Álvarez, las responsabilidades irán más allá del exministro Vera, porque el país vive un estado de corrupción y podría alcanzar a otros funcionarios y gente cercana al poder.

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Esta comisión también prepara un informe respecto al tema vial en la Amazonía, que mantiene descomunicada a la provincia de Sucumbíos cuando Petroecuador comprometió $ 25 millones para la reactivación de una vía en el sector de Piedra Fina. No se descarta el inicio de un juicio político al ministro Darío Herrera, el plazo sobre este informe vence el próximo 11 de noviembre.

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Salvador Quishpe, coordinador de Pachakutik, asegura que en los próximos días formalizará el pedido de juicio a la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, por negarse dos veces a entregar información sobre su gestión ante la Comisión del Derechos de los Trabajadores sobre su actuación frente a las operadoras telefónicas privadas que usan el espectro radioléctrico.

Quishpe aclara que no se trata de hacer show o “pescar votos” en medio de un proceso de fiscalización, cuando el incumplimiento de la ministra Maino es evidente, porque la funcionaria incumplió el artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que obliga al Arcotel a dictar un reglamento para poder cobrar un valor a todas las telefónicas públicas y privadas por el uso del espectro radioeléctrico, donde la ministra es presidenta del directorio de Arcotel. El Estado estaría dejando de percibir desde el 2020 unos $ 175 millones.

El legislador nacional por Pachakutik señala que es preocupante que haya varios juicios políticos poniendo entre dicho la estabilidad de los ministros, pero “es culpa de los mismos ministros y del propio presidente de la República que no orienta que hagan las cosas bien, defendiendo los intereses nacionales, y tampoco nosotros podemos quedarnos haciéndonos de la vista gorda frente a hechos concretos”, subraya Quishpe.

Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, considera que esta avalancha de juicios políticos que se anuncian desde la Asamblea responde a la falta de acción del Gobierno en temas que preocupan como la inseguridad, delincuencia, corrupción, entre otras cosas.

Pero también agrega que es falta de idoneidad en el equipo de Gobierno, pues debe rodearse de gente que tenga capacidad para el diálogo y sobre todo cumpla con el perfil para estar frente a una cartera de Estado, porque también es corrupción aceptar cargos públicos sin tener el conocimiento, capacidad y transparencia. Hoy lamentablemente el Gobierno está salpicado de muchos hechos como el que se conoce en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. (I)