El texto que fue aprobado en la comisión ocasional sobre las reformas penales y de extinción de dominio, resultado de la consulta popular y referéndum 2024, será sometido a criterios de dosimetría penal antes de su aprobación en la Asamblea Nacional.
Las diversas fuerzas políticas consideran necesario que el incremento de penas incluido en el proyecto del Ejecutivo deben observar el criterio de dosimetría penal, que es la aplicación del principio de proporcionalidad de las penas.
La comisión ocasional multipartidista encargada de dar tratamiento a los proyectos de ley derivados de la consulta popular y el referéndum 2024 entregó el informe para segundo y definitivo debate, en el cual se mantiene el texto original remitido por el Ejecutivo respecto al incremento de penas para los delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico ilícito de armas, tenencia y porte no autorizado de armas, entre otros.
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En lo que sí existen cambios es en lo referente a la extinción de dominio, donde cuatro de los cinco legisladores determinaron que no se puede simplificar la extinción de dominio como lo planteó el Ejecutivo, porque se vulneraría el derecho al debido proceso y presunción de inocencia, se requerirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa.
La delegada de la bancada Revolución Ciudadana ante la comisión ocasional, Patricia Mendoza, que se abstuvo en la moción de aprobación del informe para segundo debate, anunció que si no hay modificaciones en el incremento de penas con base en la dosimetría penal, lo más probable es que el bloque de legisladores al que pertenece opte por la abstención.
Mendoza explicó que el informe que se conoció en la comisión sí contenía el incremento de penas en todos los delitos graves y hubo un trabajo técnico bastante responsable donde se acogieron las observaciones y aportes de los invitados al debate, especialmente de la delegada de la Corte Constitucional, pero sorprendentemente la legisladora Lucía Posso mocionó que se apruebe el informe pero con el incremento de penas sugerido por el Ejecutivo y contenidos en los proyectos remitidos a la Asamblea.
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Mendoza manifestó que el incremento de penas planteado por el Ejecutivo es desproporcionado y sin técnicas de dosimetría penal, que van contra toda norma racional como lo advirtieron todos los invitados a la comisión ocasional, porque en algunos delitos se plantean aumento de penas de hasta un 300 %.
Mendoza advirtió del riesgo que significa la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal sin criterios de dosimetría porque cualquier ciudadano puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, por los aumentos desproporcionados en las penas.
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Los legisladores del movimiento Construye Jorge Peñafiel y Camilo Salinas revelaron que se está trabajando en la posibilidad de darle una dosimetría correcta y prudente con un manejo más técnico antes que político.
La comisión ha aprobado los textos que aprobó el pueblo en la consulta popular y “no necesariamente los designios individuales y deseos injustos, personales del presidente de la República”, anotó Peñafiel.
Salinas insistió en que el bloque Construye no está de acuerdo en que se pretenda incrementar las penas sin tener una dosimetría penal, tomando en cuenta la misma sentencia de la Corte Constitucional donde advierte que no se puede cambiar o modificar todo lo aprobado en la consulta popular, pero observando criterios de proporcionalidad, con ello se podría evitar una inconstitucionalidad.
El legislador representante de Los Ríos señaló que ya en el pleno se conjugarán los criterios de dosimetría para aprobar el incremento de penas, pero no en la medida que plantea el Ejecutivo. Lo que sí se dejará claro es que la Asamblea Nacional no está en contra del pronunciamiento popular en la consulta, sino en lo desproporcionado de la propuesta del Ejecutivo.
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El socialcristiano Carlos Vera Mora, presidente de la mesa ocasional que tramitó las leyes derivadas de la consulta, anunció que defenderá el informe aprobado con cuatro votos; es decir, mantener el máximo de las penas para los delitos graves coincidente a la propuesta de ley del presidente de la República, Daniel Noboa, que a su vez guarda relación con el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta popular.
Indicó que el propio delegado de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República ante la comisión ocasional habló de la dosimetría penal; sin embargo, en la sesión plenaria de este martes, Vera Mora dijo que mantendrá su posición argumentando que las reformas son producto del voto popular, la procedibilidad y la necesidad frente a lo que ocurre en el país; y será el pleno de la Asamblea el que decida.
Sostuvo que en su planteamiento observará los criterios de proporcionalidad que significa respetar los tiempos y números, de respetar quién tiene interés superior y a quién tiene que garantizarse el derecho a la defensa y al debido proceso y demás normas constitucionales. El juez definirá, en su sentencia, si fija el máximo de la pena porque la normativa establecerá un margen. (I)
