Frente de seguridad y la canciller defienden reforma constitucional sobre implementación de bases militares extranjeras en Ecuador

El frente de defensa del Gobierno y la canciller Gabriela Sommerfeld defendieron la propuesta de reforma parcial a la Constitucional propuesta por el presidente, Daniel Noboa, para el establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro país.Hasta la comisión ocasional para tratar la reforma parcial de la Constitución llegaron el secretario jurídico de la Presidencia; la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el ministro de Gobierno, José de la Gasca; y el Ministerio del Interior envió a su delegado. También hubo una sesión reservada.Todos coincidieron en señalar que la propuesta de reforma parcial de la Constitución hecha por el primer mandatario no implica ceder soberanía, que el convenio se podrá establecer las limitaciones y autoridades, y sobre el reconocimiento de la justicia ordinaria para resolver conflictos. Stalin Andino, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, realizó una explicación en cuanto al procedimiento aplicado alrededor de la propuesta y el contenido de las reformas que permitirán la implementación de las bases militares extranjeras en Ecuador.Precisó que aprobada la reforma y puesta en vigencia, las bases militares extranjeras no serán ubicadas de manera inmediata, porque para instalar una base militar extranjera en el país se tiene que hacer una serie de seguimientos, elaboración y revisión de los tratados internacionales.Además dijo que la Corte Constitucional en su dictamen aclara que no se deja abierto temas de afectación a la soberanía y derechos constitucionales sean afectados, porque primero antes de establecerse una base militar se hará un control constitucional y control político por parte de la Asamblea Nacional en el caso de que se proponga desde el Ejecutivo un acuerdo o tratado para una base militar. Andino explicó que no se reforma el artículo 416 de la Constitución numeral 4, que se refiere a las relaciones de Ecuador con la comunidad internacional, donde condena la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en territorios de otros. Por eso, aclaró que el Gobierno lo que plantea en la reforma es una cooperación de bases militares, pero consensuada; es decir, que si no existe este consenso entre el Estado ecuatoriano y el que proponga establecer una base militar, simplemente no se va a instalar la base militar.El secretario Jurídico indicó también que se debe tomar en cuenta que el hecho de que se apruebe en la Asamblea Nacional no significa que el texto irá directa al referéndum para consulta de la ciudadanía, sino que el texto aprobado por la legislatura nuevamente pasará a revisión de la Corte Constitucional. La canciller Gabriela Sommerfeld, ante la mesa ocasional , explicó que la iniciativa de reforma parcial de la Constitución busca fortalecer las capacidades estatales en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, considerando que dichos flagelos han generado una crisis de seguridad sin precedentes, con características transnacionales.En el contexto actual del Ecuador, constituye un elemento clave para nuestro país el contar con la cooperación internacional necesaria, sobre la base de la corresponsabilidad, para combatir la delincuencia organizada transnacional. Indicó además que la cooperación internacional, incluida la cooperación militar, como una herramienta que contribuye y complementa los objetivos de desarrollo del país, se rige con base en las necesidades y más altos intereses del Ecuador, garantizando que el Estado conserva sus facultades y prerrogativas soberanas. Recordó que la presencia militar estadounidense en Manta estaba regida por el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos”, firmado en noviembre de 1999. En dicho acuerdo, el Ecuador no concedió a los Estados Unidos una base militar, sino que tan solo le brindó, acorde con sus intereses y obligaciones internacionales de cooperar en la lucha contra el narcotráfico, facilidades para permitir al personal de los Estados Unidos el acceso y uso de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, para el único y exclusivo propósito de llevar adelante operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos, delineadas en el acuerdo.Sommerfeld también aclaró a los legisladores que la posición oficial del Ministerio de Defensa colombiano no existen bases militares extranjeras en ese país. Lo que existe son bases militares colombianas en donde, por voluntad del Ggobierno colombiano, se ha invitado al personal militar de los Estados Unidos a participar en operaciones conjuntas, a través de acuerdos de cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas de ambos países orientados a la realización de actividades mayoritariamente en temas de seguridad y combate al narcotráfico. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a firmó que la reforma parcial a la Constitución busca recuperar la seguridad de la ciudadanía y que en estos momentos el Ecuador necesita toda la ayuda posible.Dijo que confía que la Asamblea Nacional que darán paso a esta reforma, pues los soldados y policía se juegan día a día la vida en las calles y es importante cualquier cooperación y que toda ayuda es bienvenida cuando se trata de combatir el crimen organizado.Loffredo indicó que existen muchas carencias en la fuerza pública, porque sistemáticamente se debilitó a las Fuerzas Armadas en el pasado, tanto lo numérico del personal, capacidades y siempre bajo el pretexto que Ecuador ya no iba a tener un conflicto entre naciones.Precisó que cuando se habla de cooperación internacional a tener un punto de operaciones en el país, sea un país que esté de acuerdo con los ideales del gobernante, tanto en respeto a los derechos humanos y una sociedad de derecho. El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate , indicó que el Ecuador sin ser productor el Ecuador es el segundo país que más incautó droga en el 2023, con 221 toneladas, y aseguró que la incautación tiene repercusión directa en los homicidios intencionales. Con lo incautado el año anterior, que fue el año más violento, se registró 8.073 homicidios intencionales, por ello, dijo que es esencial la cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico que no es local, sino también regional y mundial.El funcionario explicó que la implementación de una bases militar extranjera en el país permitirá obtener dotación, tecnología y capacitación para la Policía Nacional. Estamos de acuerdo con toda ayuda que pueda venir del exterior para fortalecer el trabajo de la Policía. Durante la comparencia, Zárate respondió una pregunta de la legisladora Sofía Sánchez (PSC), respecto al número de cultivos de coca en el Ecuador , y afirmó que no hay cultivos de coca en el Ecuador como se afirmó meses atrás sobre la existencia de 2.000 hectáreas de sembríos. Que se trataba de un satélite abierto y que esa información la estaban verificando las Fuerzas Armadas a través de las coordenadas y “ellos verificaron que no había las 2.000 hectáreas como se manifestó, sino que encontraron siete hectáreas por un lado y esa información es de Fuerzas Armadas”. (I)

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