Las revelaciones de los chats colgados en la plataforma de la Fiscalía y que son parte del expediente del caso Liga2, por el que son investigados exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), marcarán el debate en la Asamblea Nacional, donde al menos dos bancadas esperan incluir el tema en las sesiones plenarias.
En tanto, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana (RC) está a la espera de una reunión para definir las líneas del discurso frente a este tema que salpica a algunos líderes de esa organización.
En el caso Liga2 se investiga por supuesta asociación ilícita a Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, cercanos al correísmo, así como a Nicole Bonifaz.
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Valentina Centeno, coordinadora del bloque Acción Democrática Nacional (ADN), asegura que los chats evidencian la red de corrupción, de tráfico de influencias y de asociación ilícita que existe entre los ‘cabecillas’ de la Revolución Ciudadana, y que se confirma que el CPCCS y la Asamblea Nacional planificaron actos de corrupción.
Se evidencia, añadió, cómo desde la Asamblea se exige que, para ayudar a que se atrase la posesión del nuevo superintendente de Bancos, se den cuatro cargos estratégicos dentro de esa institución: el director de Trámites Legales, el director de Tecnología, el director de Estudios y Gestión de Información y la Subdirección de Riesgos de Lavado de Activos. “Ese es el contacto de la Asamblea Nacional en toda esta red y que se debe descubrir”, indica.
Centeno afirma que se trata de un complot de los líderes de la Revolución Ciudadana, que ordenan al CPCCS qué hacer, y que los involucrados en estos chats son “nada más ni nada menos que Rafael Correa, Andrés Arauz, Viviana Veloz y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, una red de corrupción que pretende tomarse todos los poderes del Estado, que es su plan inicial”.
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Para la legisladora de ADN, los chats muestran que la RC pretende tener control sobre ciertos nombres en el Consejo de la Judicatura, es decir, “meterle la mano a la justicia”. Y, sobre todo, buscan tener control en la Superintendencia de Bancos, que es la institución que regula el sistema financiero y que combate el lavado de activos de el narcotráfico.
Todo estaba perfectamente planificado en la RC, sostiene Centeno, pues en los chats se menciona que no se puede esperar más tiempo para posesionar a Raúl González en la Superintendencia, pero luego se comprometían a ayudar a cambio de cuatro cargos importantes. “¿Qué más evidencia de tráfico de influencias y de corrupción que esto?”, preguntó.
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Desde la Asamblea Nacional, señaló la legisladora Centeno, solicitarán que se investigue este caso y otros que desencadenan una serie de delitos a raíz de los chats, como fraude procesal, arrogación de funciones por parte del CPCCS y tráfico de influencias.
La legisladora de ADN pidió a las bancadas del Partido Social Cristiano, Construye e independientes que apoyen en esta solicitud de que se debata y que se investigue y se sancionen también desde la Asamblea los actos de corrupción si existieran. Aunque dijo que no tienen mayor esperanza de que el pedido de cambio del orden del día para debatir sobre los chats sea admitido a trámite por parte de la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, porque en las últimas semanas toda solicitud de ADN es bloqueada, pues la “Asamblea sigue siendo un cuartel de campaña de la Revolución Ciudadana”.
Según el coordinador de la bancada Construye, Jorge Peñafiel, lo primero que evidencian los chats es que los consejeros del CPCCS, desde el principio hasta el día de hoy, actuaban por los intereses políticos de la Revolución Ciudadana para administrar, manejar, controlar, manipular los concursos de tal manera que ellos logren tener autoridades que sean afines a su tienda política.
Ahora, dependerá de la investigación fiscal el determinar qué involucramiento pueden tener una u otra persona vinculada al caso, pues no se puede hablar de la comisión de un delito por el simple hecho de que estén en los chats; no obstante, sí dan indicios para que la Fiscalía pueda investigar y determinar responsabilidades penales, añadió.
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A nivel político, añadió Peñafiel, el retrasar o el adelantar los nombramientos y posesión de las autoridades desde la Asamblea Nacional era parte de la agenda política: “Era parte del interés de la Revolución Ciudadana para efectivamente manipular los procesos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, los nombramientos de las autoridades, así como también el evitar que otras autoridades puedan tomar el lugar en los cargos”.
Lo que nos dicen los chats atribuidos a Augusto Verduga, señaló, es que se retrasaban o se apuraban los nombramientos, los concursos, las carpetas de acuerdo a la temperatura política, a los intereses partidistas de la Revolución Ciudadana; y la responsabilidad penal sobre alguna actuación de estas le corresponde determinar a la Fiscalía General del Estado.
Desde la Asamblea Nacional, precisó, debe activarse una tarea de fiscalización permanente y el pleno legislativo debería tomar una posición en este asunto. Para ello, Construye evalúa la posibilidad de presentar un cambio del orden del día en la próxima sesión para poder llevar a cabo una fiscalización profunda sobre estos temas, para identificar el nivel de manipulación y de control que tenía la RC en torno al nombramiento del superintendente de Bancos, y por qué se demoró la posesión de Roberto Romero von Buchwald.
El asambleísta Leonardo Berrezueta afirma que la bancada legislativa Revolución Ciudadana (RC) aún no se ha reunido para conocer este tema. “No hemos tenido todavía la reunión semanal de bancada. Yo espero que el día de hoy, máximo mañana, tengamos una sesión y manejemos este tema para ver qué pasos se van dar en la Asamblea, pero no hemos tomado todavía una definición”, aclaró.
A título personal y como jurista, Berrezueta manifestó que no ve ninguna real vinculación o elementos de convicción en un tema penal sobre asociación ilícita para poder demorar un concurso.
Dijo que lo único que se revela en estos chats es que los consejeros, primero, tenían la aplicación Telegram; segundo, tenían una conversación permanente; y tercero, coordinaban las acciones internas del Consejo de Participación sobre las reuniones, las revisiones, sobre las resoluciones que iban a tomar, y eso no constituye un delito. “Para mí, se cae, sin ningún sustento, la acusación de la Fiscalía”, sentenció.
Respecto a la participación del dirigente Andrés Arauz, el legislador Berrezueta señaló que al parecer tenían una coordinación interna dentro de sus funciones como consejeros, y eso es normal. “Y si de allí hay otro tipo de vinculaciones, ya tendrá que verlo la investigación”.
“Hasta donde he podido determinar, no veo ninguna situación de carácter penal que pueda evidenciarse de los chats del señor Verduga”, insistió el asambleísta.
“Lamentablemente, la Asamblea Nacional puede tener una posición de exhorto. Pero en este caso, como son gente que tiene una visión política progresista distinta a la del Gobierno, entonces, vamos con todo”. Por lo tanto, dijo que es demasiado evidente la persecución y el sesgo que le pone la administración de justicia a ese tipo de temas.
Recordó que es evidente que esto salta en un momento electoral y que cualquier cosa, cualquier resbalón, cualquier error que se cometa de un lado o del otro va a ser utilizado por el adversario.
La asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, demandó de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta, oportuna e imparcial sobre el contenido de los chats revelados en la audiencia de formulación de cargos a los exconsejeros del CPCCS, y a la actual consejera Nicole Bonifaz, pues dijo que es preocupante lo sucedido, y lo mínimo que puede esperar la ciudadanía es una investigación objetiva.
Se espera que se siga con las investigaciones, pero respetando los principios como el debido proceso y la imparcialidad. “Mientras no tengamos una decisión final no podríamos avizorar que eso ha ocurrido. De todas formas, está en un proceso de investigación y lo que más queremos es que se llegue a una seria investigación; y, si hay que sancionar, hay que hacerlo”, subrayó.
Yumbay comentó que el papel de la Fiscalía es investigar qué hay detrás de lo señalado en los chats, si realmente hay esos chats y seudónimos, si hay personas que han estado encarrilando la designación de autoridades. “Por nuestra parte, vamos a ser respetuosos de la tarea que tiene la Fiscalía y que se haga una investigación pronta”, comentó. (I)
