La nueva Asamblea Nacional, presidida por Guadalupe Llori (Pachakutik), en los primeros siete meses de labores no se alejó de los escándalos y denuncias en contra de legisladores que fueron acusados de cobro de diezmos a los colaboradores de sus despachos.

Adicional a ello se procesaron tres quejas que fueron juzgadas administrativamente a nivel del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La primera, en contra del asambleísta Fernando Villavicencio, denuncia que fue presentada por el legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik), por proferir acusaciones de una supuesta participación en actos de corrupción relacionados con el caso Las Torres, una presunta trama de delincuencia organizada cuyo fin era desaparecer glosas interpuestas por la Contraloría. Eso, según Vanegas, constituía acusaciones ociosas, irrespetuosas y sobre todo infundadas, que atentaban contra su buen nombre y reputación.

Fernando Villavicencio recusó a Guadalupe Llori y otros dos legisladores del CAL en el trámite de la queja en su contra

Villavicencio se declaró en rebeldía frente a esta decisión de abrir un proceso disciplinario en su contra, pues sostuvo que no asistirá ni se someterá a quienes cobran sobornos y gestionan cargos públicos. Presentó una recusación en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, la segunda vicepresidenta en ese entonces, Bella Jiménez, y el vocal del CAL Darwin Pereira, por enemistad manifiesta.

El legislador Villavicencio rememoró que la enemistad de parte de los tres legisladores era por haber alertado de la compra que se preveía en la Asamblea de vehículos para sus autoridades principales. Llori tildó a Villavicencio de “amargado” y lo amenazó con denunciarlo por violencia política, pero el hecho no se concretó.

El segundo caso de indisciplina fue en contra de la representante de Pachakutik en Napo, Rosa Cerda Cerda, por haber pronunciado un discurso en su provincia que hacía referencia a que “si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”.

Rosa Cerda por su apología ‘roben bien’ es suspendida como asambleísta por ocho días y sin sueldo

La denuncia la presentó el legislador Eitel Zambrano (BAN) en julio de 2021, y el CAL procedió a suspenderla por ocho días y sin remuneración, por hacer una apología al robo, lo cual a criterio del acusador afectó a la imagen de la Asamblea Nacional.

El tercer caso fue en contra del legislador oficialista Diego Ordóñez, quien fue sancionado por el CAL, por quince días y sin remuneración, por agresión de palabra y evidente misoginia en contra de la asambleísta de UNES Mónica Palacios. La falta cometida fue determinada como grave.

Palacios denunció a Ordóñez por un tuit, publicado el 4 de noviembre, en el que señaló: “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, con una cita al tuit del portal 4 Pelagatos que decía: “Mónica Palacios era la última esperanza de los que quieren destituir al presidente. Dijo que tenía la prueba y se dedicó a insultar a (Guillermo) Lasso. La Super. de Bancos de Panamá la desmiente, ahora esa comisión no sabe qué poner en el informe”.

Todo esto en alusión a los documentos que presentó Palacios dentro de la investigación que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los denominados Pandora Papers, donde se nombraba al primer mandatario, Guillermo Lasso, que al final el pleno de la legislatura terminó realizando un exhorto para que acuda al pleno a explicar el caso. La suspensión de Ordóñez empezará a regir a partir del 3 de enero de 2022.

Casos de diezmos

Uno de los casos que más golpearon al Parlamento ecuatoriano en los primeros siete meses fue la denuncia y posterior destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez Torres, acusada por su propia bancada, la Izquierda Democrática, por gestionar cargos públicos y supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores de despacho.

La legislatura el 12 de octubre de 2021, con 131 votos, la destituyó por gestionar cargos públicos a cambio de dinero. El hecho que llevó a la salida de Jiménez fue un depósito de $ 3.000 que realizó Pablo Luna Fuentes al hijo de la exlegisladora, Jorge Simón Peláez Jiménez, para supuestamente ingresar a la Asamblea como parte del equipo de la exvicepresidenta.

Bella Jiménez fue destituida de la Asamblea por gestionar cargos públicos a cambio de dinero

Jiménez se defendió señalando que se trató de un préstamo que Luna hizo a su hijo por el grado de amistad y casi de familia, por lo tanto, negó que se haya tratado de un pago, aunque en el proceso reconoció que su deseo era que Pablo Luna fuera parte de su equipo de trabajo en el legislativo, pero que él mismo desistió de la oferta y nunca se firmó el contrato.

El segundo caso de un supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores también surgió de las filas de la Izquierda Democrática. Esta vez en contra del representante de Pichincha, Éckenner Recalde, y aunque en esta ocasión el pleno de la Asamblea no obtuvo los 91 votos para destituirlo, el costo político de la ID fue la desafiliación del legislador, quien pasó a formar parte de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), quien bloqueó su salida de la legislatura.

La denuncia contra Recalde la presentó la asambleísta Johanna Moreira (ID), quien tildó a su colega de “diezmero”, pues la denuncia se sustentó en el testimonio de dos excolaboradores del acusado que sostuvieron que les habrían cobrado dineros para abrir una central de campaña en el sur de Quito para la Izquierda Democrática, para pagar gastos relacionados con boletos de hornados solidarios, pagar a dirigentes que habían apoyado con actividades en territorios y cubrir gastos de campaña.

La abstención de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) evitó la destitución de Recalde, quien desde el 30 de noviembre pasado vota junto con el bloque correísta pese a que la curul sigue ubicada dentro del sector de la Izquierda Democrática.

Correísmo, PK y varios independientes se abstuvieron de votar por la destitución del asambleísta Éckenner Recalde, acusado de cobrar diezmos

Amenazas y persecución

El presidente del Comité de Ética, Segundo Chimbo (Pachakutik), defendió el procedimiento que aplicó este organismo de juzgamiento en los dos casos denunciados de violar códigos de ética, pero advirtió que ese organismo muchas veces se siente atado de manos para actuar ante denuncias públicas en contra de los asambleístas, porque la ley no permite abrir una investigación de oficio.

Si no existe denuncia, el Comité de Ética no puede iniciar procesos de juzgamiento, de ahí que es necesario que los mismos legisladores conozcan las funciones y las prohibiciones que tienen al ejercer el cargo; por ese motivo, este organismo de juzgamiento de la conducta de los asambleístas realizó un taller a fin de sensibilizar y dar a conocer las normas y procedimientos respecto a las faltas graves que riñen con la ética y que podrían llevar a una sanción o destitución. Este modelo de concienciación continuará en el 2022, con el propósito de erradicar prácticas de corrupción a nivel del Legislativo.

Durante las dos investigaciones por supuesto cobro de diezmos, asegura el legislador Segundo Chimbo, recibió varias amenazas de muerte, llamadas telefónicas, persecución y presiones; se presentaron pasquines e incluso personas a amenazarlo, pero dice que a él le puede costar la vida, que su propósito es dejar un antecedente en la Asamblea Nacional.

Indica que su trabajo es transparentar la gestión pública, pero que en el caso de la ex segunda vicepresidenta Bella Jiménez, fueron donde más se presentaron las amenazas y presiones, aunque dice que igualmente en la investigación en contra de Recalde recibió llamadas amenazantes, pero que su actuación fue siempre transparente y en todo momento garantizó el debido proceso y los acusados tuvieron el tiempo para presentar sus pruebas de descargo. (I)