Cuatro ‘oportunidades’ para incidir en el Consejo de Participación Ciudadana y solo una tuvo efecto

Cuatro iniciativas se encaminaron para eliminarlo de la estructura del Estado o quitarle atribuciones y de ellas solo una se ejecutó. Tras quince años de su existencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se mantiene y conserva su polémica atribución de designar a las más altas autoridades del Estado.

En estos años, este organismo ha juntado críticas por cómo ha llevado adelante los concursos públicos para la selección de más de 70 autoridades de control de 19 instituciones, en contextos de presiones de las fuerzas políticas y los gobiernos de turno.

Hace un mes, el 3 de abril de 2024, un inesperado suceso puso nuevamente en discusión su desenvolvimiento. Se conformó una mayoría de cuatro con Mishelle Calvache, Juan Guarderas, Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto, con cuyos votos removieron a Nicole Bonifaz de la presidencia del Consejo, volcándola a la minoría con Augusto Verduga y Yadira Saltos.

Ascendió Andrés Fantoni a la presidencia y Mishelle Calvache, a la vicepresidencia, quienes hasta hace pocas semanas eran la dupla, la minoría.

Estos cambios se dieron en un escenario en el que se hacen dos procesos: para elegir a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que está pendiente desde noviembre del 2021 y un titular de la Defensoría Pública, desde el 2018.

Esta nueva mayoría tiene la idea de, a esta renovación parcial, unir el proceso para seleccionar a los tres vocales electorales restantes. Es decir, reemplazar a los cinco consejeros que componen el pleno del CNE, ya que en noviembre del 2024 se cumplen los seis años en funciones que dictamina la Constitución, mientras se encamina la organización de las elecciones presidenciales del 2025.

Así también está en curso la elección de un defensor público, que ha tardado casi dos años en concretarse que, por acciones de protección y denuncias de irregularidades, ha hecho que Ángel Torres Machuca, quien preside bajo la figura de encargo, se mantenga en funciones por más de cinco años, sin que se elija al titular.

Mientras, se acerca la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General para reemplazar a Diana Salazar Méndez y la elección de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

La nueva administración de Fantoni y Calvache ofrece agilitar la producción de los reglamentos, de más de una docena de procesos que están pendientes.

El CPCCS se creó en la Constitución del 2008 y se le dio doce atribuciones, entre ellas, designar a las autoridades de control por dos mecanismos: por ternas enviadas por el presidente de la República y por concursos públicos de méritos, oposición y escrutinio a cargo de comisiones ciudadanas.

Desde el 2009 hasta el 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, se cuestionaba a la institución porque quienes eran sus consejeros mantenían una afinidad y a quienes se elegían como autoridades tenían cercanía con el expresidente o eran exmiembros de su gabinete de ministros.

El fin del mandato de Correa fue un coletazo para el Consejo. Con la llegada de su examigo y excoideario, Lenín Moreno Garcés a Carondelet en el 2017, este tomó distancia del socialismo del siglo XXI y entre sus primeras acciones propuso una consulta popular y referéndum que se votó en el 2018.

Una de las siete preguntas fue enmendar la Constitución para reestructurar el CPCCS, conformar un pleno de siete vocales que ejerzan en un régimen de transición con atribuciones extraordinarias; y, simultáneamente, modificar la forma de elegirlos.

Con la popularidad de Moreno en ese entonces, su iniciativa se aprobó con más del 67 % de votos; y, con ello, se dio por terminado el periodo en funciones de siete exvocales, que lo presidía Raquel González.

Los reemplazó el pleno del CPCCS de transición con Julio César Trujillo (+) en la presidencia, y se dedicaron a evaluaron a las autoridades electas por sus antecesores; las destituyeron por incumplir sus funciones; y, designaron a sus reemplazos.

Se enmendó la Constitución, la ley de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia y se cambió la forma de elegir a los consejeros, incorporando como prohibición, que sus candidaturas provengan de partidos o movimientos políticos.

Antes de estas reformas legales, este cuerpo colegiado se elegía por concursos de méritos que los organizaba el Consejo Nacional Electoral. El referendo del 2018 modificó el mecanismo para que sea el electorado el que los escoja cada cuatro años en los comicios seccionales.

Al estrenarse el nuevo método, resultaron elegidos el excura José Tuárez, procesado y sentenciado por corrupción; Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá, que junto a Tuárez fueron destituidos en un juicio político por intentar revisar las actuaciones del CPCCS de Transición.

También, Christian Cruz, destituido por juicio político por incumplir funciones y además, se lo cuestionó por la obtención de un carné de discapacidad, aparentemente de forma irregular.

María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, que fueron destituidos y censurados en un juicio político, cuando se planificaba la elección del titular de la Contraloría General.

También, fueron destituidos por la Corte Constitucional (CC), junto a Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, por no elegir al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, acatando una orden constitucional de enero del año pasado.

En mayo de 2023, se integraron al Consejo los actuales consejeros y Alembert Vera, quien fue destituido por la CC en octubre, por querer revisar — usando una veeduría ciudadana — la elección de los jueces de la Corte Constitucional, incumpliendo un dictamen.

¿Por qué Lenín Moreno no propuso la eliminación del Consejo, pese al respaldo popular que lo cubría al inicio de su gestión?

Un exfuncionario de esa administración contó que se sí se analizó esa opción, pero se les advirtió que ello requeriría de una asamblea constituyente porque se afectaba la estructura estatal.

Aunque, sobre la iniciativa de consulta popular de Moreno no hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en ese entonces la presidían Alfredo Ruiz (+) en la presidencia y Pamela Martínez, exvicepresidenta y exasesora de Rafael Correa, sentenciada en el caso Sobornos.

El ‘morenismo’ argumentó que la CC no se pronunció dentro de los 20 días de plazo que le da la ley y envió directamente los decretos ejecutivos con las preguntas al CNE para que convoque al sufragio.

En el 2019, los exvocales del Consejo transitorio, como Pablo Dávila y Julio César Trujillo, crearon un Comité por la Institucionalización Democrática que propuso reformar la norma suprema para eliminar al CPCCS y que su competencia para designar a funcionarios las asuma la Asamblea Nacional.

Recogieron más de un millón de firmas ciudadanas y la CC aprobó el proyecto para que se tramite según el artículo 442. Es decir, debía ser tratada por el Parlamento en dos debates y, en marzo del 2021, apenas sumó 63 votos afirmativos de 137 asambleístas. Requería de 91 voluntades.

En ese periodo, en la presidencia de César Litardo en la Legislatura, se discutió una propuesta de enmienda constitucional para quitarle la atribución de elegir autoridades al CPCCS.

El 14 de enero se votaron 15 mociones y ninguna se aprobó.

En la administración de Guillermo Lasso Mendoza, volvió a incluirse en una consulta popular y referendo de ocho preguntas quitarle al Consejo la competencia de designar: el No ganó con más del 57 %.

Su exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cree que el Consejo ha fracasado, pero al formar parte de un «nuevo planteamiento de país, plasmado en la Constitución y a ojos de la población, mantiene su vigencia y su promesa de un futuro mejor».

Pese a los intentos, incluso de la Asamblea Nacional, «no se le quitan sus atribuciones justamente porque forma parte de ese ese andamio constitucional, pues no está deslegitimado».

Es útil -precisa Jiménez- para la construcción del país, pero su eliminación o quitarle sus facultades «es una promesa pendiente que aún cuenta con adeptos».

En la actualidad, Daniel Noboa Azín, jefe de Gobierno, formuló once preguntas de consulta popular y referendo que se votó el 21 de abril y se enmarcó en cambios a la justicia, pero el Consejo de Participación Ciudadana no estuvo en sus planes.

El exasambleísta Héctor Muñoz, en el 2019, impulsó una propuesta de reforma parcial para limitar las atribuciones del organismo y que vuelvan a la Legislatura y tampoco contó con el apoyo político.

Discurre que, en tanto no exista una nueva alternativa, la entidad no tiene otra opción que seguir eligiendo a las autoridades.

«En tanto, nos sigan manteniendo en el circo de eliminar presidentes… no se camina para una de las funciones primordiales del Consejo. Si no existe otra salida, los vocales van a seguir cumpliendo con esta atribución y, en la Asamblea van a seguir los juicios políticos. (…) Nos hemos dado cuenta de que no sirve de nada el Consejo, independientemente quiénes sean sus autoridades o el presidente (de la República) », opinó Muñoz, en una entrevista en radio Armónica días atrás.

Recordó que, en la gestión de Lenín Moreno, «era la oportunidad de oro» para eliminarlo o quitarle esta función, pero «dentro del morenismo se manejaban discursos que no eran muy claros».

En adelante, «la única manera que desaparezca sería con una asamblea constituyente», añadió el político.

La desconfianza también se da en el interior del órgano. Los relevos internos, tras la remoción de Nicole Bonifaz, encontró críticos.

Al respecto, el consejero Augusto Verduga, considerado afín al proyecto político del correísmo, reconoce los intereses sobre el Consejo.

En la red social X, contó que llegó al organismo en las elecciones seccionales del 2023 con una sola promesa: “Devolverle el poder a la gente decente, pero para el circo y el reparto que están armando, no cuenten conmigo”, alertó. (I)