Según Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto habría pedido a una exfuncionaria que le firme un contrato de arriendo para ‘justificar gastos de residencia’, algo que ella niega

Las disputas internas entre los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no cesan y para este jueves está prevista la reinstalación de dos sesiones convocadas por los cuatro vocales de mayoría y los tres de la minoría.

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Este miércoles, 3 de abril, los consejeros Mishelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Andrés Fantoni plantearon la remoción de sus funciones como presidenta del Consejo de Nicole Bonifaz, y la concretaron al sumar a sus filas a Johanna Verdezoto del Salto.

Desde el miércoles, la presidencia la asumió Andrés Fantoni, quien era el vicepresidente; y ahora resta designar a su reemplazo, para lo que la candidata es Mishelle Calvache.

Aunque Bonifaz sostiene que sigue siendo la presidencia porque la sesión ordinaria 14, en la que se la removió, había sido suspendida.

Estos hechos se suscitaron en una atropellada sesión realizada este miércoles, en la que hubo gritos, reclamos y felicidad. «Soy feliz», expresó Juan Esteban Guarderas, una vez que se concretó la remoción de Bonifaz y ascendió Fantoni, de quien resaltó su forma de ser.

Nicole Bonifaz afirma que esta acción de los consejeros se dio para impedir que se conozca una denuncia planteada en contra de la consejera Johanna Verdezoto, quien hasta hace pocas semanas, era parte de la mayoría de la expresidenta, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

La denuncia la había presentado una excolaboradora de Verdezoto ante la Fiscalía General del Estado, acusándola de un presunto delito de concusión.

Según su relato, Johanna Verdezoto, en el 2023, le había pedido que firme un contrato de arriendo en calidad de propietaria de un inmueble ubicado en la avenida Bosmediano, al norte de Quito, ya que la vocal al ser oriunda de Los Ríos accede a gastos por residencia provenientes de recursos del Estado.

«Confié en ella pensando que no pasaría nada y le firmé ese contrato. Luego, ella me pidió que saque un RUC (Registro Único de Contribuyentes) y facturas y me dijo que haga una factura por el valor de $ 4.000 por cinco meses de arriendo. Luego le emití una factura por el valor de $ 800 por otro mes de arriendo», narra esta persona en un escrito que había llegado al despacho de Nicole Bonifaz el último 2 de abril.

«Yo no soy propietaria del bien inmueble en mención y si le firmé este contrato fue porque confié en ella, lo cual realicé por mi necesidad de trabajo e ingresos, yo no sabía para qué me solicitó aquello, sin embargo, en fechas recientes me acabo de enterar que ese documento lo presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana para pedir reembolso de gastos de vivienda. Yo no quiero tener problemas por cosas que yo desconocía y por eso he denunciado esto a Fiscalía», agrega.

La mujer, cuya identidad protegió Bonifaz, le pidió que haga las gestiones para que se preserve toda la documentación que permita determinar posibles responsabilidades en las que haya incurrido Verdezoto, pues teme que desaparezcan o se manipulen los documentos.

Johanna Verdezoto no respondió a Bonifaz sobre la denuncia y dejó el salón de inmediato al suspenderse la reunión del miércoles.

En una breve declaración a EL UNIVERSO, este jueves 4 de abril, Verdezoto dijo que “es falso que exista el cometimiento de un delito o algún acto de corrupción, no es más que un persecución en mi contra para desprestigiarme, y que ayer lo intentó (Bonifaz) desesperadamente introducir en un pleno donde se trataba su remoción como presidenta, transgrediendo nuestros reglamentos y con una conducta bastante bochornosa

“Mi domicilio principal antes de ser electa consejera fue en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos; al trasladarme a Quito a ejercer mis funciones como consejera presenté mi contrato de arriendo y facturas correspondientes a fin de gozar del viático de vivienda así como lo hacen los demás consejeros y funcionarios públicos nacionales. Que de esto se trate de hacer un show mediático no es más que un acto desesperado de la consejera Bonifaz por arraigarse al poder”, agregó la funcionaria.

“Entiendo que la denuncia, de forma misteriosa, se la entregan a la expresidenta Bonifaz, como lo hicieron con la denuncia anterior... Estas son denuncias de este sector político, el correísmo, con sus prácticas de desprestigiar a las autoridades y así imponer sus agendas de impunidad”, acusó ella.

La consejera también fue cuestionada por la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC) que la convocó a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que explique unas fotografías en las que, aparentemente, aparece ella en una reunión con Rodrigo Frías Toral, uno de los nueve participantes en el concurso público para la designación del titular de la Defensoría Pública que lleva a cabo una comisión ciudadana en el CPCCS.

Por estas fotos, dos personas presentaron una denuncia ante el mismo CPCCS —que tiene atribución para investigar casos de posible corrupción— y se determine un posible tráfico de influencias.

En respuesta, y apoyada por los tres consejeros, Verdezoto pidió que se convoque a los denunciantes al pleno, según dijo, para escuchar qué es lo que ellos tienen que decir.

Estos dos ciudadanos no asistieron y aclararon que ella era la denunciada y, por tanto, quien debía dar las explicaciones correspondientes.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación previa al sospecharse de un delito de asociación ilícita en contra de Rodrigo Frías Toral, Byron Guillén Zambrano y Jorge Ballesteros Ballesteros, que son los tres candidatos con más altas puntuaciones en el concurso de selección del defensor público.

El denunciante es el legislador independiente (antes de la Revolución Ciudadana), Ferdinan Álvarez Zambrano y como parte de los procedimientos, la Fiscalía llamó a rendir versión a los miembros de la comisión ciudadana y a los siete vocales del CPCCS en los próximos días.

El paso de Johanna Verdezoto por el CPCCS

Johanna Verdezoto se autodefinió como montubia cuando se candidatizó a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los comicios nacionales que se celebraron en febrero del 2023. Es nacida en la provincia de Los Ríos.

Según su hoja de vida es abogada, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo; asistente en la Defensoría Pública; asesora jurídica de la Asociación de Productores Agropecuarios 7 de Abril.

En las sesiones del pleno, suele leer sus intervenciones y cuando arrancó su periodo en funciones, en mayo del 2023, con la presidencia de Alembert Vera, la consejera era parte de esa bancada de mayoría junto a Nicole Bonifaz, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

Mientras tanto, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, hacían una dupla.

Johanna Verdezoto, junto a Vera, Verduga y Saltos, votaron a favor de un informe de investigación promovido por el colectivo Acción Jurídica Popular, en el que se acusaba a la fiscal de la Nación, Diana Salazar Méndez, de plagiar su tesis universitaria en junio del 2023.

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En ese entonces, la consejera Mishelle Calvache también planteó una denuncia en la Fiscalía en contra de estos cuatro consejeros al sospechar de un posible fraude procesal, porque se habrían hecho cambios al expediente contra Salazar que se entregó a la Corte Constitucional para su análisis.

Esta interpelación a Diana Salazar y la intención del exconsejero, Alembert Vera Rivera, de conformar una veeduría ciudadana que analice cómo se seleccionó a los nueve jueces de la Corte Constitucional, casi los lleva a la destitución por incumplir un dictamen constitucional.

Como resultado de la evaluación al cumplimiento de la sentencia 2-19-IC, que blindó la elección de autoridades que hizo el CPCCS de Transición, de los siete consejeros solo Alembert Vera fue destituido en octubre de 2023. (I)