Elección de un superintendente de Bancos envuelta en acciones judiciales, políticas y salpicado por el caso Metástasis

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tendría que iniciar el procedimiento de designación de la nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos, de una terna que proponga el presidente de la República en funciones, Daniel Noboa Azín.

Este 30 de abril de 2024, se cumple el periodo de cinco años para el que fue escogida Ruth Arregui Solano por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición en el 2019.

La Constitución establece un periodo de cinco años para las autoridades de las superintendencias, aunque Arregui no lo completó, ya que el 22 de febrero del 2022 fue censurada y destituida en un juicio político sustanciado en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.

Antonieta Cabezas Enríquez asumió como superintendenta subrogante desde el 15 de julio del 2022.

La ausencia de un titular se da pese a que el CPCCS designó a dos superintendentes en ese año y ninguno llegó a ejercer. Se trata de Raúl González Carrión y Roberto Romero von Buchwald, quienes fueron nominados por el expresidente Guillermo Lasso.

Su elección se produjo en medio de una pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana y las fuerzas políticas del Legislativo, entre el correísmo, agrupado en lo que era Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO).

Ese conflicto se desató cuando Lasso desistió de apoyar la candidatura de Raúl González, que fue el único de la terna que quedó, pues fueron descalificadas Rosa Guerrero Murgeytio y Doris Padilla, porque incumplieron requisitos legales, según los informes técnicos.

A pocas horas de que el CPCCS elija al único de la terna como superintendente, un audio circuló en las redes sociales en el que se escuchaba al exconsejero presidencial Aparicio Caicedo pedirle a González que renuncie a su postulación.

«Tú me diste tu palabra ayer de algo y no cumpliste (...) Te quise hacer terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna deberías renunciar a ella», le había dicho.

En declaraciones a este Diario, en ese entonces, Caicedo opinó que fue «sano que haya salido ese audio. No hay nada raro ahí. El señor Raúl González perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente tras bastidores, durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos», dijo.

Finalmente, el 19 de julio de 2022, por una moción del exconsejero David Rosero se designó a Raúl González como superintendente. Votaron Juan Dávalos, Francisco Bravo y Sofía Almeida; en abstención, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán; y, el expresidente Hernán Ulloa, en contra.

Una acción de protección planteada por Michelle Guerra de Andrés, se trató en el despacho de una jueza del Guayas, Larissa Ibarra, quien anuló el nombramiento de González y dispuso que la Presidencia de la República envíe otra terna para una nueva elección.

Mientras, en Yaguachi, el juez Jhon Rodríguez Mindiola, ordenaba a la Asamblea Nacional que lo posesione. El 11 de agosto de 2022, en una inusual plenaria virtual, González se posesionó.

Intentó asumir su cargo en la Superintendencia de Bancos en Quito, pero el gobierno de Lasso lo congeló: cercó al edificio con policías para impedirle el ingreso y no le permitió acceder al sistema documental, Quipux, que se usa para emitir las disposiciones oficiales.

En la Corte Provincial del Guayas un tribunal ratificó lo actuado por Ibarra y González recurrió a una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, el 23 de enero de 2023, en contra de las resoluciones judiciales.

La causa fue admitida a trámite, pues los jueces constitucionales resaltaron el caso para sentar precedente en contra de la desnaturalización de las medidas jurisdiccionales, respecto de la elección de autoridades que lleva a cabo el CPCCS.

Filtraciones del caso Metástasis en la designación del superintendente

Un año después de estos acontecimientos, el caso Metástasis revela que uno de los 52 procesados por presunta delincuencia organizada, Xavier J. M., habría sido quien soltó el audio de Aparicio Caicedo, mientras un juez de Portoviejo, Rubén Molina, concedía un habeas corpus al exvicepresidente de la República Jorge Glas Espinel, para que salga de la cárcel de Latacunga.

En Metástasis, la Fiscalía General investiga un delito de delincuencia organizada infiltrado en la Función Judicial, cuyo fin era obtener fallos que beneficien al narcotraficante Leandro Norero Tigua (+) y sus familiares, que se encontraban encarcelados o cumpliendo medidas alternativas por lavado de activos.

En esta estructura están envueltos jueces, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio, guías penitenciarios y altas autoridades del Estado, como el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán Carrillo y el general de la Policía Nacional en servicio pasivo Pablo Ramírez Erazo, exdirector del SNAI.

Tras el asesinato de Norero -en la cárcel de Latacunga en octubre del 2022-, la Fiscalía sustrajo información de sus equipos móviles, en los que encontró chats de mensajería instantánea como con Xavier J. M., quien le cuenta que tiene una grabación «pepa» que compró por $ 50.000. La pericia liberada por la Fiscalía, expone la conversación:

• Xavier M. J.: «(…) No la voy a cambiar, con el audio que yo tengo, explota el país».
• Leandro Norero: «jajaja, con el audio ya se blindan, si ya tienen boletas mañana salen».
• Xavier J. M.: «50 lucas me costaron, más que eso es que es una jugada maestra jg sale hoy» (sic). «Ya están hablando con el man del audio, mañana es el pito a las 8 de la mañana» le había relatado a Norero.

Una madrugada del 3 de diciembre del 2022, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana que presidió Hernán Ulloa, designó a otro superintendente: Roberto Romero von Buchwald de la segunda terna que envió Lasso.

La elección se dio con los votos de Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo; Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos no participaron de esa sesión, pues desconocían las actuaciones de sus excolegas porque fueron censurados y destituidos por un juicio político en la Asamblea Nacional en noviembre de ese año.

Pero, con una medida cautelar emitida por el exjuez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), Ángel Lindao -también vinculado en el caso Metástasis-, los retornó a sus puestos y dejó sin efecto la sanción de destitución legislativa.

El CPCCS envió la resolución de designación de Roberto Romero a la Asamblea para que lo posesionen. Ello no ocurrió.

En enero del 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación por no designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura; y, nuevos rostros se incorporaron a la institución.

Gina Aguilar, Carlos Figueroa, Aland Molestina, Teddy Tama, Graciela Mora, Mónica Moreira, Olindo Nastacuaz estuvieron al frente del CPCCS por casi cuatro meses y, en ese periodo, una madrugada del 10 de marzo de 2023, anularon decenas de resoluciones emitidas en el periodo de Ulloa, entre ellas, la CPCCS-PLE-SG-050-E-2022-1155, en la cual constaba la designación de Roberto Romero como superintendente de Bancos.

La decisión se tomó con los votos de Aguilar, Tama, Mora y Nastacuaz; Molestina, Figueroa y Moreira, en contra.

El tema no volvió a discutirse y tampoco lo ha resuelto la actual integración del Consejo de Participación Ciudadana, que lo preside Nicole Bonifaz.

En el caso que el pleno resuelva elegir a un superintendente de Bancos, el reglamento vigente dispone que el presidente de la República enviará una terna en un término máximo de cinco días para iniciar con el procedimiento. (I)