Fiscalía del Estado abre una investigación por presunta asociación ilícita en el concurso para elegir al defensor público

La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta asociación ilícita en el concurso público para elegir al titular de la Defensoría Pública que desarrolla una comisión ciudadana de selección que funciona en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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El concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección de un defensor público, en el que hay nueve aspirantes, se encuentra al borde de concluir.

Este miércoles, 3 de abril, se cierra el plazo para que la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil puedan presentar impugnaciones en contra de los nueve participantes, de considerar que hay falta de probidad notoria o idoneidad; incumplimiento de requisitos legales; estar incursos en prohibiciones e inhabilidades; haber omitido información relevante; o, si se conoce de la falsificación o alteración de documentos.

De haber objeciones a alguno de los concursantes, la comisión ciudadana analizará si las rechaza o acepta, en cuyo último caso se convocará a audiencias públicas para sustanciarlas.

De lo contrario, pasarán a la última fase que es la designación de la nueva autoridad.

En este contexto, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de la Fiscalía General abrió una indagación previa que involucra a los tres postulares del concurso que han obtenido las más altas calificaciones en sus méritos y examen de conocimientos y escrito, cuantificados por los miembros de la comisión ciudadana. Ellos son:

La denuncia la presentó el asambleísta independiente (antes de la Revolución Ciudadana) Ferdinan Álvarez Zambrano, quien desde los inicios de este proceso, en el 2023, objetó las actuaciones de los exmiembros de la comisión ciudadana, que fueron removidos de sus funciones por el CPCCS que presidió Gina Aguilar.

Como parte de la investigación judicial se ha convocado a rendir versión a los tres candidatos, a los miembros de la comisión ciudadana y a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que empezarán este 3 de abril.

Otros hechos se investigan, pero en lo político

La elección de la primera autoridad de la Defensoría Pública se vio también salpicada por una denuncia de presunto tráfico de influencias que llegó al mismo Consejo de Participación Ciudadana y a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Los acontecimientos se dan alrededor de una denuncia de dos personas en contra de la consejera Johanna Verdezoto, por una aparente reunión que se había producido con el concursante, Rodrigo Frías Toral.

La delación expone fotografías de quien sería Verdezoto asistiendo a un encuentro con Frías, en la que participarían otros actores políticos.

El 20 de marzo, la Comisión de Fiscalización, presidida por la legisladora del correísmo Pamela Aguirre llamó a Verdezoto para que aclare su probable presencia en esa reunión, pero la consejera no asistió. Sí fueron la presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, esta última como denunciante.

Ese mismo día, Verdezoto solicitó al pleno del Consejo que se convoque a los quejosos a exponer sus inquietudes en una comisión general. La apoyaron los vocales Juan Esteban Guarderas, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.

El 27 de marzo, se convocó a los denunciantes y no asistieron. Alegaron que no había las condiciones y tampoco la imparcialidad para presentarse; además, porque ellos son los denunciantes, no los denunciados y quien deberían explicar y aclarar es la autoridad observada.

En esa sesión, Verdezoto dijo que se excusó de intervenir en el caso, que ella no tiene nada que ocultar y que, su pedido de que los denunciantes asistan era para que sus requerimientos sean atendidos.

En medio de las discrepancias entre los consejeros, la presidenta Nicole Bonifaz lamentó que los cuatro vocales no la hayan apoyado por los cuestionamientos en su contra cuando viajó a Galápagos en medio del feriado por carnaval con una “agenda territorial”.

“Qué gusto tener ese apoyo, ese compañerismo a la consejera Verdezoto. Me hubiera gustado que cuando pasé el proceso por el viaje a Galápagos, que hubo un pronunciamiento de Calvache y Guarderas (que le pidieron explicaciones)… En una petición donde se fue a crear un observatorio ciudadano a reuniones con los gobiernos locales… Ha sido peor irse en agenda territorial, que tener unas fotos con un candidato”, comentó Bonifaz con ironía.

Calvache le reprochó que hasta la actualidad están esperando la agenda que cumplió en las Galápagos.

En tanto, Verdezoto le recriminó: “Cuidado con lo que dice señora Bonifaz, usted no puede decir de la veracidad de las fotos. No puede decir… ¡Ayer, ciudadanía, se me ha botado a mi asistente! ¡Estoy siendo víctima de represalias de la presidenta del Consejo!”, expresó indignada.

En noviembre del 2022, el concurso para elegir al defensor público arrancó con la convocatoria para que la ciudadanía se postule y desde entonces no ha concluido, debido a constantes acciones de protección que lo tuvieron detenido por casi un año, hasta que se retomó a inicios de este 2024.

Mientras tanto, desde hace más de cinco años la Defensoría Pública está presidida por Ángel Torres Machuca, quien ocupa esa función en calidad de encargado por disposición del extinto CPCCS de transición. (I)