El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, fracasó en su intento de aprobar una resolución en el pleno, que a más de apoyo solicitaba información a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre nueve casos penales que se investigan en esa dependencia de justicia.

Los cabildeos políticos previos para encontrar los votos a favor de la resolución hicieron retroceder a Kronfle, cuando el sector de Construye también planteó que en la lista de casos se incluya el pedido de información sobre la fecha de inicio de la investigación fiscal tras el allanamiento de J. J. Franco, realizada en septiembre de 2021, por una supuesta relación con el excontralor Pablo Celi en su presunto caso de tráfico de influencias. Celi fue sentenciado el año pasado a trece años y tres meses de cárcel como autor del delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

El texto de la resolución incluía un reconocimiento a la independencia de las funciones y a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, con relación a los procesos investigativos que se llevan adelante en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

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Pero además pedía a la fiscal que informe a la Asamblea Nacional sobre la fecha de inicio de los casos Purga, Metástasis, Encuentro (Gran Padrino), Flopec / Amazonas Tanker, León de Troya, Isspol, Reparto de hospitales, y también solicitaba la fecha de inicio de la investigación por presunto delito de peculado requerida por la Asamblea Nacional el 30 de noviembre de 2023 como consecuencia del trámite del juicio político al expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.

También pedía la fecha de inicio de la investigación por presunto delito de tráfico de influencias requerido por la legislatura como consecuencia del trámite del juicio político a los exvocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo Fierro y Juan José Morillo Velasco.

El sector del correísmo anticipó que no apoyarían el texto planteado por el socialcristiano Henry Kronfle y tampoco lo haría el sector de Pachakutik y el bloque de Gobierno, representado en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN).

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El legislador de Construye Jorge Peñafiel indicó que la resolución política que pretendía empujar el socialcristianismo en la Asamblea Nacional poco o nada abonaba a las investigaciones que llevaba adelante la Fiscalía General del Estado en los casos Metástasis y Purga, que son el punto de inconformidad de ciertas bancadas legislativas donde están involucrados exasambleístas.

Además dijo que la suspensión de esta sesión, por falta de apoyo político, es un mensaje claro de que la política no debe “meter sus narices” en las investigaciones de Fiscalía General del Estado, mucho menos si estas intromisiones buscan solicitar información que nada podría aportar a la investigación penal.

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El único respaldo político que necesitaba la fiscal Diana Salazar es de apoyo a las investigaciones que lleva adelante en los casos Metástasis y Purga, que destaparon la vinculación de la narcopolítica con la Justicia, subrayó Peñafiel.

La legisladora Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, recordó que la Asamblea Nacional ya aprobó una resolución de apoyo a la fiscal Diana Salazar por el caso Metástasis. Si la Asamblea se tiene que pronunciar en la línea política tiene que incluir los otros temas que siguen pendientes; por ejemplo, saber qué ha pasado con el armamento dado durante las manifestaciones desde Ecuador a Bolivia, lo cual la Constitución lo prohíbe y debe haber un responsable; cómo avanzan los temas de León de Troya y demás; es decir, avanzar en la lucha contra la corrupción, pero sin dejar por fuera ningún caso.

Garzón indicó que no se puede enfocar en uno de los temas investigados por corrupción cuando lo de fondo es en qué momento llega la mafia y el narcotráfico a tomarse las estructuras del Estado, del Ejecutivo y la Justicia.

La sesión convocada para las 14:00 se suspendió pasadas las 15:00 y lo hizo el mismo presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien luego volvió a convocar a la reinstalación de la sesión 915 para el día jueves 21 de marzo a las 16:00 de manera presencial, para conocer el informe no vinculante a la proforma del presupuesto general del Estado para el periodo fiscal 2024 y la programación presupuestaria cuatrianual del presupuesto general del Estado 2024-2027.

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Con ello, el tema de la resolución planteada por el titular de la legislatura para pedir información a la fiscal Diana Salazar, sobre nueve casos de investigación penal, fue excluido del orden del día de la sesión 915.

El plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la proforma presupuestaria vence el mismo día jueves 21 de marzo, en caso de que no haya un pronunciamiento, la propuesta del Ejecutivo entrará en vigencia al día siguiente.

La proforma que analizó la Comisión de Régimen Económico asciende a $ 35.536,04 millones, en la que se incluyen las proyecciones económicas respecto de los ingresos, egresos, inversión y crecimiento económico.

En el debate, los legisladores conocerán un informe de posiciones debido a que la Comisión de Régimen Tributario no logró la aprobación de un informe de mayoría, consecuentemente, será en la sesión donde se elabore la moción para la aprobación de la propuesta del Ejecutivo. (I)