Cuatro meses han transcurrido desde que se disolvió la Asamblea Nacional y aún no concluyen los trámites de liquidación de los servidores legislativos que pugnan por cerrar los procesos administrativos. Son alrededor de 700 los casos abiertos.
El administrador de la Asamblea Nacional, Miguel Pesántez, y el coordinador de Talento Humano, Carlos Parra, son los encargados de los procesos de liquidación. Pesántez no quiere dar su versión a la prensa, y en la página web de la institución está bloqueado el acceso a información sobre el distributivo de personal que actualmente labora y que fue contratado después del 17 de mayo de 2023, cuando se disolvió el Parlamento.
Se ha vuelto cotidiano ver entrar y salir a los exservidores legislativos para los procesos de liquidación. Unos han requerido la intervención de los asambleístas electos en el último proceso electoral para finiquitar el trámite administrativo. Se prevé una reunión en los próximos días.
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Los afectados por falta de liquidaciones se organizaron y formaron un colectivo denominado Unidos por Nuestros Derechos, y abrieron una cuenta en redes sociales para dar a conocer su situación.
Hasta el momento han emitido tres comunicados; el último se difundió el 24 de agosto. A más de señalar los derechos conculcados en la Constitución, advierten de un incumplimiento de parte de la administración legislativa al artículo 211 del Reglamento de Talento Humano de la Asamblea Nacional, donde se señala que la liquidación y pago de haberes a que hubiere lugar en favor del servidor legislativo que cese en funciones se realizará dentro del plazo de 30 días posteriores a la cesación de funciones.
Además, alertan de incumplimientos sobre reintegros de las personas en situación de vulnerabilidad cuya estabilidad laboral es una obligación legal y ética para la administración general de la Asamblea.
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Por ello, los exservidores hicieron un llamado a la administración a fin de que informe sobre el cumplimiento de pagos a los exservidores y sobre las razones de la demora producida.
Piden además al Ministerio de Economía y Finanzas el oportuno desembolso de los recursos necesarios para cumplir las obligaciones laborales de la Asamblea Nacional.
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Este colectivo también hizo un llamado a los legisladores electos para el periodo 2023-2025 para que, como actores políticos que serán responsables de la elaboración y fiscalización del cumplimiento de derechos para todos los ecuatorianos, atiendan a la vulneración que se está produciendo en la Asamblea Nacional, institución que debería ser el referente de atención a los servidores públicos y personas en situación de vulnerabilidad.
Paulo César Gaibor, exfuncionario legislativo, advierte una violación flagrante del administrador del Parlamento en el proceso de liquidaciones. La norma que rige a la Asamblea contempla 30 días, y este plazo corre desde el 17 de mayo, cuando cesaron las funciones de quienes eran funcionarios.
Gaibor comenta que se han venido pagando algunas liquidaciones, pero a paso lento, sin que se hayan tomado medidas como para agilizar los procesos. De un tiempo acá, los procesos de liquidación están detenidos, pues existen unas 700 personas que aún están pendientes del pago de sus liquidaciones.
Lo que pasa, añade Gaibor, es que el tema de la liquidación no funciona regularmente y tampoco se han tomado medidas para atenderlo; y se ponen trabas, incluido el detalle de que unos exfuncionarios terminan con saldos en contra por temas de control de asistencia que debieron ser oportunamente advertidos por Talento Humano, pero que nunca lo hizo. Hay casos en que exfuncionarios deben realizar desembolsos a favor de la Función Legislativa por no justificar atrasos o faltas de marcación de asistencia.
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Hay casos en que los exservidores ya presentaron sus papeles y Talento Humano señala que no existen registros de las asistencias; por lo tanto, tienen que ir a buscar a sus jefes inmediatos para la justificación respectiva.
Otro de los aspectos es que Talento Humano realiza las liquidaciones de anteriores periodos distintos al de mayo de 2021, pues se realiza una revisión de temas de asistencia desde el año 2020 hacia atrás, desde cuando el exfuncionario en proceso de liquidación fue contratado por el Parlamento.
Gaibor alerta de un incumplimiento por parte de la Unidad de Talento Humano, porque antes de la vinculación de cualquier funcionario o servidor legislativo debe revisar los problemas que posee sobre la liquidación, pero ahora esos procesos se realizan de manera retroactiva. Todo esto da cuenta de que Talento Humano de la Asamblea no vigiló los reportes de los que prestan los servicios en el Parlamento; sin embargo, les pagaban su remuneración.
No hicieron un control efectivo de asistencia, y lo que advierte el colectivo Unidos por Nuestros Derechos es que en la actual administración legislativa existe un afán por demorar los procesos de liquidación, y que ojalá “no se piense heredar la problemática a la nueva administración de la Asamblea”.
Paulo César, como parte del colectivo de exfuncionarios, espera una segunda reunión con la administración general de la Asamblea y, dependiendo de esos resultados, se realizarán solicitudes al Ministerio del Trabajo y a la Contraloría para que realicen los exámenes correspondientes.
Personal vulnerable
A los 700 casos de los exservidores legislativos se deben sumar unos 40 de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que fueron cesadas, pero que presentaron acciones de protección que fueron concedidas por los jueces porque tienen la estabilidad laboral reforzada para madres en estado de gestación, en lactancia, padres o madres jefes de familia o personas con enfermedades catastróficas o que tienen familiares con este tipo de enfermedades.
Así lo señala Maribel Melo, exfuncionaria legislativa, quien afirma que hoy muchos de sus compañeros no reciben sus liquidaciones; que el administrador no ha dado respuesta y de momento se insiste para tener una mesa de diálogo, pero aún se espera una fecha.
Respecto a las personas en situaciones de vulnerabilidad, explica Melo, existe el caso de una señora que ganó la acción legal, pero que aún no se ejecuta porque la actual administración de la Asamblea solicitó al juez una acción de aclaratoria de la sentencia. Se trata de una persona que tenía hijos con problemas de discapacidad.
Melo dice que son malas prácticas de la administración que acumulan las liquidaciones por años, y que existen casos desde hace cuatro años. Para buscar una salida a las liquidaciones solicitaron el acompañamiento de la legisladora electa Marcela Holguín (RC), ex primera vicepresidenta del Parlamento. (I)
