Las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional comenzaron a definir su posición frente a la propuesta de enmendar la Constitución que planteó el presidente de la República, Daniel Noboa, al remitir a la Corte Constitucional los anexos y la pregunta de consulta popular.
El sector oficialista considera que es el momento de que el pueblo defina si todas las autoridades del poder público deben someterse al control político, mientras que la oposición señala que los recursos que esperan financiar la consulta popular deberían emplearse para solucionar los problemas de seguridad, salud y educación.
La legisladora por ADN Diana Jácome señaló que será la Corte Constitucional quien muestre el camino procedimental del planteamiento hecho por el primer mandatario y que la ciudadanía se pronuncie en las urnas.
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Al referirse a la propuesta de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, dijo que todas las autoridades están sujetas a un control y no deben ser la excepción los jueces de la CC, considerando que en la Constitución de 1998 ya se contemplaba la atribución de la legislatura de enjuiciar a los magistrados.
Aclaró que no se trata de controlar las decisiones constitucionales que toman los jueces, sino que se debe tener coherencia con la realidad que vive el país y “las acciones que han tomado no han sido coherentes, y lo que hoy está sucediendo es una afectación a la seguridad nacional”, afirmó.
Respecto a tres temas que ya fueron consultados a la ciudadanía en procesos electorales anteriores, la legisladora gobiernista comentó: Ahora “es otro momento el que vivimos, en el que debe entenderse también la oportunidad que debe darse a los jóvenes y mujeres a través del trabajo por horas”.
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El asambleísta Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), preguntó para qué el Gobierno nacional lleva adelante una consulta popular que al final del día no va a solucionar los graves problemas que tiene el día de hoy el país, como son la crisis hospitalaria y la inseguridad.
Dijo que ni siquiera la disposición mandatoria de la consulta popular de 2024, donde se dispuso la creación de juzgados en garantías constitucionales, que decían que iban a erradicar la delincuencia y la inseguridad, ha sido aplicada por parte del Consejo de la Judicatura.
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Ahora, añadió, nuevamente se plantea otra consulta que en fondo lo único que busca el Gobierno es presionar a la Corte Constitucional, y qué pasará cuando haya un cambio de régimen y ya no les parecerá y dirán que la Corte debe tener independencia. “No se puede generar una acción de consulta únicamente a conveniencia de los intereses del momento y de ciertos sectores”, subrayó.
Luna dijo que su organización irá por el no en la consulta popular, como lo hizo en años anteriores cuando se plantearon los mismos temas que hoy se incluyen en la consulta.
“Para nosotros al final del día la consulta es una acción más, que lo único que busca es tenerlos a los ecuatorianos polarizados porque en lo de fondo el problema sigue latente: inseguridad, falta de presupuesto para salud, para educación y falta de empleo”, puntualizó el legislador correísta.
El independiente Christian Benavides, de la provincia de Carchi, invitó al Gobierno a incrementar las preguntas de la consulta, y reveló que personalmente remitió al Ejecutivo una pregunta para que los prefectos sean elegidos por el voto popular rural y aún espera una respuesta.
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Dijo que hay temas en que definitivamente tendrá la anuencia del electorado, por ejemplo, el relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana, que en esencia nació para liberar a la Asamblea Nacional de la elección de las autoridades principales.
En torno a la propuesta de que los jueces constitucionales sean objetivo de juicio político, dijo que es un tema delicado, porque suena que hay una agenda para “intentar presionar a los jueces y empujarlos a que tomen decisiones afines a la política gubernamental”, comentó.
Otto Vera, del PSC, precisó que en la mayoría de las preguntas remitidas por el Ejecutivo estarían de acuerdo; sin embargo, el tema del juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional sigue generando algunas dudas. Primero, porque no está tan claro cuál sería el incumplimiento de funciones y, segundo, porque no pueden los jueces ser enjuiciados por sus decisiones legítimas.
Por lo tanto, anotó, se tiene que modular y en la medida que se conozca el texto final de las causales de un juicio político a los magistrados tendrá el respaldo del PSC.
El sector de asambleístas de Pachakutik, según Cecilia Baltazar, al momento analiza las preguntas de la consulta popular para tener una línea discursiva, y además contarán con el criterio de los dirigentes y líderes de su organización.
Sin embargo, anticipó que Pachakutik no cambiará su posición que mantuvo años atrás frente a tres preguntas de la consulta popular que se repiten, como el trabajo por horas, las atribuciones del CPCCS y los casinos. Como organización política, añadió, se hizo un proceso fuerte de campaña por el no, por varias preguntas que hoy se repiten; por lo tanto, la línea discursiva seguirá siendo la misma. “No podemos decir ahora estamos pensando de otra forma”, subrayó.
Respecto a la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, Baltazar manifestó que los magistrados no pueden ser llamados a juicio en la Asamblea por sus sentencias, de lo contrario tendrían que estar al vaivén del poder político para emitir sentencias. “Hemos sido claros y enfáticos en que no estamos de acuerdo con el tema del juicio político”, afirmó.
(I)
