Tanto en la Asamblea Nacional como en la sociedad civil están a la espera de que el Gobierno central atienda sus pedidos para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) y empezar el debate de dos artículos de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que no están vigentes por tener vicios de inconstitucionalidad de forma.

A mediados de agosto del año en curso, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las reformas aprobadas a la LOEI en el anterior periodo de la Asamblea Nacional, pero suspendió la vigencia de dos disposiciones relacionadas con la implementación de un sistema de jubilación especial para los docentes y el incremento de las remuneraciones.

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Se argumentó que los legisladores y el entonces presidente de la República, Lenín Moreno, como colegislador, incumplieron “su deber” de garantizar el principio de sostenibilidad de la seguridad social por construir una ley sin contar con estudios actuariales actualizados que apoyen la creación de nuevas prestaciones. De igual forma, porque se elevó el gasto público con el aumento de las remuneraciones sin verificar la disponibilidad de los recursos.

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Los jueces dieron un plazo de seis meses para que se elaboren esos estudios actuariales y los informes de factibilidad financiera. Una vez que la Asamblea cuente con ellos, tendrán 30 días para deliberar sobre dichas disposiciones, ratificarse en lo aprobado o sustituirlo.

Una vez que se hayan subsanado o cumplido los tiempos señalados, la Corte resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de esas disposiciones, mientras tanto no estarán vigentes.

El asambleísta y presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, Manuel Medina (PK), explicó que la sentencia fue socializada entre los legisladores y con ello se solicitó al IESS y al Ministerio de Economía y Finanzas que les remita la información para proceder con su debate.

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“Tan pronto recibimos el dictamen se socializó en la Comisión y formalizamos el pedido al IESS como al Ministerio de Finanzas para que nos remitan los estudios actuariales y la propuesta presupuestaria”, dijo Medina.

Han pasado dos meses de la emisión de la sentencia, y Medina indicó que la semana anterior insistieron para que les remitan la información; a la par, están buscando mantener reuniones con las autoridades del IESS y del ministerio del ramo para avanzar en estos estudios técnicos.

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Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) también tiene una propuesta para la ejecución de estas disposiciones, y está a la espera de que la ministra de Educación, María Brown, los reciba.

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Isabel Vargas, presidenta de la UNE, lamentó que en varias ocasiones han pedido reunirse con la ministra de Educación, pero no los ha recibido. “No quiere conversar con los maestros, nos discrimina porque se saluda con un grupo, pero no con los que pertenecemos a otras asociaciones”, dijo.

En todo caso, aspiran a ser recibidos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). “Pero si no hay diálogo, estaremos en las calles”, advirtió la dirigente.

A su criterio, el IESS deberá estudiar los pros y los contras de la propuesta para la jubilación especial para los docentes, pero que será ventajoso porque por cada dos jubilados ingresan tres nuevos docentes, opinó.

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En el caso del incremento de las remuneraciones, es una medida de “reparación y justicia”, para lo que existirían los recursos necesarios -dijo- porque está subiendo el precio del barril de petróleo, por ejemplo.

Vargas reprochó que pese a que otras disposiciones de la ley reformatoria a la LOEI están vigentes porque fue declarada constitucional por la CC, el Ministerio de Educación ha contratado a 900 docentes, pese a que habría 8.000 vacantes porque se jubiló a maestros y otros que fueron despedidos durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19. (I)