La legisladora Inés Alarcón, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), pidió a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial a la compañía Centro de Especializadas Nefrológicas Babahoyo, Cenesba C. Ltda., que tiene contratos con el Estado y en cuyo directorio consta el asambleísta representante de Los Ríos, Camilo Salinas Ochoa, de la bancada Construye.

El pedido lo formuló este 26 de abril la legisladora oficialista y mostró como antecedente que en dicha compañía aparece el legislador Camilo Salinas Ochoa como presidente de la empresa Cenesba, lo cual prohíbe la Constitución y la ley orgánica de la Función Legislativa.

Inés Alarcón, dijo que se trata de más de un asambleísta que serían parte del directorio de la compañía y que en las investigaciones se determinará el grado de vinculación, lo cual podría devenir en una destitución del cargo de los legisladores.

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La ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 163 prohíbe a los asambleístas integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado, y quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleístas luego del trámite respectivo.

Alarcón afirmó que la denuncia llegó a su despacho y por esa razón realizó el pedido al contralor, Mauricio Torres Maldonado, y anunció que también hará una denuncia ante el Comité de Ética del Parlamento para que se investigue y de comprobarse la vinculación con la empresa contratista con el Estado se proceda a su destitución.

La denunciante comentó que según la información que llegó a su despacho, el asambleísta ejercía el cargo para gestionar contratos con el Estado, y claramente podría haber un conflicto de intereses, “porque se está contratando con el Estado aprovechando el cargo que ocupa en este momento”.

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El contralor Mauricio Torres manifestó que el primer paso será realizar una verificación preliminar que llevará dos semanas, en la que se determinará si amerita o no un examen, y en el momento que se establezca que amerita un examen se realizará una orden de trabajo que aproximadamente dura 180 días y con eso se podrá determinar si existen responsabilidades civiles e inclusive indicios de responsabilidades penales. (I)