Asambleístas advierten que nuevo proyecto urgente constituye un distractor frente a la intención del Ejecutivo de incrementar el IVA al 15 %

El envío del cuarto proyecto urgente para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública es considerado por los asambleístas un distractor frente a la tercera propuesta del Ejecutivo de incrementar a 15 % el impuesto al valor agregado (IVA), cuyos recursos irán no solo a financiar el conflicto armado interno, sino también a cubrir deudas con los Gobiernos autónomos descentralizados y la brecha fiscal.

La propuesta de ley entró en análisis de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que antes de su calificación deberá observar si la propuesta del Ejecutivo cumple con los requisitos establecidos en la normativa, como el hecho de que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte; que contenga suficiente exposición de motivos, considerandos y articulado; y una expresión clara de los artículos.

Otro de los aspectos que observan los legisladores en esta cuarta propuesta de ley es que aborda temas que se incluyen dentro de la propuesta de consulta popular impulsada por el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, y que está en análisis sobre la constitucionalidad en la Corte Constitucional.

Si se abordan los temas de la consulta popular en los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, no habría razón de continuar con la petición de la consulta popular y el primer mandatario tendría que desistir de esta intención, indicaron los parlamentarios.

En estados de excepción, el mandatario puede enviar a la Asamblea más de un proyecto de ley urgente

El coordinador de la bancada del PSC, Vicente Taiano, indicó que los proyectos de ley urgentes son bastante complejos y merecen un análisis exhaustivo. Por un lado, se plantea el incremento al 15 % del IVA, pero el PSC tiene una posición contraria y otras bancadas están de acuerdo, y lo que se pretende es establecer un punto intermedio.

Mientras esos acuerdos se concretan llega el nuevo proyecto de ley urgente, que tiene temas interesantes, porque nadie discute que hay que extinguir el dominio de todos los bienes que son producto o han servido para cometer delitos transnacionales, como narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero hay que revisar la norma.

Taiano dijo que habrá que esperar que el CAL califique la cuarta propuesta del Ejecutivo, porque hay un primer tema que es claro, que en el proyecto para ser calificado debe haber unidad de materia, y en la propuesta del Ejecutivo no hay unidad de materia, porque se refiere a normas de contratación pública, a reformas al COIP, a la ley de lavado de activos. “Hay que ir despacio y con buen ritmo”, subrayó.

Insistió en que el PSC no votará por el incremento al IVA, sino que más bien propondrá encontrar un punto intermedio, como una contribución temporal y puntual que vaya a una cuenta específica para fondear los $ 1.020 millones que se necesitan solo para el conflicto interno.

El legislador nacional y exmandatario Lucio Gutiérrez (PSP) manifestó que la nueva propuesta remitida por el Ejecutivo se convierte en una especie de distractor porque, si realmente le preocupa al Gobierno el tema económico, debería centrarse en ello, pues las voces de oposición al incremento del IVA continúan en su ascenso y lo que busca este nuevo proyecto es desviar el debate hacia otros temas.

Gutiérrez advirtió que unos doce legisladores del grupo de asambleístas independientes no apoyarán el incremento al IVA: primero porque es una ley injusta, impresentable y antiética, porque no está bien que, cuando hay problemas económicos, se pasa la factura a la gente pobre y clase media; y por otro lado, condonan deudas a los más ricos del Ecuador.

El Gobierno debería pedir contribuciones especiales a los empresarios que se beneficiaron de descuentos millonarios. También existe la opción de negociar el contrato con las operadores de telefonía celular, donde existe el dinero no solo para solucionar la guerra, sino también para cumplir con los GAD, así como reducir el tamaño del Estado.

La legisladora del movimiento Revolución Ciudadana Gisella Garzón también señaló que varias de las reformas que se plantean en el cuarto proyecto económico urgente están en tratamiento en el Parlamento, como las reformas a la ley de extinción de dominio, que puede permitirse ampliar las posibilidades para un tema de lavado de activos. Lo que podría hacerse es ganar tiempo y que las comisiones prioricen.

Dijo que se puede pensar que es un distractor este cuarto proyecto, y la pregunta es qué viene el día después de los económicos urgentes y de los 60 días de estado de excepción, qué pasa con el presupuesto del Estado y las leyes pendientes.

Con esta cuarta propuesta, el tiempo está dando la razón de que lo único que buscaba el Gobierno de Daniel Noboa es una medición de popularidad a través de una consulta; y si no hay dinero, debería ahorrarse los 60 millones de la consulta popular, retire el tema y avance los procesos.

Frente a la propuesta de incrementar el IVA al 15 % no habrá el apoyo de la bancada RC, porque es una línea roja y ni siquiera cabe compararlo con el alza del IVA temporal tras el terremoto de 2016, porque el país no atravesaba una pandemia y ahora el país ni siquiera se recupera de la pandemia y se propone un incremento del IVA con una ola migratoria y un desempleo.

Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, precisó que sin duda el país está en el escenario de que el cuarto proyecto de ley urgente se convierta en una cortina de humo frente al planteamiento del Gobierno de que se apruebe el tercer proyecto urgente para obtener recursos a través del incremento del IVA al 15 %, que irá a cubrir el costo del conflicto armado interno y las deudas pendientes del Estado.

Aunque Peñafiel comentó que el distractor general empieza con la declaratoria de conflicto armado a través del Decreto n.º 111, porque “resulta que el conflicto armado se lo declara y ahora sí el presidente de la República empieza a ejercer una actividad contra el crimen real donde meterá todas las leyes económicas urgentes necesarias y la iniciativa política que tiene prevista con el fin de obtener réditos políticos”.

Con este último proyecto remitido al Parlamento, el presidente de la República, Daniel Noboa, cada vez está más lejos de la consulta popular, porque todo lo que plantea en los proyectos viene a sustituir la consulta, y la lógica es que en la dinámica propia del conflicto armado y de las condiciones económicas en las que se encuentra es absolutamente necesario atender el tema de seguridad mucho más allá de lo que es la consulta popular. (I)