Varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana llegaron, la tarde de este miércoles, hasta la Unidad Multicompetente de La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, para exigir al juez Ángel Lindao que cumpla con el debido proceso. Lindao es el juez que concedió la acción de protección a favor de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la cual impidió que se concrete la destitución decidida por la Asamblea mediante un juicio político.

“Existe una clara intromisión a la independencia de funciones por parte del Ejecutivo. ¿Quiénes defienden al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?”, señaló la asambleísta Viviana Veloz, legisladora correísta de Unión por la Esperanza (UNES).

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El pasado 7 de diciembre, el juez de La Concordia Ángel Lindao resolvió una acción de protección que presentó el dirigente social Manuel Párraga en contra de la resolución del 18 de noviembre pasado, en la que la Asamblea Nacional determinó la censura y destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana Hernán Ulloa —presidente del organismo—, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

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No permitiremos la intromisión de ciertos jueces en las decisiones de la Asamblea Nacional; por ello, hemos iniciado las respectivas acciones jurídicas exigiendo al juez Lindao que cumpla con el debido proceso. No dejaremos que se sigan vulnerando las decisiones legítimas que toma la Asamblea Nacional”, apuntó Veloz en su cuenta de Facebook, sin precisar qué tipo de acciones se presentaron formalmente.

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Desde el bloque correísta se ha recordado que sobre el juez Ángel Lindao pesa una acción disciplinaria por devolverle los bienes a Leandro Norero, procesado por narcotráfico que murió en el interior del Centro de Privación de Cotopaxi, en Latacunga. Ese hecho le haría carecer de probidad al juez que ordenó que se reintegren a sus cargos los cuatro consejeros y que la Asamblea emita disculpas públicas y coloque una placa en el edificio del Legislativo, entre otras cosas.

Los legisladores que se sienten afectados por la decisión de Lindao esperan que los magistrados de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas que conozcan la apelación razonen y emitan su sentencia apegados a derecho, al debido proceso y respetando el derecho a la debida defensa. (I)