Alegando presentar problemas de salud, la abogada Karen Gómez, accionante del habeas corpus, y la defensa técnica del vicepresidente Jorge Glas solicitaron que se difiera la audiencia en la que se iba a conocer la apelación a este recurso presentado en favor del vicepresidente para solicitar que se le disponga al arresto domiciliario y que fue negado hace casi un mes y medio.

La diligencia estaba convocada para este martes, 20 de agosto, a las 15:30 en el primer piso de la Corte del Guayas. El Tribunal de Apelación está integrado por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral Jorge Alejandro Lindao (ponente), Nancy Ivett Vera y Carlos Miguel Pinto.

Lindao, quien negó el recurso el pasado 8 de julio, conoció el pedido de Gómez y de la defensa de Glas y resolvió acoger el pedido y reprogramar la audiencia para este viernes 23 de agosto a las 9:30.

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Durante la audiencia intervino también el exvicepresidente quien manifestó que esta no se podía instalar sin que sus abogados estén presentes.

En tanto, el habeas corpus fue presentado por Gómez en nombre de Glas, afirmando que las condiciones de detención del correísta no son óptimas y que eso ha hecho que su estado de salud se deteriore, al punto de existir un “inminente” riesgo de morir en la cárcel en que se encuentra. Además, la defensa alega que la cárcel La Roca no tiene garantías en lo que es su ventilación, mantiene filtraciones de agua, luz eléctrica limitada y en ella existen garrapatas y ratas.

Por su parte, la defensa de Glas sostiene que el Gobierno ha fallado en proporcionar el tratamiento adecuado a enfermedades como espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, rinitis alérgica, osteoporosis degenerativa, gastritis crónica.

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Glas fue ingresado en la cárcel La Roca el 6 de abril pasado, casi inmediatamente luego de ser detenido por agentes policiales que ingresaron a la sede de la Embajada de México en Quito para evitar una posible fuga de quien aún debía cumplir más años de la sentencia unificada en firme de ocho años que se le impuso por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado, y que mantenía una orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga el delito de peculado.

Por temas de seguridad, se habría tomado la decisión de llevarlo hasta La Roca, en Guayaquil. Ese hecho ha generado una serie de acciones constitucionales para que deje esa prisión, pero todas han sido rechazadas. (I)