Como hace nueve meses, las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Construye y el oficialismo, representado en el novel movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), han adelantado que no darán sus votos para censurar y destituir a la fiscal general, Diana Salazar.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó el jueves 5 de agosto del 2024 y dio paso a la reactivación del proceso de interpelación contra la funcionaria -que se inició en diciembre pasado- luego de haberlo suspendido por pedido de ella misma, pues su embarazo tenía una condición delicada. Una vez que la superó, Salazar dijo que ya estaba lista para enfrentarlo.
En esa misma sesión se aceptó a trámite otro pedido de juicio político propuesto por el correísta Héctor Valladarez contra Salazar en mayo; y se lo remitió a la Comisión de Fiscalización para que se lo unifique con el de su colega Gissela Garzón, que es el primero que se interpuso.
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En principio se dijo que el trámite del juicio a la fiscal se iniciaría en estos días luego que el juez de garantías constitucionales Édgar Romero aceptó, el 22 de agosto, una acción de protección de la bancada oficialista y dispuso que se retomen los juicios políticos contra tres ministros del gobierno de Guillermo Lasso que se habían archivado. Con ello quedó suspendida temporalmente la interpelación a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia.
Pero el mismo juez aclaró el pasado viernes 6, en una providencia, que primero debían evacuarse los juicios políticos a los exfuncionarios de Lasso. Entonces todavía no hay fecha para interpelar a la fiscal.
La Comisión de Fiscalización tiene varias opciones en el trámite: calificar el proceso y realizar la sustanciación, que puede terminar con un informe de mayoría o de posturas si no hay acuerdos; o no calificarlo y archivarlo. Si pasa al pleno, los legisladores podrán votar por la censura o el archivo.
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Como sea y cuando sea, las bancadas de PSC, Construye y ADN ratificaron que no darán sus votos para censurar y destituir a Salazar. Es decir, no se llegaría a los 70 que se requieren para censurar y destituir a la autoridad, según lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Jorge Peñafiel, de Construye, refirió que el respaldo a Salazar se mantiene. “Construye ha mostrado desde el día uno que está a favor de la patria, y no con las mafias, caminando y pactando con ellos, como sí lo han hecho otras bancadas”, opinó.
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Este asambleísta señala que lo que pueda aprobarse o negarse en la Comisión de Fiscalización no es relevante en realidad para el juicio. “El juicio se lo realiza en el pleno y estimaría que no hay votos. Lo importante es que si llega al pleno, la fiscal tendrá la tribuna para defenderse ante los agravios y calificativos que lanzarán los correístas para denostarla o anularla. Y ahí podrá decirle la verdad al país, y nosotros la apoyaremos”, dijo.
Jorge Acaiturri-Villa, legislador del PSC y miembro del CAL, indicó que el delegado del partido en la Comisión de Fiscalización, que es Otto Vera, votará en contra de la calificación del juicio, y si este finalmente llega al pleno, votará en contra de que se la sancione. “No hay elementos ni argumentos para ello”, afirmó.
Explicó que el PSC tiene actualmente 20 legisladores. “Solo los correístas y quizás las representantes de Pachakutik, votarían a favor del juicio. El resto está en contra. Si usted suma los 48 de la Revolución Ciudadana más 5 de PK, suman 53, o sea, no habría los votos”, calculó.
En tanto que Adrián Castro, de ADN, ratificó el apoyo de su bancada a Salazar e indicó que el correísmo quiere adelantar los juicios políticos contra ella y la ministra Palencia. “¿Por qué los quieren adelantar? Porque ellas están luchando contra las mafias, la criminalidad y la delincuencia?”, dijo.
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Agregó que la Asamblea Nacional tiene que acatar el fallo del juez Romero y tramitar los tres juicios políticos que se habían archivado.
Desde el correísmo, el interpelante Valladarez señaló que su bancada “defenderá siempre la justicia y la verdad”. “Yo me resisto a tener una Fiscalía a la carta. Me resisto a tener una fiscal que le pone toda la atención a los procesos para perseguir a sus adversarios políticos: 17 días duró una casación para que alguien no pueda ser candidato, y tenemos años con INA Papers. ¿Por qué? Porque fue Lenín Moreno quien la puso de fiscal. Todo eso es lo que vamos a demostrar”, fustigó. (I)
