Banny Molina, exjuez que otorgó ‘habeas corpus’ al exvicepresidente Jorge Glas, fue llamado a juicio por el delito de usurpación y simulación de funciones

De la revisión del proceso y analizadas las evidencias recabadas dentro de la instrucción fiscal, el presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, llegó al convencimiento de que existen “presunciones graves y fundadas” sobre la existencia del delito de usurpación y simulación de funciones, por lo que resolvió llamar a juicio al exjuez de Portoviejo (Manabí) Banny Molina.

La decisión oral fue dada a conocer la mañana de este viernes 30 de diciembre por Zambrano, quien llevó el caso por el fuero de Corte Provincial que cubría a Molina como juez al momento de haber cometido la irregularidad. La primera parte de la diligencia se realizó el miércoles pasado y hoy la audiencia se instaló únicamente para conocer la decisión del presidente de la Corte de Manabí.

El presidente de la Corte de Manabí consideró que se han cumplido con los preceptos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto es que existiera un acto antijurídico que se debe determinar mediante la práctica de prueba que han presentado los sujetos procesales como evidencia y que en la etapa correspondiente del proceso se determinará la culpabilidad o no del acusado.

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La fiscal provincial de Manabí Karla Vélez fue quien emitió su dictamen acusatorio. Zambrano recordó que la funcionaria dijo que Molina a pesar de haber sido notificado oralmente de su llamamiento a juicio por el delito de prevaricato, él siguió emitiendo actos jurídicos como providencias y sentencias. Este accionar, resaltó el juez, se dio pese a que la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí había decidido, por voto de mayoría, revocar el auto de sobreseimiento emitido a favor de Molina y llamarlo a juicio.

El procesamiento penal de Molina llegó luego que, el 5 de agosto pasado, él otorgó un habeas corpus a Christian Araujo, beneficio que se extendió, por el principio inter comunis, al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo. La audiencia se dará en la Corte Provincial de Manabí y la fiscal provincial deberá sustentar su dictamen acusatorio y su pedido de llamado a juicio.

Inicialmente fue el Consejo de la Judicatura (CJ) que presentó la denuncia por el delito de usurpación de funciones contra el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo Banny Molina, y la Fiscalía luego informó que abrió en Manabí una investigación previa en su contra por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Según la Judicatura, el 5 de agosto pasado, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó un sobreseimiento a favor del juez Molina y en su lugar ordenó que sea llamado a juicio dentro de un proceso penal por prevaricato, en el que supuestamente él ordenó en diciembre de 2018 que una sentenciada por peculado cumpla la totalidad de su pena de cárcel en su domicilio.

Ante este panorama, sostuvo el CJ, Molina habría actuado sin competencia en el habeas corpus concedido el mismo 5 de agosto a Christian Araujo, procesado por asesinato y con sentencia ejecutoriada de 13 años; al exvicepresidente Jorge Glas, quien mantiene dos sentencias en firme por delitos relacionados con corrupción; y a Daniel Salcedo, procesado que mantiene sentencias de primera instancia de 13 años de cárcel por el delito de peculado ocurrido en el contexto de la pandemia y otra de 3 años por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.

Molina habría sido notificado verbalmente del auto de llamamiento a juicio cerca de las 12:00 del viernes 5 de agosto, mientras que la decisión relacionada con los tres habeas corpus la emitió pasadas las 16:00 de ese mismo día. Ahí radicaría la falta de competencia de la que habla el Consejo de la Judicatura y en torno a la que giró la investigación de Fiscalía.

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Molina y su abogado han defendido la posición de que para poder ejecutarse la suspensión se necesitaba que la resolución de llamamiento a juicio estuviera en firme y que fuera precedida de un auto administrativo de notificación. Afirmaron que la notificación de que había sido llamado a juicio formalmente la recibieron el 10 de agosto pasado y señalaron que tenían aún recursos por presentar antes de que se ejecutoríe la decisión adoptada.

“De los elementos de cargo que ha podido presentar la Fiscalía se puede determinar que el abogado Banny Molina fue notificado a las 13:00 del 5 de agosto de 2022 de manera oral con la revocatoria del auto de sobreseimiento, emitiéndose el llamamiento a juicio por voto de mayoría del Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí. Que ese tipo de autos no admite ningún tipo de recurso que pudiera cambiar la situación y que los recursos horizontales que podría proponer antes de que se ejecutoríe y remitiera dicho auto al Tribunal Penal para su juzgamiento no cambiarían la inhabilidad legal establecida en la norma”, señaló el presidente de la Corte de Manabí en su resolución.

La Fiscalía acusa a Molina por el artículo 287 del COIP, inciso segundo, que señala que el delito de usurpación y simulación de funciones públicas lo comete la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública. En el inciso segundo aclara que la persona que ejerza funciones públicas y sea destituida, suspensa o declarada legalmente en interdicción y que continúe en el ejercicio de sus funciones después de ser notificada con la destitución, suspensión o interdicción, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

Hace una semana, Banny Molina fue notificado de la destitución decidida por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) por haber cometido la “infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones como juez”. (I)