La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld exigió a las autoridades “de facto” de Venezuela que respeten la voluntad de sus ciudadanos en las urnas y pidió a la comunidad internacional que condene el acoso a los líderes de la oposición de ese país.
Sommerfeld participó en el debate del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunió de forma extraordinaria este miércoles, 31 de julio de 2024, para analizar la crisis política en Venezuela derivada de un proceso electoral presuntamente fraudulento.
El pasado domingo 28 de julio, Venezuela fue a las urnas. El Consejo Nacional Electoral de ese país proclamó a Nicolás Maduro como mandatario con el 51,20 % de los votos versus Edmundo González, con el 44, 20 %. Algo que fue rechazado por la oposición, que ha mostrado actas que revelarían datos totalmente diferentes y que le dan el triunfo a González.
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Sommerfeld dijo que Venezuela vive hace varios años una crisis social, económica y política muy grave y por la cual siete millones de sus ciudadanos han abandonado el país y luego de ese “penoso deambular por el continente”, al menos seis millones se han asentado en las capitales de América Latina.
En ese contexto, Ecuador recordó que la Carta Democrática de la OEA protege el derecho a vivir en democracia, por lo cual exigió que las autoridades electorales venezolanas que muestren los resultados y las actas de votación, y que se permita una verificación exhaustiva de los documentos electorales por parte de observadores internacionales independientes.
Antes de abrise en debate en la OEA, se tomó votación de una resolución de cinco puntos en la que, entre otras cosas, se instaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que: a) publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial; y b) como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales; se declaraba que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias; y se resaltaba la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.
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Esto no fue aprobado: hubo 17 votos a favor y 11 abstenciones, más cinco países que no asistieron. (I)
