La Corte Nacional de Justicia (CNJ) informó que las autoridades de México negaron el pedido formal de extradición del ecuatoriano Jorge Chérrez Miño, quien es requerido por Ecuador por estar involucrado en el caso Isspol, en el que es investigado por presunta falsedad de información.

La resolución de las autoridades mexicanas fue difundida la tarde del lunes 19 de febrero, a través de las cuentas de redes sociales de la CNJ.

“Esta decisión se fundamenta en que, para las autoridades mexicanas, no existe un tipo penal equivalente dentro de su legislación”, explicó la alta Corte.

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Ante la respuesta negativa, que es de carácter negativo, el presidente encargado de la Corte Nacional, José Suing, declaró concluido el proceso de extradición de Jorge Chérrez, “porque dentro del ordenamiento aplicable no cabe ningún tipo de recurso”, indica el comunicado entregado por el organismo.

El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Renato González, reconoció que la decisión de México “es soberana”, pero señaló que “afecta” a la recuperación de los recursos que le fueron sustraídos a la institución.

“Sin embargo, hay que recordar que Chérrez también tiene orden de prisión preventiva en el caso por peculado por los $ 216 millones, que ya pasó a juicio”, apuntó.

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Además, González recordó que Jorge Chérrez es buscado por la justicia de Estados Unidos, por infracciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, así que se impulsará un nuevo pedido de extradición.

A finales de enero de 2024, una jueza penal de Pichincha llamó a juicio a los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Isspol. Uno de ellos es Jorge Chérrez Miño, a quien la Fiscalía acusa en calidad de autor.

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También son acusados como autores los generales (sp) exdirectores del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Según la teoría Fiscal, los diez procesados habrían perjudicado al Isspol con operaciones valoradas en $ 216,2 millones, que se efectuaron entre los años 2017 y 2019. (I)