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Caso Isspol: jueza de Pichincha llama a juicio a Jorge Chérrez y nueve personas más acusadas por peculado

El peculado investigado se habría dado en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones entre 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024.

QUITO (31-01-2024).  Reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Isspol, proceso en el que se investiga a diez personas por el delito de peculado. La reinstalación de la diligencia se dio en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Santiago Molina/EL UNIVERSO. Foto: El Universo

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Al encontrar suficientes elementos que deben ser debatidos en una audiencia de juzgamiento, la jueza penal de Pichincha Irene Pérez llamó a juicio a los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Para el fiscal Álex Castillo, los diez procesados serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. Contra los acusados en calidad de autores y coautores se presentaron 170 elementos de convicción.

La Fiscalía fundamentó su acusación para que sean unos llamados a juicio en calidad de autores, por ejemplo, contra el empresario Jorge Chérrez Miño; los generales (sp) exdirectores del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

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También el fiscal Castillo presentó elementos para que se llame como coautores del delito de peculado a Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox.

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Para la Fiscalía, en los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez que los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito de peculado.

La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no pudo avanzar con la normalidad adecuada. La reinstalación dada este 31 de enero es la continuación de varios días de audiencia dados en noviembre pasado y en los que se escuchó a las defensas de los diez acusados. En noviembre se reinstaló la audiencia que se logró dar el 10 de julio pasado por la jueza Pérez.

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La audiencia se reinstaló en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito. La mayoría de los abogados y los procesados asistieron por vía telemática a la diligencia que se instaló a las 09:30 de este miércoles 31 de enero.

“Diez personas que ocuparon altos cargos de dirección, tanto en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional como en empresas de inversiones y casas de valores, habrían causado un perjuicio económico de $ 188´363.537,51 a la seguridad social de la Policía ecuatoriana”, señaló el fundamento del dictamen acusatorio de la Fiscalía.

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Castillo en la exposición de su teoría detalló cada una de las actas donde constan las operaciones de inversión que realizó el Isspol –a través de la comisión técnica y sus directivos– con las empresas que recibieron las inversiones del Instituto, causándole, dijo, un perjuicio económico millonario.

A esto se sumó el contenido de la Asistencia Penal Internacional con Estados Unidos. En este documento constan chats de mensajería instantánea mantenidos entre algunos de los procesados. En dichos mensajes se evidenciaría la coordinación para ejecutar las operaciones de inversión

La Fiscalía dio a conocer que acusaba en calidad de autor al empresario Jorge Chérrez, representante de IBcorp Investments y de otras de sus empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones. Sobre él, Luzuriaga, Valverde y Domínguez, todos localizados en el exterior, la jueza Irene Pérez ordenó que se mantenga la prisión preventiva, mientras que el resto de procesados debe continuar presentándose periódicamente ante la autoridad competente.

Una vez conocida la resolución de la jueza Pérez, el actual director del Isspol, coronel Renato González, señaló que este dictamen “abre una luz de esperanza para obtener nada más que justicia”. González informó que adicionalmente la jueza del caso dispuso contra todos los procesados la prohibición de enajenación de bienes por hasta $ 188 millones.

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“Vemos una esperanza de justicia. Hemos tenido que esperar 27 meses para que escuchemos lo que desde un principio se ha anunciaba: que fuimos ultrajados en el patrimonio de 90.000 familias que integran la seguridad ocial policial. Hoy la jueza Irene Pérez nada más que ha hecho es lo lógico y lo que en derecho corresponde y ha llamado a juicio a los diez procesados a los cuales la Fiscalía los investigó por largo tiempo y que el Isspol presentó acusación particular. Es un pequeño triunfo, nos abre una luz de esperanza, pero tenemos que mantenernos unidos, vigilantes y expectantes de lo que pueda suceder en las cortes nacionales, que no necesariamente tienen un gran prestigio”, anotó el director González.

El abogado de Jorge Chérrez, Pablo Lizarzaburu, sobre la insistencia en la orden de prisión preventiva sobre su cliente dijo que es una facultad de los jueces en esta etapa y eso no cambia la forma en cómo afrontarán como defensa el momento del juicio. “Existen todos los mecanismos legales para rebatir las circunstancias y elementos que sustentan la prisión preventiva, pero eso será materia de otro análisis”. (I)

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