Caso Liga2: jueza difiere audiencia debido a que Augusto Verduga no alcanza a definir un abogado y no acepta defensor público

Debido a que Augusto Verduga, exconsejero de Participación Ciudadana procesado en el caso Liga2, no consiguió hasta este miércoles, 30 de abril, un abogado defensor y no accedió a ser representado por un defensor público, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho difirió la audiencia de este 30 de abril en la que se iba a tratar el pedido de la Fiscalía para que se revise la medida cautelar de presentación periódica que incumplió Verduga.En un escrito presentado la mañana de este miércoles por el exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), él recuerda que el 25 de abril último se aceptó la renuncia del abogado patrocinador que venía ejerciendo su defensa técnica, concediéndole el plazo de 48 horas para designar un nuevo abogado defensor o, en su defecto, solicitar la intervención de la Defensoría Pública. “Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, no me fue posible obtener en dicho término la representación legal de un profesional de mi confianza. Es recién en la presente fecha, 30 de abril de 2025, que estaré autorizando formalmente en la causa a mi nuevo abogado defensor particular. (...) Solicito se difiera la audiencia de revisión de medidas cautelares, (...). La comparecencia con un defensor público no constituye mi voluntad ni garantiza el estándar de defensa que, como procesado, tengo derecho a ejercer, por lo que reitero que mi intención es ser representado exclusivamente por el abogado de mi elección”, aclaró Augusto Verduga.Camacho en su providencia anotó que con la finalidad de precautelar y garantizar el derecho a la defensa del procesado se acepta la petición formulada por Augusto Verduga. Sostuvo que se deja sin efecto la convocatoria “por esta única vez”. La nueva fecha para la audiencia de revisión es el martes 6 de mayo próximo, a las 16:00. Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos son exintegrantes del CPCCS a los cuales la Fiscalía les formuló cargos como autores directos del delito de asociación ilícita. A esta lista se suma la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz. Contra los cuatro sospechosos se abrió el 15 de marzo pasado una instrucción fiscal de 90 días.El conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional, definió en la audiencia de formulación de cargos del caso Liga2 que Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz deben presentarse periódicamente cada quince días en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ y tienen prohibido salir del país.Esta disposición, según una certificación de la Corte Nacional, solo ha sido cumplida por Bonifaz y Franco Loor, quienes se acercaron a Quito el 31 de marzo y el 14 de abril pasados para cumplir la orden judicial. La exconsejera Saltos, en cambio, incumplió, por temas médicos que estaban siendo resueltos en México, la presentación del 31 de marzo, pero sí concretó su segunda presentación el 15 de abril pasado.Del exconsejero Augusto Verduga, quien al igual que Franco Loor y Saltos integraron la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, no asistió a ninguna de las dos presentaciones. Oficialmente se conoce que quien actuó con el usuario “MonicaErtl” dentro de los audios periciados en Liga2 salió por ía terrestre hacia Colombia por el puente de Rumichaca, en la provincia de Carchi, el 27 de enero pasado. Se analiza la posibilidad de que él viajara de Colombia a un tercer país y entre las posibilidades estarían Venezuela o México.Verduga ha tratado de que se justifiquen sus inasistencias señalando que él y su familia mantienen riesgos latentes contra su seguridad y al no tener la guardia policial que mantenía cuando fue funcionario del Consejo de Participación se le hace difícil estar en el país para cumplir la medida de presentación periódica ordenada. Además, solicitó a la jueza Camacho que le disponga a la Fiscalía que lo ingrese al sistema de Protección de Víctimas y Testigos, “para que las próximas presentaciones periódicas puedan efectuarse garantizando su derecho a la vida y la de su familia.La fiscal general, Diana Salazar, cree que esos argumentos no deben ser tomados en cuenta. Recuerda que en su petición Verduga asegura que tras su destitución del cargo, hecho ocurrido el 31 de enero pasado, se le retiró la seguridad policial asignada a su protección, dejándole a su suerte y sin resguardo alguno pese a la existencia de amenazas contra su vida, hecho que habría motivado su salida del país.Sin embargo, refiere Salazar, consta del expediente fiscal el certificado de movimientos migratorios de Augusto Verduga, donde se aprecia un registro de salida del país el 27 de enero de 2025 con destino a Pasto, Colombia, desde la ciudad de Tulcán, es decir, resalta, su salida del país fue antes de su destitución y del retiro de su custodia, mas no como asegura el procesado, “por lo que resulta inverosímil su justificación”.En la diligencia diferida dos horas antes de que se instale la audiencia también debía resolverse el pedido de revisión de la medida cautelar dispuesta contra Eduardo Franco Loor. Él busca que la presentación periódica impuesta cada quince días pueda ser cumplida en la ciudad de Guayaquil y no en Quito, en la CNJ. El exabogado de Jorge Glas afirma, para la revisión, que mantiene una situación médica de cuidado. Al pedido se adjuntó el certificado de un médico cirujano oftalmólogo que establece un diagnóstico de catarata, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad temprana, y certifica que debo realizarme cirugía, además de otros informes que revelarían que debo operarme urgentemente del hombro derecho porque tengo dolores diarios. (I)

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