Cerca de 40 minutos se tomó el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Wilman Terán para argumentar los vicios de procedimiento, competencia y procedibilidad que generarían nulidades insubsanables en el proceso penal por el delito de delincuencia organizada conocido como caso Metástasis. Cerca de las 15:00 de este jueves, 15 de agosto, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en una causa que arrancó el 14 de diciembre de 2023.

Pese a la orden del juez Manuel Cabrera para que los sujetos procesales sean técnicos y concisos en la exposición de sus nulidades procesales, Terán, quien debido a un habeas corpus concedido por dos juezas de la Corte Nacional fue traído desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, a la cárcel 4, en Quito, inició su intervención haciendo saber su preocupación de que se da esta audiencia cuando de por medio hay una recusación y una denuncia por fraude procesal contra la fiscal general, Diana Salazar, y el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presente en la diligencia de Metástasis.

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En lo que se refiere a vicios de procedibilidad, el extitular de la Judicatura, conocido con el alias Diablo en Metástasis, se centró en que no existió una correcta cadena de custodia de los equipos celulares que fueron periciados y que tenían que ver con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi en octubre de 2022. Afirmó que son evidentes las contradicciones en cuanto al número de equipos periciados, en cuanto al real número de cadenas de custodia existente, en las fechas en las que fue extraída la información, en las que se dan lecturas, entre otras.

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Además, Terán cree que lo grave de que la Fiscalía no haya dado certezas sobre las cadenas de custodia y veracidad de la información que se extrajo de los equipos es que todos esos elementos encontrados sirvieron para formular cargos, para motivar pedidos de actos investigativos, para justificar las medidas cautelares solicitadas e iniciar un procesamiento penal que le tiene preso.

Por cuatro ocasiones el juez Cabrera interrumpió la exposición de Wilman Terán para que se centre en sus alegaciones y no entregue apreciaciones personales sobre el proceso, las actuaciones de la Fiscalía o de los jueces, pues el magistrado no podrá responder respecto a ellas, sino solo a los vicios que argumente. La audiencia arrancó con el señalamiento de que cada defensa tendría diez minutos para intervenir y si el juez veía que no era repetitivo el abogado le otorgaría un tiempo mayor.

Según el exjuez nacional, a él se le ha violentado su derecho a tener una correcta defensa, al debido proceso, al mantener contacto directo con su abogado, que se le han negado diligencias solicitadas. También alegó falta de competencia del juez Cabrera, pues refirió que en la Corte Nacional existen conjueces especializados en materia penal que podían hacerse cargo del caso y en su lugar se tomó en cuenta para el sorteo a jueces temporales.

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Otra situación que le genera preocupación a Terán y fue expuesta en la audiencia es una supuesta falta de imparcialidad del juez Manuel Cabrera. Esto debido a que ya él se pronunció en doce ocasiones anteriores dando sentencia en procedimientos abreviados solicitados por doce procesados en esta misma causa.

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Ante la insistencia del magistrado nacional, alias Diablo tuvo que terminar su exposición llena de apreciaciones personales y no tantas alegaciones técnicas. Fue tan abrupto su cierre que olvidó pedir al juez que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso y para eso pidió unos segundos extras.

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Luego de casi cinco horas de diligencia y de que hayan participado 21 de los 37 procesados, a las 19:00 el juez Cabrera suspendió la diligencia y ordenó que la reinstalación se realizará este viernes 16 de agosto a partir de las 09:00 en la Corte Nacional de Justicia. Ante los pedidos de tres procesados que se encuentran en el CPL de Cotopaxi para que no se los lleve hasta allá, sino que sea en Quito mientras dura la audiencia, el magistrado dispuso que sea el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) la instancia que tome los recaudos necesarios sobre este tema. (I)