Dictámenes abstentivos en caso Metástasis se basan en que los tres beneficiados no se encontraban ‘físicamente’ en los lugares donde ocurrieron los hechos

Al no poder mantener de forma “fehaciente la acusación fiscal” en contra del guía penitenciario Dani Daniel Mendoza Velásquez, de la abogada funcionaria del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Daniela Jimena Benítez y el publicista Juan Pablo Jaramillo, la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor para las tres personas investigadas en el caso Metástasis.

El dictamen abstentivo de la fiscal general, Diana Salazar, fue conocido por las partes procesales la tarde del viernes último, una vez que se cerraron los 120 días de la etapa de instrucción fiscal y a días de que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra las 52 personas que eran procesadas por el delito de delincuencia organizada. Esta diligencia estaba dispuesta para este lunes 15 de julio,pero fue diferida, aún no existiendo una nueva fecha para la instalación.

“Con apego a los principios de razón de conocer y razón de decidir, y principio de congruencia entre la motivación fáctica y jurídica, sumado a los elementos de comisión del expediente y la existencia material de una infracción penalmente acreditada conforme al derecho, y que al no demostrarse una actuación de los procesados como colaboradores de esta trama criminal se emite dictamen abstentivo”, señala el documento en el que se fundamenta resolución.

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Como parte de los hechos relatados por la Fiscalía en el caso Metástasis se explica que luego del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, conocido con elalias del Patrón, en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, las investigaciones emprendidas por la Fiscalía permitieron la obtención de varias evidencias, entre las cuales constan los dispositivos celulares con los que el hoy fallecido habría montado su aparataje comunicacional para configurar una estrategia delictiva para enfrentar a la justicia.

De la información contenida en los celulares incautados, refiere la Fiscalía, se habría evidenciado que desde el 25 de mayo de 2022, fecha en la que Leandro Norero Tigua, sus hermanos Israel Norero Tigua, Johanna Zambrano Tigua y su esposa Lina Romero fueron detenidos tras un operativo a consecuencia de una investigación por lavado de activos, desde el CPL de Cotopaxi se organiza una estructura destinada a obtener beneficios ilícitos a favor de este grupo mundial, como son seguridad del Centro de Rehabilitación Social, libertad de los estudiantes y, principalmente, la impunidad.

Para la fiscal Salazar estos objetivos no eran posibles sin la integración de un grupo estructurado que concerte en estos fines, conformado por varias fuentes como el financiamiento, la dirección y la planificación que se conjugaban con la participación y aporte de la cúpula criminal. También con la participación de colaboradores, tanto en el ámbito privado como público, sean funcionarios del SNAI, de la Función Judicial o personas particulares.

En esa línea, inicialmente a Daniel Mendoza se le identificó como un servidor público con el cargo de guía penitenciario que habría colaborado con la finalidad de la organización en el CPL de Cotopaxi para introducir artículos prohibidos para Leandro Norero, así como fungir de facilitador para conseguir los insumos que el líder del grupo criminal le requería.Todo esto bajo la contraprestación de beneficios económicos depositados a su supuesta esposa, Pilar Guayta.

En cambio, de la procesada Daniela Benítez, quien consta como funcionaria administrativa del CPL de Cotopaxi y que, en ejercicio de las funciones de su cargo, habría manejado la información judicial que notificaba al centro penitenciario de manera discrecional, y en beneficio de la libertad de dos personas sentenciadas, con los alias de Cuyuyuy y Madrid, quienes supuestamente conformaban el brazo armado de Norero.

De Juan Pablo Jaramillo se decía que como persona particular laboró en los negocios del narcotraficante Leandro Norero. Su rol de colaboración en la delincuencia organizada había tenido lugar en la facilitación de los depósitos para la comodidad dentro del CPL de Cotopaxi de Norero y su grupo familiar, pues a través de él se habrían realizado depósitos o transferencias a varias personas, entre ellas a los procesados Elio Arboleda y Pilar Guayta.

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Finalmente y luego de los elementos recabados durante la etapa de instrucción fiscal, la Fiscalía General aprecia que existe la ausencia de participación de los procesados Dani Daniel Mendoza Velázquez, Daniela Jiménez Benítez Poaño y Juan Pablo Jaramillo Dávila relacionados con los hechos de objeto de instrucción. Se aclara que al momento de los sucesos los procesados a favor de quienes se emite el abstentivo no se encontraban físicamente en los lugares donde ocurrieron los hechos.

Por ejemplo, se refiere, en el caso de Mendoza Velázquez él no trabajaba en el CPL de Cotopaxi; que Daniela Jimena Benítez Poaño, si bien laboraba en el centro penitenciario de Cotopaxi, la abogada al momento de los hechos se encontraba en goce de sus vacaciones y fuera del país; y Juan Pablo Jaramillo Dávila ya se encontraba residiendo fuera de Ecuador y al parecer los operadores de la organización criminal utilizaron su número de cédula para realizar depósitos y camuflar la real identidad del colaborador.

“Por lo tanto, la ausencia de acto impide continuar con el análisis del resto de teorías dramáticas propias de la teoría del delito, necesarias para la corroboración de una infracción penal”, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, en la fundamentación de su dictamen. (I)