Un supuesto peligro inminente sobre su vida y la de su familia le hacen al destituido juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), Ángel Harry L. V., también buscar acogerse al procedimiento abreviado en el caso Metástasis. El exjuez se transforma en el quinto procesado por el delito de delincuencia organizada que pretende conseguir una pena reducida al reconocer su responsabilidad y participación en los hechos analizados.

La intención de acogerse al procedimiento abreviado la hizo evidente Ángel Harry L. la tarde del lunes 15 de abril último en una ampliación de versión receptada por la Fiscalía. Ahí el exjuez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, quien fue destituido de forma unánime por el pleno del Consejo de la Judicatura en enero de 2023, contó que recibió y ha recibido amenazas, entre ellas, una en la que le enviaron una foto de su hija antes de que emitiera un fallo en un caso relacionado con el narcotraficante Leandro Norero.

Según la Fiscalía, a la fecha de los hechos el entonces juez conoció la acción de protección dentro de una causa que la “organización criminal” liderada por Norero interpuso a través del abogado Kevin P., también procesado, con la finalidad de levantar las medidas cautelares reales que pesaban sobre los bienes de Leandro Norero, a raíz de las incautaciones y prohibiciones dentro de un proceso penal seguido por el delito de lavado de activos.

Publicidad

Abogado de Leandro Norero dijo que un supuesto asesor de Fernando Villavicencio se habría reunido con Agustín Intriago para pedirle dinero

El proceso penal radicó su competencia en Guayaquil, sin embargo consiguieron a Ángel Harry L.V., calificado como uno de los jueces suicidas, para que libere esos bienes, entre ellos una casa ubicada en la urbanización Riberas del Batán, en Guayas. Esa liberación se habría dado de forma ilegítima y a cambio de dinero, reconoció en su testimonio anticipado el cercano a Norero también procesado en Metástasis, Hélive Angulo, alias Estimado.

“Como era propia la dinámica de este grupo estructurado, la decisión judicial de esta garantía constitucional fue vendida por parte del juez Ángel L., conforme se puede evidenciar en las conversaciones de chats entre Leandro Norero, por ejemplo, con Hélive Angulo, alias El Estimado, y el abogado Christian R., en donde claramente menciona que Leandro Norero solicita que se apoye al juez en los temas disciplinarios que le ocasionó su decisión ilegal y comprada”, explicó la fiscal general Diana Salazar.

En su testimonio anticipado alias Estimado señaló que él realizaba constantes videollamadas con Ángel L. con el objetivo de darle las indicaciones de lo que se requería,entre lo que estaba, incluso, que no le permitiera intervenir o comparecer en las audiencias a Lidia Sarabia, agente fiscal que estaba a cargo del caso por lavado de activos contra Norero y varios de sus familiares.

Publicidad

QUITO (28-03-2024).- En la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia en el caso Metástasis en la que testigos rindieron tres testimonios anticipados, entre ellos, el de Mayra Salazar. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

“El doctor Ángel L le indicó al abogado Christian R. que le hacían falta $ 10.000. (...) Efectivamente se dio la audiencia y el doctor Ángel L. no le permitió la palabra a la fiscal Lidia Saravia. Incluso hizo un llamado de atención y por medio de una acción de protección con medida cautelar, solicitó la devolución de dicho bien inmueble (la casa de Riberas del Batán)”, explicó alias Estimado.

Desde el 15 de diciembre de 2023 sobre Ángel Harry L. V., dentro del caso Metástasis, pesaban las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Las mismas las dejó de cumplir el 3 de abril pasado al ser detenido el exjuez dentro del caso Plaga.

Publicidad

En el caso Plaga, los supuestos involucrados a través de acciones constitucionales habrían favorecido a personas con alto nivel de peligrosidad otorgándoles la libertad a través de argucias legales y abuso del derecho. Desde la Fiscalía se dijo que jueces habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que personas privadas de la libertad obtuvieran su salida de la cárcel de forma ilegítima, aunque aparentemente legal.

El exjuez Ángel Harry L. V. se suma a la lista de procesados que solicitaron acogerse al procedimiento abreviado que se abrió con los policías en servicio activo Neycer Lanin M., Gabriel Genaro G.y Hector David P. F., agente investigador de la Policía de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos  (DILA), y el secretario judicial de la Corte del Guayas, Christian Gabriel S. C.,todos parte de los 52 procesados penalmente en Metástasis.

El artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el procedimiento abreviado, el cual es un procedimiento especial, deberá sustanciarse de conformidad con reglas como: las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.

Caso Metástasis: testigo de la Fiscalía afirma que Leandro Norero hablaba con Rafael Correa

Además la propuesta del fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. El defensor acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales y en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.

Publicidad

Los cinco procesados que buscan beneficiarse de una reducción en su pena fueron parte del primer grupo de 31 personas al que la Fiscalía formuló cargos por ser parte de una “empresa criminal” liderada por Leandro Norero para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información  privilegiada de miembros de la  Policía y la Fiscalía en casos que tenían que ver con Norero, sus familiares o cercanos a la organización narco delictiva manejada por alias El Patrón. (I)