Caso Metástasis: información y seguridad de Mayra S. y la fiscal Lidia Sarabia, aspectos que busca resguardar la Fiscalía mediante el testimonio anticipado

No solo el nivel de importancia de lo que tiene que decir la comunicadora Mayra S., procesada en el caso Metástasis, y la fiscal Lidia Sarabia, sino también el alto riesgo de seguridad que mantienen hace que la Fiscalía General del Estado, con Diana Salazar a la cabeza, solicite al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova que defina una fecha para escuchar el testimonio anticipado de ambas dentro del proceso penal por delincuencia organizada.

Tanto la procesada, de 36 años de edad, como la fiscal, quien sería una testigo de acusación, son parte del Programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía. El pedido para que se recepte el testimonio anticipado fue presentado el fin de semana último, ya dentro de los 30 días finales de una instrucción fiscal que arrancó el 15 de diciembre pasado. El juez Córdova dispuso que sean 120 días los que tenga de duración esta instrucción fiscal.

Lidia Sarabia, fiscal en la mira de Leandro Norero

El testimonio anticipado de la fiscal Sarabia se torna indispensable, pues de ella se habla en los chats periciados encontrados en los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero, quien es visto en el caso Metástasis como el líder de un “grupo criminal” que se estructuró para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada de la Fiscalía y la Policía que le favorecía a él, su familia y cercanos a la organización.

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Al ser Sarabia quien tenía un proceso por lavado de activos relacionado con la familia de Norero, ella se transformó en objetivo de seguimientos e incluso planes para atentar contra su vida. Hay diálogos entre Norero y varios de los ahora procesados e incluso con la esposa del narcotraficante, Lina R., quien quería que se le haga algo para que la “desestabilicen” y la “acaben”. Entre la información ubicada en los equipos celulares se incluyen fotos y datos de la fiscal y de sus familiares cercanos.

Por otra parte, Mayra S., quien fue comunicadora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, conocería mucho del caso que se investiga. Según la fiscal general, la comunicadora mantenía contacto directo con el narcotraficante Lenadro Norero y chats ubicados, además, hacen ver una cercanía con procesados como Daniel Salcedo, abogados del Guayas y Cotopaxi que conocían procesos penales que tenían que ver con la familia Norero.

Mayra S., colaboradora de la “empresa criminal”

El rol de colaboración de Mayra S. se habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos para favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal liderada por Norero, lo que comprendía identificar jueces dispuestos a “suicidarse”, así llamaban a los jueces que apoyaron a la delincuencia.

“Ella (Mayra S.) negociaba de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero, pactaba los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi y además manipulaba el sistema de sorteo para que caigan donde los jueces suicidas, que no eran otros, por ejemplo, que los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi. (...) Con la acción de Mayra S. se desvió la correcta administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal”, explicó Salazar.

A pocas semanas de estar siendo procesada, de Mayra S. trascendió que supuestamente ella quería acogerse a la figura de cooperación eficaz en el caso Metástasis. Esa posibilidad fue negada desde la Fiscalía, pero no desde la procesada o su defensa. Más adelante, el 16 de febrero pasado, el abogado de Mayra S. entregó una libreta con apuntes de información que sería de importancia para su defensa.

La entrega de la libertad a la Fiscalía se dio horas después de que Mayra S. se negó a rendir su versión libre y voluntaria. “Señor Fiscal temo por mi vida. No tengo las garantías necesarias para poder rendir la versión, por lo tanto no voy a contestar ninguna pregunta de Fiscalía, no voy a contestar ninguna pregunta de ningún abogado patrocinador de los diferentes procesados, no voy a rendir versión hasta que se garantice mi seguridad”, dijo la comunicadora de la Corte del Guayas.

La libreta fue ingresada en cadena de custodia para ser periciada, acción que hasta el momento se ha realizado dentro del proceso de Metástasis. Mayra S. también es investigada, aunque aún no procesada, en el caso Purga. Al periciar el teléfono celular de la comunicadora, dentro del caso Metástasis, se encontró información de otra estructura delictiva que había filtrado al sistema de justicia, pero esta vez en la provincia del Guayas.

En el caso Purga se investiga por delincuencia organizada al exasambleísta socialcristiano Pablo M., supuesto director de la estructura; a la expresidenta de la Corte del Guayas y jefa de Mayra S., Fabiola G., y al juez penal Johann M., ambos ubicados como planificadores del “grupo criminal”, además de otras nueve personas.

El testimonio anticipado es un medio de prueba que puede ser utilizado por la Fiscalía para sustentar la teoría que maneja en un caso determinado. En el artículo 503, numeral dos, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla de las reglas generales para la prueba y los elementos de convicción obtenidos mediante declaración, se señala que el juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio.

En manos del juez Felipe Córdova está el definir una fecha y hora para que en audiencia se recepte el testimonio anticipado. Este debe producirse previo a que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pues de pasar esta etapa, el testimonio deberá ser tomado en audiencia de juzgamiento directamente y no como reproducción si se daría el testimonio anticipado.

Procedimiento abreviado de dos policías pendiente

Córdova también debe entregar una respuesta a los pedidos de procedimiento abreviado solicitados por la defensa de los policías Neycer M. y Gabriel G. En el oficio entregado se señala que los dos procesados en el caso Metástasis “de manera libre y voluntaria, sin coacción de ninguna naturaleza se acogen al procedimiento abreviado”.

Según la Fiscalía, el coronel Neycer M. mantuvo un rol de colaboración reiterada y de diversa índole, como por ejemplo la filtración de información. Él era el encargado de proporcionar la información y proporcionar incluso seguridad policial a la vivienda incautada de Leandro Norero, pasando también este servidor policial por captar a más personal de su institución de los diferentes ejes como preventivo, inteligencia e investigación.

Dichas intervenciones de facilitación las coordinaban el oficial de manera directa con Leandro Norero, a cambio de recibir por varias ocasiones un sinnúmero de beneficios económicos entregados por medio del resto de la cúpula criminal como Gilmar C, alias Yankee, hoy prófugo.

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En cambio, del policía Gabriel G., alias Doble rueda, la Fiscalía dijo que su rol fue de colaboración y se centró en impedir que sus compañeros policiales puedan abrir e ingresar a la información que reposaba en el teléfono incautado a Leandro Norero, dentro del proceso penal por lavado de activos. Llegando incluso, se dijo, a que este funcionario público robe el token de propiedad de la Policía Nacional, facilitando el beneficio de la impunidad que pretendía la organización.

Su intervención supuestamente la realizaba bajo la coordinación y planificación de alias Yankee y a través del uso de sus conocimientos en informática, así como la posición de su expareja en la sala de escuchas de la Policía Nacional.

Estos pedidos deberán resolverse en una audiencia antes de que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esa diligencia se resolverá el pedido de pena reducida que planteará la fiscal general para cada uno de los que se acogen al procedimiento abreviado, es decir, reconocen su responsabilidad y participación en el delito investigado, en este caso el de delincuencia organizada. (I)