Exjuez de La Concordia procesado en caso Plaga habla de medida cautelar usada como ‘jugada política’ durante el gobierno de Guillermo Lasso

El exjuez multicompetente del cantón La Concordia y procesado en el caso Plaga Ángel Harry Lindao Vera en su testimonio anticipado no solo recordó las medidas cautelares y los traslados de cárcel que ordenó de forma irregular, a cambio de dinero o por amenazas, para narcotraficantes y peligrosos delincuentes, sino también habló de los casos en los que existieron presiones desde la política para resolver acciones constitucionales.

Lindao volvió a explicar ante el conjuez Vinicio Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), su participación en las medidas cautelares que, pese a no tener competencia, ordenó para la devolución de la casa incautada en Samborondón al narcotraficante Leandro Norero en un proceso penal por lavado de activos y en el traslado de cárcel de Guayaquil hasta Santo Domingo de los Tsáchilas que dispuso para alias Anchundia, privado de la libertad que era sospechoso de estar relacionado con las masacres carcelarias dadas en el país en 2022.

El testimonio anticipado fue rendido la mañana de este martes 3 de septiembre como parte del proceso penal por el delito de delincuencia organizada. A la diligencia asistieron de manera presencial la fiscal general, Diana Salazar, un abogado del Consejo de la Judicatura (CJ), como acusación particular, y varias de las defensas de los abogados de los procesados. Otros asistieron vía telemática a la audiencia que duró algo más de tres horas.

Esos y otros recursos que habrían sido entregados en procesos manejados por el coprocesado en Plaga, Christian R., no solo le valieron al exjuez multicompetente la entrega de recursos, por ejemplo, $ 20.000 por el tema relacionado con Norero, sino también le significaron una serie de amenazas de muerte si no colaboraba o “copiaba” a la organización criminal que estaba detrás de las acciones. Fotografías, presentación de guardias de seguridad armados, entrega de dinero colocándolo una pistola de por medio.

Además, en el aspecto administrativo, todas estas acciones irregulares le generaron el inicio de dos procesos disciplinarios en el interior de la Judicatura, uno de ellos que terminó con su destitución a inicios de 2023. Para que no avance o se archive la acción administrativa que se desprendió de la devolución de la entrega de la casa de Norero, Víctor Hugo Moya, exdirector del CJ en Santo Domingo de los Tsáchilas y primo de Christian R., le habría pedido a Lindao la suma de $ 100.000.

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El hoy exjuez Ángel Lindao, también procesado por delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis, explicó que en diciembre de 2022 fue contactado por Galo Zambrano, quien supuestamente venía de parte del entonces asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas Gruber Zambrano. Lindao era buscado para dar paso a una medida cautelar que suspenda la decisión de la Asamblea Nacional de censurar y destituir a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) como Iberh Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y su entonces presidente Hernán Ulloa.

Gruber Zambrano llegó al anterior Legislativo por las filas del Partido Social Cristiano (PSC), luego pasó a ser independiente y terminó siendo afín al bloque parlamentario que respaldó al entonces presidente de la República Guillermo Lasso.

Contó Lindao que para que la medida cautelar que se buscaba solicitar en este caso recaiga en su despacho, el entonces director del CJ en Santo Domingo le solicitó a otra jueza que pida vacaciones e incluso la causa fue sorteada seis veces como una acción de protección. Finalmente una persona de apellido Párraga presentó ya no una acción de protección sino una medida cautelar.

Ángel Lindao reconoció que dio paso a la medida cautelar de suspender la decisión de la Asamblea porque creía que no era correcto lo que estaba haciendo ese poder del Estado. Luego de tomar su resolución, el juez habría invitado a la casa del asambleísta Zambrano, en el sector de la Macadamia. En esa cita habrían estado además del legislador Zambrano y Lindao, Víctor Hugo Cañizares, Víctor Hugo Moya y Galo Zambrano.

“Ahí, en esa reunión, me enteré de algunas situaciones políticas que estaban sucediendo en el país. Gruber Zambrano me indicó que el presidente Guillermo Lasso estaba agradecido conmigo porque había dado la medida cautelar, porque eso le había dado tiempo para posiblemente reestructurar una nueva mayoría, ya que la mayoría opositora, compuesta principalmente por correístas y socialcristianos, tenía un plan trazado ya para tomarse el poder”, refirió el exjuez.

Según dijo Ángel Lindao en su testimonio anticipado, por esta “jugada política” a Gruber Zambrano le habrían entregado la dirección del CJ en Santo Domingo para que él pueda disponer libremente de ese cargo. También se enteró en esa reunión el juez Lindao que Christian R. había pagado $ 30.000 para que le entreguen la dirección del CJ en Santo Domingo a su primo.

Por otra parte, Lindao conoció que el plan de la mayoría de la Asamblea Nacional, compuesta por los socialcristianos y correístas, tenía como el próximo objetivo la destitución de Diana Salazar, de la Fiscalía General del Estado, y que luego iban a por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que para ello tenía los votos y una mayoría consolidada en el Legislativo. Aparentemente al dar la medida cautelar se había detenido la planificación, teniendo que esta mayoría en la Asamblea plantear otra estrategia y concentrarse en la revocatoria de las medidas cautelares ordenadas.

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En reunión a la que asistió Lindao, el entonces legislador Gruber Zambrano le habría comentado al juez que la oposición al presidente Lasso ya tenía los nombres de las nuevas autoridades que iban a reemplazar a las que estaban en ese momento. Por ejemplo, le habría dicho, Sofía Almeida, sobrina del asambleísta del PSC, Luis Almeida, iba a retornar a la presidencia del CPCCS; que a la Fiscalía General iría quien ese momento estaba como presidente de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, hoy procesada en el caso Purga; y que el nuevo presidente de la República sería Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea en ese entonces.

“Gruber Zambrano me agradeció por esa situación. En ese caso nunca recibí ni un solo centavo. La razón porque di esa medida cautelar era primeramente porque lo que se me prometió, a través de Víctor Hugo Moya, era el archivo de mi sumario disciplinar y, segundo, porque consideré que lo que estaba haciendo la Asamblea Nacional en ese momento no era lo correcto, por lo que incluso yo dentro de mi motivación, en mi decisión, yo mandé a poner una placa a la Asamblea Nacional que decía ningún poder del Estado estaba por encima del control constitucional, entonces consideré que era un acto de respeto a la democracia, a las instituciones del Estado, por eso la di”.

Lindao señaló que se mantuvo firme en su decisión y a su oficina llegó un antiguo colaborador suyo para decirle que los asambleístas de Santo Domingo y en general de la Asamblea Nacional iban a ponerle 50 denuncias en su contra para que sea destituido. El viejo colaborador de Lindao le habría dicho que viene como portavoz de la legisladora de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz para pedirle que revoque la medida cautelar ordenada.

La respuesta del juez al mensaje habría sido que no, que era un hombre de convicciones y que ‘ya había dado su palabra de que iba a mantener su decisión’. Días después se habrían planteado contra el juez multicompetente de La Concordia 50 denuncias ante el CJ.

Por esas mismas fechas de diciembre de 2022, Ángel Lindao como juez había ordenado a la Asamblea Nacional que posesionara como superintendente de Bancos a Roberto Romero. Al no haberse cumplido esa disposición dictada en sentencia, recordó Lindao, uno de los miembros de Participación Ciudadana que había comparecido al proceso pidió que se destituya a los asambleístas que incumplían. Gruber Zambrano le habría llamado Lindao para decirle que no haga eso.

La petición hecha para destituir a los asambleístas que incumpían la medida de posseionar al Súper de Bancos habría sido hecha, dijo Lindao, a cambio de que luego de que se concrete la posesión del Superintendente de Bancos le iban a entregar a su disposición un alto cargo en esa superintendencia.

“Quiero anotar sobre ese proceso que lo que me convenció a mí que realmente es que estaba recibiendo apoyo del Gobierno en mi decisión. El director de Patrocinio Jurídico de la Procuraduría General del Estado había solicitado la revocatoria de esa medida cautelar entonces yo con mi traslado a las partes y vino Víctor Hugo Cañizares y me preguntó qué es lo que estaba pidiendo la Procuraduría. Le dije así, que revoque lo que tu jefe me pidió. Entonces él dijo que iba a hablar con el jefe. Al siguiente día ya estaba un nuevo escrito de la Procuraduría General donde comparecía un nuevo director de Patrocinio, es decir, habían removido al anterior. Ese acto me convenció de que realmente estaba del lado correcto”, refirió Lindao. (I)