A los dos días de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para ocho de los trece vinculados al caso Purga, las defensas de los involucrados empiezan a plantear apelaciones a la medida cautelar definida en una causa penal que investiga el delito de delincuencia organizada y procesa en total a 25 personas.

Para la Fiscalía, los trece vinculados finalmente el miércoles 5 de junio último tendrían una participación activa destinada a colaborar desde varias esferas con la finalidad de obtener beneficios para la cúspide de la organización criminal que influyó en el sistema de justicia de la provincia del Guayas en decisiones jurisdiccionales y administrativas para obtener beneficios económicos y materiales. Incluso en esta misma causa se investigarían posibles beneficios de la estructura a miembros del narcotráfico y el crimen organizado.

Caso Purga: exdirectora de la Judicatura de Guayas y exasesora de Pablo Muentes recibieron prisión preventiva

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, vinculó en el caso Purga como autora directa a Mercedes V., exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas; mientras que como colaboradores al expresidente de la Corte del Guayas Hugo G. A., Rubén D. V., el coronel Xavier R. J., coronel Freddy J. C., Andrea P. M., Tatiana V. M., José P. A., Andrés Ch. P., Susana B., Jackeline D. P., Mirian R. I. y Silvia O. V.

Publicidad

Luego de escuchada la acusación de Fiscalía, los elementos de convicción relatados contra cada uno de los vinculados y pese a que el fiscal Toainga solicitó prisión preventiva para todos los procesados, el juez De la Cadena solo dispuso esa medida cautelar a Mercedes V., pues está confirmado que salió del país hace más de tres meses; Tatiana V. M., exasesora legislativa de Pablo Muentes, procesado como uno de los líderes de este “grupo delictual”; el exjuez José P. A., Andrés Ch. P. y las funcionarias judiciales Susana B., Jackeline D. P., Mirian R. I. y Silvia O. V.

Al no estar de acuerdo con la orden de prisión preventiva, hasta el mediodía de este viernes 7 de junio, Mirian R., Andrés Ch., Jackeline D. y José P. han presentado formalmente sus pedidos de apelación y solicitan que se realice una audiencia para que se revierta la medida cautelar, ya que los procesados la califican de injusta y desproporcionada. Toainga justificaba su pedido de prisión preventiva en que los trece sospechosos podrían generar riesgos al proceso por la capacidad de injerencia en el sistema de justicia que ya habían demostrado y el poder que mantenían como estructura.

Para la Fiscalía, esta estructura organizada habría tenido en la dirección al exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo y al juez penal del Guayas Johann M.

Publicidad

De la Cadena también ordenó la retención e inmovilización de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan a su nombre los imputados en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles, inmuebles, vehículos, acciones, participaciones, títulos de valores y fideicomisos.

Vinculados al caso Purga piden que se les permita defenderse en libertad; mientras que Fiscalía insiste en que se ordene prisión preventiva para los trece sospechosos

Toainga resaltó que esta causa se desprende de los hallazgos del caso Metástasis, el cual evidenció la existencia de grupos de delincuencia organizada que se habían tomado el control de la justicia, en el marco de un ambiente de impunidad que les ha permitido fortalecerse y enquistarse en la sociedad ecuatoriana. El fiscal presentó más de 140 elementos de convicción para sustentar la vinculación de los nuevos procesados.

Publicidad

A decir de Fiscalía, los vinculados serían parte de una estructura delictiva que contaba con una cúpula y colaboradores que cumplían sus roles desde varias esferas, para lo cual habría existido un acuerdo de voluntades y la comisión reiterada de actos ilícitos, con la finalidad de corromper el sistema de justicia de la provincia de Guayas. (I)