El fiscal general subrogante, Wilson Toianga, aseguró que dentro del caso Purga se decidió vincular a trece personas más debido a que en la investigación se encontraron nuevos elementos que hacen presumir la participación de las personas llamadas a audiencia de vinculación por el delito de delincuencia organizada. El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena es quien dirige la diligencia.

Según Toainga, dentro de estos eventos relatados, en los que se habrían dado irregularidades e ilegalidades, los ahora vinculados tuvieron una participación activa destinada a colaborar desde varias esferas con la finalidad de obtener beneficios para la cúspide del “grupo delictual”.

Aquí los hechos definidos por el fiscal Toainga en los que habrían tenido participación los ahora procesados en el caso Purga:

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1) Mercedes Leonor V. V.

Como directora del Consejo de la Judicatura (CJ) en la provincia del Guayas, su rol de colaboración habría girado en torno a la facilitación en la conformación del tribunal que conocería la apelación de la acción civil por falsedad de instrumento privado que interpuso Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes. La ahora procesada favoreció en la separación del juez Ulises Torres por no querer alinearse a las pretensiones del líder del grupo delictual, Pablo Muentes, valiéndose de sus competencias como funcionaria del órgano administrativo y de disciplina del Poder Judicial. Su participación iría más allá de lo mencionado, pues también facilitó la eliminación de sumarios administrativos que mantenían en su contra algunos jueces, como Fabiola Gallardo y Guillermo V., ambos procesados en el caso Purga, llegando a cerrar dos expedientes en contra de la expresidenta Gallardo.

2) Tatiana Carolina V. M.

Su rol de colaboración lo habría desarrollado en el proceso judicial de habeas data del Banco del Pacífico, pues la referida ciudadana, gracias a que fue exasesora de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, fue la delegada para elaborar la sentencia de la causa número 09332-2021-04221, en la que se beneficiaría, dijo el fiscal Toainga, al líder del “grupo delictual organizado”. Lo dicho se podría verificar en los chats de Mayra Salazar con la hora procesada, en donde se evidencia el envío de todos los documentos que servían como insumo para que Tatiana V. realizara el mentado documento.

3) Rubén Andrés D. V.

Desde su posición en la Función Judicial como asistente de la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, colaboró en la gestión de la acción de protección del caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría facilitado el ingreso a las reuniones que mantenían los militares en el despacho de la procesada Fabiola Gallardo, así como con la recepción de los beneficios que recibía ella a cambio de la manipulación de las decisiones judiciales.

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4) Hugo Manuel G. A.

Para la Fiscalía, él era el candidato a ser el pilar fundamental en la sucesión de la hoy procesada y expresidenta Fabiola Gallardo, para así garantizar la continuidad del control de la justicia en la provincia del Guayas. Su rol giraría alrededor de facilitar dicha perpetuidad del modus operandi de la organización. Tanto es así que incluso el mismo líder de la estructura, Pablo Muentes, era quien aprobaba sus gestiones de campaña, gestionaba el cumplimiento de las ofertas que realizaba de cara a ser elegido como presidente de la Corte Provincial del Guayas, como por ejemplo conseguir la marcación telemática para todos los funcionarios de dicha dependencia judicial, sin dejar de mencionar que además financiaba los gastos para dicha campaña.

5) José Daniel P. A.

Fue el juez que conjuntamente con Guillermo V. y Johan M., también procesados en Purga, formaron parte del Tribunal de Apelación de la acción de habeas data interpuesta por Pablo Muentes en contra del Banco del Pacífico. El juez habría facilitado la decisión que benefició al líder de la organización, siendo incluso el que proporcionó los documentos escaneados para que Tatiana V. realizara la sentencia que firmarían todos los jueces que integraban dicho tribunal.

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6) Esteban Andrés Ch. P.

Funcionario del Cuerpo de Ingenieros del Ejército cuyo rol de colaboración habría tenido lugar en las gestiones que realizó con la presidenta de la Corte Provincial de Guayas con la finalidad de obtener una resolución favorable en la acción de protección que interpusieron en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito a cambio de un beneficio para la procesada Fabiola Gallardo. Así, Andrés Ch. habría sido el delegado para coordinar con Mayra Salazar el cambio de piso del Salón de los Presidentes de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, siendo el que gestionó también el pago de los gastos que representaba dicha obra. De su colaboración se contaría con evidencia suficiente en los chats encontrados en el teléfono de Mayra Salazar con el nombre de “Andrés Militares”. En el transcurso de esta audiencia se daría cuenta de la evidente colaboración que emprendió el procesado para beneficio de Fabiola Gallardo, miembro del grupo delictual.

7) Juan Javier R. J.

Según la Fiscalía, el hoy procesado participó en esta trama delictiva, particularmente en el caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al cooperar con la líder de la organización, Fabiola Gallardo, en calidad de comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la desnaturalización del sistema de justicia del Guayas mediante obsequios y a través de pagos de un aparente donativo para obtener un fallo favorable en lo judicial. Su intervención habría tenido lugar en las diversas reuniones organizadas en la Corte Provincial del Guayas, donde se gestionaron y acordaron las decisiones a ser tomadas por los jueces que tenían conocimiento de esa causa, todo a cambio de la remodelación del piso de la Sala de los Presidentes de la Corte Provincial del Guayas.

Toainga dijo que el procesado autorizó la entrega de dineros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a través de subalternos para la compra de material de construcción y de mano de obra. Estos pagos se realizaban a través de transferencias por parte de la procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a Mayra Salazar y la hoy procesada Tatiana V., las cuales han sido verificadas con la información oficial del Banco del Pacífico, así como a través de las facturas de la tienda en la que se compró el piso.

8) Freddy José J. C.

Para el fiscal general subrogante, el procesado participó en el entramado criminal en el caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército cooperando con la entonces presidenta de la Corte Provincial del Guayas en la desnaturalización de la justicia de esa provincia. Se dijo que él se habría reunido con servidores judiciales y pactó a través de un supuesto donativo la decisión favorable en la causa en la que Freddy J. era el accionante.

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En este caso, el procesado —dijo Toainga— con su intervención en calidad de comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército lo hizo también como accionante del recurso de apelación y de la acción de protección de esa entidad. Es decir, una parte procesal de un caso puesto en conocimiento de los jueces de la Corte Provincial del Guayas acudió en varias ocasiones a reuniones con la presidenta de la Corte Provincial del Guayas para acordar un fallo favorable.

En suma, con la aquiescencia del coronel Freddy J. se acordaron los resultados de la causa judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la que él era accionante con Fabiola Gallardo, una de las líderes del grupo delictual, a quien le habrían entregado una serie de regalos y la remodelación del piso del Salón de los Presidentes de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

9) Andrea Mercedes P. M.

En cuanto a la hoy procesada, la Fiscalía dijo que su cooperación en esta estructura delictual ocurre en el contexto del tráfico de tierras, pues a través de su Judicatura colaboró con uno de los integrantes de la cúpula delictual, como es Pablo Muentes, a través de su testaferro y también procesado Fausto A., primo de Muentes. Dichas conductas se realizaron a través de la decisión de una acción constitucional de habeas data, la cual, mediante diversas demoras y retrasos, resolvió la anulación de una ficha registral suprimiendo los derechos de propiedad del ciudadano Erick Ramírez, situación que ya ha sido resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia 180-22-EP-24, que desnaturalizó la mencionada garantía jurisdiccional.

10) Susana Vanessa B. L.

La hoy procesada habría fungido como coordinadora y técnica de ventanilla del edificio de la Corte Provincial del Guayas y fue la encargada de descifrar el algoritmo del sistema de sorteos para beneficiar al líder de la cúpula delictual, Pablo Muentes, en el caso Banco del Pacífico. El líder de la cúpula, Pablo Muentes, habría solicitado la colaboración de Susana B. para manipular el sorteo del expediente en el tribunal conformado por los jueces Nelson Ponce, Ulises Torres y Alfonso Ordeñana, para resolver el fallo judicial del Banco del Pacífico. En ese contexto, Susana B. habría analizado durante quince días la frecuencia del sorteo de causas para beneficiar a Pablo Muentes y a su esposa, Mónica A., condicionando su rol de funcionaria judicial a los intereses del grupo delictual.

11) Jackeline Verenise D. P.

A la fecha de los hechos, la procesada fungía como coordinadora de la unidad provincial de Talento Humano del CJ, donde colaboró con la estructura delictual mediante los traslados administrativos de los jueces, tanto de aquellos que no sucumbían a las pretensiones del grupo delictual, como forma de castigo, como de aquellos interesados en conocer esas causas en beneficio del grupo delictual. Es decir, la funcionaria de la Judicatura colaboraba y perfeccionaba los planes delictuales de los diferentes casos impulsados por Fabiola Gallardo, Johann M. y Pablo Muentes para asegurar los fallos judiciales previamente acordados.

Lo dicho se ha comprobado a través de los memorandos del Consejo de la Judicatura en los que se realizaba el traslado administrativo de los jueces en diferentes salas de la Corte Provincial del Guayas. Asimismo, esta funcionaria habría colaborado en el posicionamiento y posterior nombramiento como ganador al entonces juez y hoy procesado en Purga Reinaldo C. en un concurso de jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

12) Miriam Jessenia R. I.

La hoy procesada fungía como coordinadora de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, por lo que colaboró con la estructura delictual al realizar los informes de conveniencia y afectación para el procedimiento administrativo del traslado de jueces. Así, se registraban dichos informes en el perfeccionamiento y colaboración con los planes delictuales de la cúpula de esta delincuencia organizada para asegurar los fallos favorables a su conveniencia para la tramitación de determinados casos, como el del Banco del Pacífico, en particular en beneficio del juez Lino Ramos.

13) Silvia Herminia O. V.

En la época de los sucesos fue la jueza que conoció el juicio ordinario 09332-2021-04221 por falsedad de instrumento que siguió Banco del Pacífico S. A. contra Pablo Muentes y Mónica A., declarando sin lugar la demanda y colaborando con las pretensiones de la cúpula delictual, decisión que posteriormente sería conocida y asegurada por los jueces de la Corte Provincial del Guayas. En síntesis, la funcionaria judicial colaboró con el grupo delictual organizado en su propósito de asegurar los fallos judiciales relativos a los casos del Banco del Pacífico cuyos beneficiarios serían varios miembros de la cúpula delictual.

Toainga concluyó su lectura de los hechos en los que se relacionaba a los vinculados asegurando que en nuestro país persiste una forma de hacer política caracterizada por la intromisión indebida en los poderes públicos, legislativo y judicial, cuya gestión entre ellos es el mantenimiento de la opacidad hasta el día de hoy. “Se ha utilizado la justicia una vez más como un eslabón de la institucionalización de grupos delictuales organizados a conveniencia de la ley como moneda de cambio para obtener los réditos tanto económicos como políticos, privando a todos los ecuatorianos y sobre todo a los ciudadanos de la provincia de Guayas de una dependencia judicial plena”. (I)