Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, Mayra Salazar y otros dos funcionarios judiciales manejaban la Corte del Guayas, confirma exjuez procesado en caso Purga

El exjuez del Guayas Ramos Alberto L., procesado en el caso Purga, en su testimonio anticipado aseguró, la tarde de este lunes, 26 de agosto, que el exasambleísta Pablo Muentes; Mercedes V., exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte del Guayas, y Johann M., juez penal del Guayas, son las personas que manejaban la Corte del Guayas.

El hoy exjuez aseguró que con su testimonio queda corroborada la teoría de la Fiscalía que habla de que, en este caso, existieron autores y colaboradores de una estructura que realizó traslados administrativos sin informes, que manejaba de forma irregular el Área de Talento Humano y que puso presidentes de la Corte del Guayas. Todos estos actos de corrupción que “tanto daño han hecho a la administración de justicia y que han arrastrado a gente inocente”, dijo el testigo, giró en torno a los deseos y necesidades en casos judiciales de Pablo Muentes, el entonces legislador del Partido Social Cristiano.

Alberto L. trató de deslindarse del proceso penal del que forma parte y aseguró que nunca tuvo la intención de, con su resolución judicial en el caso por falsificación de un documento privado, causar daño al Banco del Pacífico ni mucho menos a cambio de algo. Además, afirmó que no conoció a Muentes, que no fue parte de la organización criminal, sino que más bien él fue utilizado.

Para fundamentar esta aseveración de que fue utilizado, el hoy exjuez del Guayas, quien mantiene la orden de prisión preventiva, señaló que él llegó a presidir el Tribunal de la Sala Civil que resolvió la causa planteada por el Banco del Pacífico por movimientos administrativos realizados por Mercedes V., Fabiola Gallardo y Johann M., por ciertas necesidades que mantenía Muentes en relación con el proceso civil propuesto por la entidad bancaria.

En su momento, la Fiscalía explicó que el Banco del Pacífico otorgó un préstamo a los cónyuges Mónica A. y Pablo Muentes, cuando aún no era asambleísta. La falta de cancelación de estos valores habría provocado que la entidad financiera comience y ejecute los procesos de cobro.

Pese a ello, el 13 de julio de 2020, Muentes y su esposa interpusieron una acción de habeas data en contra del banco y pretendieron justificar el pago de la referida deuda con notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas. Esto se habría dado con la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda y pague a la pareja valores por los daños causados, los cuales ascendían a $ 3‘983.040.

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Pese a las evidentes ilegalidades del proceso de habeas data, indicó en su momento la fiscal general Diana Salazar que el juez Reinaldo C., otro de los investigados en Purga, acogió la pretensión de los demandantes y dispuso al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Como recompensa por la decisión, refirió la Fiscalía, Reinaldo C. fue designado como juez provincial del Guayas.

Justamente el testigo dijo que el primer cambio que se le dio a él fue sacarlo de la Sala Penal para dejar la vacante para el juez Reinaldo C., quien había ganado en apariencia un concurso para juez penal, cuando en realidad era el pago por dar paso al habeas data de Muñecas. Sin explicaciones, sino solo señalándole a Ramos Alberto L. que esa era una orden de alguien importante, el juez fue trasladado a la Sala de Familia de la Corte del Guayas.

Para el Banco del Pacífico en el perjuicio patrimonial causado por esta “estructura criminal” contra la institución no solo participaron Pablo Muentes, Mónica A., Fabiola Gallardo y el exjuez Reinaldo C., sino también a través de dictámenes jurisdiccionales estuvieron involucrados los también jueces del Guayas Johann Gustavo M., Guillermo Pedro V., Ramos Alberto L. y Nelson Macías P.

Quien sería parte del programa de víctimas y testigos manejado por la Fiscalía General del Estado indica que su seguridad e integridad está en riesgo y responsabilizó de cualquier cosa que pueda pasarle a él, su familia y su equipo de abogados a Pablo Muentes. Recordó que el domingo último uno de sus abogados recibió un mensaje de un número desconocido a través de la aplicación Signal, que refería que tenga cuidado con el testimonio que iba a dar hoy y que ya saben que la abogada a la que le escribían tiene dos hijos.

El exjuez Ramos Alberto L. explicó que cuatro meses después de llegar a la Sala de Familia hizo conocer a un juez cercano que no estaba a gusto en ese lugar y que quería cambiarse a otra sala. Según el testigo, ese rumor le habría llegado a la presidenta Gallardo, quien le dijo que lo podía cambiar a otra sala y que ya conocería a ese personaje importante de la política que le había comentado que estaba tras los cambios.

Para finales de julio se habría concretado su cambio a la Sala Civil de la Corte del Guayas y reemplazó a un juez que no le “copiaba” a Muentes y que en represalia había sido trasladado a otra sala. En ese momento, Gallardo, Mayra Salazar y el juez Johann M. llevaron al juez Ramos Alberto L. hasta una casa en la isla Mocolí, en Samborondón, para presentarle a Pablo Muentes. El testigo dice que en ese momento conoció al personaje de la política que había requerido todos los cambios previos y de los que él como juez terminó siendo parte.

Muentes le había pedido ayuda a Ramos Alberto L. en el proceso relacionado con el Banco de Guayaquil. La respuesta que habría dado el juez, según él, es que haría todo lo que le permitiría la ley, pues incluso en ese momento no conocía el expediente del que hablaba.

El hoy exjuez es claro en decir que el entonces asambleísta no le ofreció nunca dinero a cambio de fallar en el caso en cuestión, pero que en todo momento contaba cosas como el poder que tenía en la justicia, la cercanía que mantenía con Jaime Nebot o le recordaba que sabía que, por ejemplo, Ramos Alberto L. tenía varios sumarios administrativos, los cuales estaban en manos de su amiga, la ahora exdirectora del CJ en Guayas Mercedes V., a quien el legislador le decía de cariño Meche.

También recordó el testigo que Pablo Muentes hablaba abiertamente de que puso a mucha gente en puestos de la justicia en Guayas, por ejemplo, Fabiola Gallardo en la Presidencia de la Corte, que estaba trabajando para colocar al nuevo presidente en la Asamblea Nacional, que apoyaría en las próximas elecciones al presidente Daniel Noboa, entre otras cosas que al legislador, a decir del testigo, le generarían poder y que se le entreguen puestos en instituciones públicas.

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Ramos Alberto L. defiende la decisión que tomó en mayoría con el juez Nelson P. y aseguró que la misma fue fruto de un largo análisis legal y la revisión de, por ejemplo, una pericia que reveló que las firmas de los comprobantes, que se decían eran falsas, finalmente era correctas. Descarta que su decisión haya sido para recibir contraprestación alguna e incluso dijo que es falso lo dicho por Mayra Salazar en su testimonio anticipado de que, a cambio de fallar a favor de Muentes, un hijo del juez recibió un trabajo en la Corte del Guayas o que el juez habría recibido de Tatiana V., otra procesada en Purga, un pendrive con la sentencia que debía emitir en el caso Banco del Pacífico.

El juez terminó su testimonio anticipado solicitando a la fiscal general, Diana Salazar, que emita un dictamen abstentivo, el cual le lleve al juez del caso, Javier de la Cadena, definir un sobreseimiento definitivo. Desde su perspectiva en este testimonio, él dejó claro que fue usado por los integrantes que lideraban esta trama de corrupción.

Ramos Alberto L. se acogió al derecho al silencio y no contestó preguntas de las defensas de los 24 procesados restantes. A pesar de ello, el juez permitió que quedaran asentadas en actas las preguntas que pretendían realizar los coprocesados. La diligencia terminó cerca de las 19:00 de este lunes, 26 de agosto, casi cuatro horas después de haber iniciado la audiencia en la Corte Nacional. (I)