Vinculados al caso Purga piden que se les permita defenderse en libertad; mientras que Fiscalía insiste en que se ordene prisión preventiva para los trece sospechosos

Para las 17:00 de este miércoles, 5 de junio, el juez nacional Javier de la Cadena convocó a las partes procesales del caso Purga para dar a conocer su decisión sobre el pedido hecho por la Fiscalía General del Estado para vincular a trece personas más a la causa penal por delincuencia organizada que ya mantenía a doce personas como sospechosas dentro de una instrucción fiscal que pasará a tener una duración total de 120 días.

Durante la audiencia de vinculación, la cual tuvo una jornada de más de doce horas, el fiscal general subrogante Wilson Toainga recordó que en los últimos meses Ecuador ha ingresado en un tratamiento intensivo por la metástasis que atraviesan las instituciones, sobre todo las del sistema de justicia, que necesitan a toda costa recuperarse.

“Esta intervención demanda la desarticulación de grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de nuestra justicia y han trascendido a lo largo de la historia del país gracias al ambiente de impunidad dominante que les ha permitido fortalecerse y enquistarse en nuestra sociedad, atentando inclusive a los intereses directos de todos los ecuatorianos. (...) Esta vez la corrupción se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, quienes han puesto a su servicio y a los del narcotráfico toda la administración de justicia en una de las provincias más importantes en nuestro país, como es la provincia de Guayas”, sostuvo Toainga.

Caso Purga: aquí los hechos en los que participaron los trece vinculados, según la acusación de Fiscalía

La Fiscalía solicitó que se vincule a la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas Mercedes V., como autora directa; mientras que como colaboradores al expresidente de la Corte del Guayas Hugo G. A.; Tatiana V. M., exasesora del exlegislador y procesado en Purga Pablo Muentes; Rubén D. V., José P. A., Andrés Ch. P., el coronel Xavier R. J., el coronel Freddy J. C., Andrea P. M., Susana B., Jackeline D. P., Mirian R. I., Silvia O. V.

Además, para todos pidió que se les defina la medida cautelar de prisión preventiva, pues existe la posibilidad de que los ahora procesados intenten entorpecer el desarrollo del proceso. Además, solicitó que se notifique a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se detenga a todos quienes están fuera de Ecuador y que se disponga la la retención e inmovilización de las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan a su nombre los vinculados y la prohibición de enajenar bienes, por $ 35 millones, cantidad aproximada que, dijo Toainga, el “grupo de delincuencia organizada” se habría proyectado obtener en el tiempo y que tendrá que ser dividida para todos los procesados.

Los procesados y su derecho de última palabra

Previamente a suspender la diligencia, el juez De la Cadena les dio la oportunidad a que los ahora procesados en el caso Purga hagan uso de su derecho de última palabra. Once de los trece tomaron esa posibilidad. Ellos fueron Mercedes V., quien se encontraría fuera del país, pues salió de Ecuador tan solo horas antes de que se concrete la operación Purga en la que se detuvo a los doce inicialmente procesados; y Andrés Ch. P., quien dijo que no tenía nada que agregar a lo dicho por su defensa.

Tatiana V., exasesora legislativa del entonces asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, criticó a la Fiscalía por únicamente tener como elementos de convicción los dichos de Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte del Guayas que dijo que Tatiana V. fue quien sin ser jueza redactó una sentencia que favoreció a Muentes en un caso contra el Banco del Pacífico.

“Estoy siendo vinculada y perseguida a causa de una narrativa creada, que, como usted escuchó, señor juez, en los elementos de convicción de Fiscalía, no existe un solo elemento de convicción adicional en 90 días de investigación previa. No hay ningún otro elemento de corroboración de dicha narrativa de Mayra Salazar, que es absolutamente falsa. Y los dichos de Mayra Salazar por sí solos, sin otros elementos de corroboración, no alcanzan un nivel de elemento de convicción. (...) Hay una acusación en mi contra que se sustenta sobre elementos de convicción que no fueron claros. El testimonio acomodado de Mayra Salazar, que recién en su cuarta vez narrando los hechos se acuerda de una factura”, sostuvo Tatiana V., quien pidió que se le permita defenderse en libertad durante el proceso.

Por su parte, el expresidente de la Corte del Guayas Hugo G. A. rechazó que se diga desde la Fiscalía que su rol era el de proyectar una “continuidad delictual” sin que se le haya concretado algún tipo de acto en el que haya delinquido o haya señalado algo que ha hecho.

“Este proceso que se ha seguido tiene que ver con temas de terrenos en los cuales yo no he participado; tiene que ver con temas de narcotráfico, siendo yo un juez de lo civil en los que tampoco he participado jamás; tiene que ver con temas del Banco del Pacífico, con quien realmente jamás he participado de los procesos que se han mencionado; tiene que ver inclusive con sorteos de causas judiciales en los que tampoco he participado”, refirió el aún juez del Guayas que asegura no es un peligro para este proceso penal, pues, dijo, no solo ha renunciado al cargo de presidente de la Corte, sino que encuentra con un permiso sin sueldo para poder ejercer su defensa y no se diga que como juez está en algún tema particular.

El juez José P. A., quien fue detenido justamente cuando intentaba viajar el sábado último fuera del país y se encuentra detenido en la denominada Cárcel 4, calificó al proceso como una tremenda equivocación.

Oficiales procesados piden que se les permita defenderse en libertad

El comandante y excomandante del Ejército ecuatoriano, coronel Xavier R. J. y el coronel Freddy J. C., pidieron que se rechace la orden de prisión preventiva solicitada por el fiscal Wilson Toainga, pues creen que el proceso que se le está iniciando tiene base en cargos impuestos injustamente por la Fiscalía. El oficial Xavier R. J. asegura ser un hombre de honor y cree que la acusación no solamente está mancillando su nombre, el de su familia, sino también el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

En su testimonio anticipado, Mayra Salazar explicó roles de algunos de los que serán vinculados al caso Purga esta tarde

“Es mi pedido, señor juez, para poderme defender, estar en libertad. Le pido respetuosamente para demostrar mi inocencia y todos aquellos elementos de convicción emanados por la Fiscalía son el cumplimiento de mis obligaciones como comandante y que fue información entregada de la manera más transparente por mi persona a la Fiscalía”, anotó.

Por su parte, el excomandante del Ejército Freddy J. C. señaló que para él es muy difícil despertarse un día y ser acusado de algo que no ha hecho, que ha pasado cuando ya no estuvo en el cargo, sobre problemas que no tienen nada que ver con él. “Estoy seguro de que, como lo he dicho en la audiencia, podré defenderme en libertad y demostrar que no he hecho nada y que siempre he actuado de la forma correcta”.

El procesado Rubén D. V., ayudante judicial, rechazó la vinculación al afirmar que debido al cargo que mantenía dentro de la Función Judicial no tenía autoridad alguna para tomar decisiones y solo cumplió con el trabajo dispuesto. En cambio, la jueza Andrea P. M. sostuvo que con la vinculación hecha por la Fiscalía se está criminalizando la actuación judicial. “La actuación estuvo en todo momento dentro de mi rol como juzgadora, en ningún momento he cometido un acto penalmente relevante. Tanto es así que el único elemento de convicción que tiene la Fiscalía es mi sentencia”, aclaró.

A las 17:00 de este miércoles, 5 de junio, se conocerá si el juez De la Cadena acepta los trece pedidos de prisión preventiva hechos por la Fiscalía o si en su lugar acepta argumentos de que hay una procesada con dos meses de un embarazo de riesgo, que existen investigados con problemas de salud y requieren una atención médica específica, que son cabeza de hogar y que de ellos depende la mantención de su familia o que simplemente no hay elementos contundentes que los relacionen con el delito y merecen que se les permita defenderse en libertad. (I)