El juez anticorrupción Renán Andrade negó la solicitud de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el caso denominado Triple A. Aun así, debe presentarse de forma periódica ante las fiscalías provinciales, tiene prohibido salir del país y usará un dispositivo de vigilancia (grillete electrónico).

La Fiscalía vinculó a once personas naturales, entre ellas Alvarez, y una jurídica al proceso en el que se investiga el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de combustible.

“El juez de la causa dispone presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más”, detalló la Fiscalía en su cuenta de X (antes Twitter).

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Una vez conocidas las medidas para los implicados, en la red X Alvarez consideró que era muy forzada la prisión preventiva en un caso que, según dijo, “no tiene elementos de convicción”.

La diligencia se instaló la mañana de este miércoles, 9 de abril, en el tercer intento, por decisión del juez Andrade. Además, el integrante de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado resolvió dar inicio a la audiencia de vinculación colocando como abogados de los procesados, el alcalde de Guayaquil y Juan Carlos A. T., contador y auditor de 52 años, a dos defensores públicos.

Ese hecho se produjo a pesar de la oposición que, vía Zoom, expresó Alvarez, quien dijo no estar de acuerdo con ser defendido por un abogado que no conoce del caso Triple A. Diego Córdova Raza, abogado del alcalde de Guayaquil, había solicitado el diferimiento de la audiencia porque mantenía otra diligencia que no fue reprogramada.

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“Quiero dejar claro que, más allá de las nulidades que ya acarrea este proceso, yo no autorizo a ningún defensor público para defenderme. Mi abogado, Diego Córdova, envió un escrito bien sustentado para que se suspenda la audiencia por lo menos unos días. ¿O es que usted tiene alguna presión para ponerme como carne de cañón antes de las elecciones del domingo 13 de abril? A mí no me falten el respeto y a mí me defiende mi abogado. Públicamente se lo digo, ni siquiera ha abierto link de YouTube, usted, señor juez. ¿Qué? ¿No quiere que el país vea que me deja en indefensión?”, replicó Alvarez.

Ante la inasistencia a la diligencia, los abogados de Alvarez y de Juan Carlos A. T. fueron multados con dos salarios básicos unificados ($ 940) y se pidió que el Consejo de la Judicatura analice el comportamiento de los profesionales y active las herramientas de corrección respectivas.

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La teoría que maneja la Fiscalía señala que en el caso Triple A existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los que no está destinado ese beneficio, con lo que se habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. (I)