Tal como estaba planificado, la mañana de este viernes, 20 de junio, el juez anticorrupción Renán Andrade reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra veintidós personas naturales y jurídicas que son acusadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, dentro del caso bautizado por la Fiscalía como Triple A.

La diligencia se retoma pasadas las 09:30 de este viernes, luego de dos días de audiencia continua, que se suspendió la tarde del pasado sábado, 14 de junio.

Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, inició la exposición de su dictamen acusatorio señalando como autores del delito investigado a diez personas naturales y seis personas jurídicas (empresas), mientras que otras seis fueron acusadas en calidad de coautores.

Publicidad

Hasta el momento, el fiscal del caso Triple A ha presentado los elementos de convicción con que cuenta para acusar a varios de los procesados, entre los que estuvo Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, quien de forma presencial acudió al Complejo Judicial Norte, en Quito, para los dos días de audiencia de la semana anterior.

A su llegada, él calificó de injusta la denuncia e investigación hecha en su contra, y aclaró que, pese a ello, él está acudiendo.

“Estoy dando la cara, sin correr. Los trolls pueden decir lo que quieran, pero aquí estamos. Hemos demostrado durante prácticamente un año que no hemos huido porque sabíamos que era una mentira, y por más que hayan querido forjar pruebas nunca iban a tener nada”, sostuvo.

Publicidad

Para la reinstalación de este viernes, 20 de junio, no asistió de forma presencial ni Aquiles Alvarez ni su abogado, Ramiro García Falconí.

La Fiscalía también habría dado a conocer los elementos individuales que tiene para acusar del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo a Fernando V., Ricardo José C. A, Carolina T., Jessenia V., Lady C., José F. M., Raúl Arnoldo Z. A., entre otros.

Publicidad

En esta jornada en la que continúa la presentación de la acusación fiscal, Leonardo Alarcón empezó con la exposición de elementos de convicción que mantiene para acusar como autor del delito analizado a Juan A.

Se prevé que este viernes y los días siguientes el representante de Fiscalía continúe fundamentando su dictamen fiscal con los elementos que mantiene contra las seis personas naturales y las seis jurídicas que restan.

Luego deberá anunciar la prueba pericial, testimonial y documental que usará como parte acusadora ante una eventual audiencia de juzgamiento, de ser esa la decisión del juez Andrade al final de la diligencia.

Inmediatamente será el turno de la Procuraduría General del Estado y de la Empresa Pública Petroecuador para fundamentar la acusación particular que mantienen y finalmente deberán intervenir los abogados de los veintidós procesados.

Publicidad

Estos últimos podrán replicar el dictamen acusatorio recibido y deberán presentar las pruebas que evacuarán como parte de su defensa en un eventual juzgamiento.

En el caso Triple A, el 10 de mayo pasado se completaron los 120 días de instrucción fiscal.

Alarcón sostiene que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.

La Fiscalía ha explicado que varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos a los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.

Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotores, industriales y navieros.

El 16 de diciembre de 2024 arrancó la instrucción fiscal en el caso Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., y contra las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Alvarez y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. (I)