¿Qué hay detrás de la ‘danza de chats’ de la Fiscalía y de otros actores políticos?

Una ‘danza’ de chats ha vivido el país en los últimos tres meses una vez que la Fiscalía General del Estado decidiera exhibir las conversaciones contenidas en los teléfonos celulares de algunos de los procesados e involucrados en los casos Metástasis, Purga y Encuentro, en los que se investiga el delito de delincuencia organizada, y que en su mayoría son la base de lo que en el ‘argot’ judicial se define como “teoría del caso”.

No se conoce el número exacto de teléfonos periciados y a quiénes pertenecen en estos tres procesos, que en conjunto tienen 1.500 cuerpos. Pero, de momento, la Fiscalía General ha revelado a través de su página web los chats de cinco que le pertenecían al narcotraficante Leandro Norero; el de la comunicadora Mayra Salazar; y el del fallecido empresario Rubén Cherres.

Los dispositivos de Norero se hallaron en los allanamientos a la cárcel de Latacunga que realizó la Fiscalía dentro de la investigación de su asesinato en octubre del 2023, y de la información obtenida en ellos se inició el caso Metástasis; el de Mayra Salazar, cuando fue detenida en los operativos del mismo caso, y que ha servido para Purga; y el de Cherres, cuando se investigaba su muerte en una casa en Punta Blanca, Santa Elena, en enero del 2023, cuyo contenido se usa en el caso Encuentro.

A la par, otro de los procesados en el caso Metástasis, el exlegislador Ronny Aleaga, alias Ruso, recién desafiliado de la Revolución Ciudadada, ha hecho públicos supuestos chats con el usuario La Seño, que según él sería la fiscal general, Diana Salazar, de quien dice que era su amiga “íntima” y que le habría revelado detalles de las investigaciones que llevaba adelante.

Las conversaciones de estos chats se habrían realizado a través de las plataformas de mensajería instantánea WhatsApp, Confide, Threema y Signal; estas últimas ofrecían la garantía de que los mensajes desaparecían y no podrían ser recuperados, y que no necesariamente aparecían sus nombres o números de teléfonos.

La exposición en este formato de información no se había visto nunca antes en otros casos considerados de alta relevancia política. Pero periodistas que han cubierto la fuente judicial por años lo atribuyen a que la investigación de aquellos se ha sustentado en otro tipo de evidencias o documentos.

Autorretrato de Mayra Salazar. Así narró su ascenso y caída en el mundo de la corrupción judicial y su cercanía con el crimen organizado

Así, por ejemplo, el caso Sobornos 2012-2016, en el que está sentenciada la cúpula del correísmo, se trabajó con base en documentos y contratos hallados en las computadoras de dos procesadas; mientras que en Las Torres, en el que se investigó al excontralor Pablo Celi, se basó en documentación de contratos y una asistencia penal internacional.

Uno de las abogados relacionados con el caso Metástasis, Alejandro Garcés, explica que en la audiencia de formulación de cargos de estos procesos la Fiscalía ya develó la información de estas conversaciones porque tenía que demostrar que tenía elementos de convicción o de prueba, pero al estar en curso la investigación dentro de la etapa de instrucción fiscal esta debía manejarse con cautela para no afectar la reputación de las personas mencionadas que no están relacionadas con estos hechos.

Esto muestra, según el jurista, que “se los está usando con cierto tinte político por ambas partes”. “En la audiencia de vinculación, la fiscal fue leyendo al juez uno por uno los chats relacionados al Ruso, y ahora Ronny Aleaga trata de usar chats en contra de ella”, comenta.

Garcés, quien es defensor del acusado Rommel David T., identifica algunas razones políticas de la fiscal para exhibir estos chats. Primero, levantar su imagen que meses atrás se vio afectada por las denuncias de supuesto plagio de su tesis universitaria, además de los cuestionamientos al manejo de algunos casos, y la amenaza de juicio político desde la bancada correísta.

“Eso mismo se menciona en los chats del caso Amistad, relacionado con Bibian H., abogada supuestamente cercana al expresidente Rafael Correa, en los que le solicita apoyo para que le dé de baja a ese juicio”; y segundo, “reforzar su autoridad como fiscal general, la máxima representante del derecho penal en Ecuador”.

Y aunque ella lo ha descartado en varias entrevistas y eventos públicos, al jurista no le extrañaría que se postule para las elecciones presidenciales del 2025.

Pablo Encalada, quien es abogado del expresidente Guillermo Lasso, recuerda que en el derecho existe desde hace muchos años el principio de publicidad, una garantía para que los casos no se manejen en secreto y se conozca quién y cómo los juzga, qué pruebas hay y etcétera.

“Obviamente, en esa época no se pensaba que habría medios de comunicación masiva... En función de ese principio antiguo, hay una corriente moderna ‘de justicia abierta’ que tiene que ver con reforzarlo para que todo el mundo tenga acceso a los procesos judiciales y al conocimiento de las audiencias. Me parece positivo lo que hace la Fiscalía (con los chats). Yo sé, no soy ingenuo, que lo hace con otras intencionalidades: sé que la Fiscalía tiene una estrategia para fortalecer sus casos, que publica lo que quiere, pero en términos generales está bien que lo haga. Lo que habría que tender es que todos los procesos sean públicos, todo, no solo chats que me interesan...”, reflexiona el jurista, quien agrega que no cree que Salazar esté ocultando información relevante al país.

Sobre las conversaciones divulgadas por Aleaga, Encalada explica que no tienen “ningún valor legal” porque no son parte de ningún proceso, y que tienen objetivos netamente políticos. “Ahí deben analizarse otras cosas ya desde el punto de vista moral: ¿son reales esos chats?, ¿tuvieron alguna relación?, ¿esto es trascendente?”.

Encalada comparte la preocupación de Garcés respecto a la afectación de la reputación de algunas personas señaladas en las conversaciones, pero advierte que todos estos procesos son públicos y que el hecho de tener un amigo o conocido que supuestamente cometió un delito no las hace culpables de nada, porque las responsabilidades penales son individuales.

Es lo que pasa con el expresidente Lasso, dice el jurista, quien señala que en los chats de Cherres no hay nada que lo relacione con el caso Encuentro, en el cual incluso ya se cerró la instrucción fiscal. Tampoco hay nada contundente contra Daniel Carrera, su cuñado, quien era amigo personal del empresario fallecido. “Todos tenemos a alguna tercera persona de nuestro círculo que tiene a su vez a algún delincuente”, opina.

Los analistas opinan sobre los chats hechos públicos

La lectura política que hacen de estos hechos el politólogo Cristian Carpio y el periodista Jorge Ortiz es que la Fiscalía quiere “blindarse” y tener respaldo de la opinión pública.

Carpio señala que, de entrada, hay que tener en cuenta que cada vez es mayor el escrutinio público y que tarde o temprano trascienden las charlas privadas de los políticos y sus operadores, por lo que buscan ponerse a buen recaudo. Algo que también ocurre en otros países.

Agrega que hacer públicos estos chats podría abonar en el desgaste que de por sí ya tienen las estructuras de los partidos políticos a los que pertenecen algunos de los procesados, como el socialcristiano Pablo Muentes o el correísta Ronny Aleaga, tanto en sus aspiraciones electorales de cara al 2025 y en su apoyo para insistir en el juicio político a la fiscal general.

“Habrá que ver cómo los partidos contrarios a los salpicados aprovechan o no esta coyuntura, y cómo la capitalizan. Lo que se termina reforzando es la crisis del sistema de partidos”, agrega.

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Otro punto por analizar en este tema es que la difusión de los chats podría generar apoyos a la consulta popular de Daniel Noboa, cuyo cuestionario, en su mayoría, plantea cuestiones relacionadas con la seguridad, como el endurecimiento de penas y la extradición. De hecho, comenta, no sería bien visto que las agrupaciones políticas salpicadas por estos procesos penales se opongan a esas preguntas.

Ortiz, en tanto, considera que la exposición de los chats ante la opinión pública es un ejercicio de transparencia de la Fiscalía, pero también de “defensa propia” ante posibles represalias del crimen organizado por las investigaciones que desarrolla.

“Ahí se compra un ‘seguro de vida’, logra que los indagados desistan de dañarlos, o de lanzar campañas de desprestigio que derrumben la investigación y la credibilidad del Ministerio Público. La Fiscalía hace bien con mostrar esta información para que, si pasa algo, la gente vea que es un contraataque”, señala Ortiz, para quien, obviamente, la Fiscalía tiene sus prioridades y están condicionadas, no determinadas, por los momentos de la política y el humor de la ciudadanía.

Agrega que la gente está un poco “desconcertada” por esta práctica, porque “Ecuador no ha estado acostumbrado a una actividad intensa por tarde de los fiscales. Normalmente han hecho lo menos posible para no meterse en problemas, porque en el momento en que se inicia una investigación incomoda a mucha gente, entonces han tratado de no levantar demasiada polvareda; y otros, como los puestos por el correísmo, se dedicaban a encubrir y a tapar al Gobierno”. “Los afectados, o sea, los correístas, tienden a decir que es persecución, y que se levante un caso tras otro puede ayudar a ese relato. Pero lo cierto es que la Fiscalía tiene que investigar, porque esa es su obligación”. (I)