La exasambleísta Sofía Espín, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), celebró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya admitido a trámite una petición para que se revise su destitución como asambleísta en noviembre del 2018.
Este 20 de junio, en su cuenta de red social Twitter, Espín señaló: «Cuatro años después, la CIDH ha admitido mi petición por la ilegal destitución que sufrí como asambleísta al oponerme a la traición de Lenin Moreno. Judicializar la política afecta lo más profundo de la democracia. Pido justicia para mí y para todos los perseguidos». (sic)
Espín fue destituida como legisladora en noviembre del 2018, con un informe de una comisión multipartidista que recomendó aplicar este proceso disciplinario porque visitó a una testigo protegida en el denominado caso Balda.
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A nivel judicial, a Espín se la investigó por la presunción de haber incurrido en fraude procesal en el grado de tentativa, porque en octubre de 2018 había visitado a Jéssica Falcón, exagente de inteligencia que era procesada como autora del plagio (secuestro) del activista Fernando Balda.
No obstante, en diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo porque «no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal».
En ese entonces, la investigación la inició la exfiscal general (e) Ruth Palacios y, finalmente, la institución señaló que la visita que hizo Sofía Espín a Falcón, en la que, presuntamente, habrían pedido retractarse de su testimonio anticipado, en el que involucraba al expresidente Rafael Correa en el presunto secuestro de Fernando Balda en Colombia, a cambio de beneficios personales y jurídicos, no constituía por sí solo delito de fraude procesal.
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Luego de su destitución como asambleísta, Espín acudió a la CIDH, ingresando un escrito en el 2019.
Cuatro años después, este 7 de junio de 2023, el organismo regional le respondió que su petición fue remitida al Gobierno ecuatoriano, al que se le dio un plazo de tres meses para que presente sus observaciones. (I)
