Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea continuará con la fiscalización de los contratos suscritos con Progen

La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional no abandonará el proceso de fiscalización de los contratos de los proyectos térmicos El Salitral y Quevedo, entre el Ministerio de Energía y Minas y las empresas Progen, iniciado el 11 de junio pasado.

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Lo afirmó el presidente de la mesa legislativa, Jaime Estrada Medranda (RC), en respuesta a una solicitud realizada el martes 17 de junio por la presidenta de la mesa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, Diana Jácome (ADN), de abstenerse de continuar el proceso de fiscalización a los contratos suscritos entre el Ministerio de Energía y Minas y las empresas Progen.

Incluso Jácome previno, en una carta al presidente de la Comisión de Garantías, de una “violación flagrante” al artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referente a que cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto. La legisladora ADN, afirma que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dispuso oficialmente que conozca del caso contractual de Progen.

Jácome hace alusión a que en el anterior periodo legislativo el asambleísta Lenin Barreto (RC) pidió documentación relacionada con los contratos de Progen el 15 de abril de 2025 y los pagos realizados por parte del Banco Central.

En rueda de prensa, la asambleísta oficialista Diana Jácome lamentó que no se respeta la iniciativa de fiscalización, pero que la Comisión de Transparencia continuará con la investigación. Prometió que la mesa legislativa no se convertirá en la comisión de archivo.

Aseguró que han recibido información sobre el caso y que harán un cronograma de actividades para recibir a las distintas autoridades y se elaborará el informe correspondiente.

El pasado 11 de junio, el legislador Blasco Luna (RC), en el pleno de la Asamblea Nacional, pidió un cambio en el orden del día de la sesión n.º 010, para que se fiscalicen los contratos del Ministerio de Energía y Minas con las empresas Progen, y que sea el pleno quien designe la comisión que realice la investigación. La moción fue bloqueada con 76 votos en contra que vinieron de ADN, seis aliados de Pachakutik y los independientes. Por la fiscalización votaron 71 legisladores de RC, PSC y dos asambleístas de Pachakutik.

Ese mismo 11 de junio, la mesa de Garantías Constitucionales se reunió en la noche y aprobó el inicio de una fiscalización de los contratos de Progen, y el 16 de junio de 2025 solicitó información al gerente general subrogante de Celec EP, Gustavo Sánchez Íñiguez, para que en un plazo de cinco días remita información y documentación completa de los contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios suscritos con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management S. A. S., a través de sus unidades de negocio Termopichicha y Electroguayas.

Documentación solicitada

La mesa legislativa presidida por el asambleísta Jaime Estrada envió un requerimiento de información al gerente general subrogante de Celec EP, Gustavo Sánchez Íñiguez. Los documentos solicitados son los siguientes:

1. Expedientes contractuales completos: Incluyendo, pero no limitándose a los originales, o copias certificadas de resoluciones de declaratoria de emergencia y su sustento técnico-legal, estudios de mercado y necesidad, invitaciones presentadas, ofertas recibidas, informes de evaluación de ofertas, actos de adjudicación, resoluciones de suscripción de contratos, los contratos originales y sus modificatorios (adendas, órdenes de cambio), actas de entrega-recepción provisional y definitiva, y actas de finiquito.
2. Documentación de las garantías contractuales: Incluyendo, pero no limitándose a los originales, o copias certificadas de todas las pólizas de garantía constituidas (fiel cumplimiento, buen uso de anticipo, garantías técnicas) para cada contrato, incluyendo los endosos, ampliaciones y su estado actual de validez o ejecución.
3. Gestión y seguimiento contractual: Incluyendo, pero no limitándose a los originales, o copias certificadas, cronogramas de ejecución contractual originales y actualizados, informes periódicos de avance físico y financiero, informes de gestión de contratos, comunicaciones formales intercambiadas entre Celec EP y los contratistas (incluyendo notificaciones de incumplimiento, solicitudes de prórroga, justificaciones y resoluciones sobre las mismas).
4. Conformidad técnica y operativa de los bienes/servicios: Incluyendo, pero no limitándose a los originales, o copias certificadas de los informes técnicos y/o periciales sobre la idoneidad, estado real y conformidad de los bienes y servicios recibidos con las especificaciones técnicas ofertadas y contractuales. Certificaciones de calidad, origen y pruebas de funcionamiento de los equipos instalados o repuestos entregados.
5. Informes de supervisión.
6. Informes técnicos.
7. Informes jurídicos.
8. Informes financieros.

El asambleísta Estrada indicó que la mesa continuará con el proceso de fiscalización y definirá el cronograma de comparecencias tanto de la sociedad civil como del Ministerio de Energía y Minas, Celec y los representantes de Progen, a fin de que rindan cuentas.

El legislador manabita comentó que el día en que la Comisión de Transparencia aprobó el plan de trabajo, su coideario Guido Mendoza (RC) preguntó qué pasará con el pedido de información que solicitó su compañero de bancada Lenin Barreto, sobre los pagos a Progen, pero las autoridades de esa mesa legislativa resolvieron no incluirlo.

Guido Mendoza, integrante de la mesa de Transparencia, ratificó que el tema de fiscalización de Progen no consta en el plan de trabajo e inclusive que en la segunda sesión de la mesa planteó que se incluya el análisis de la respuesta recibida por el Banco Central sobre los pagos a Progen, pero no le permitieron hablar para fundamentar y no se acogió su pedido.

Resulta que luego de que la Comisión de Garantías inició un proceso de fiscalización, el 18 de junio, la mesa presidida por Diana Jácome se reunió no solo para conocer el pedido de información que se hizo al Banco Central, sino también para tratar el caso de ATM y Celec, bajo la excusa de que ya había un proceso de fiscalización en camino, pero eso no es así, afirmó Mendoza. (I)