El pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto debatir en los próximos días un proyecto de resolución para que la Comisión de Garantías Constitucionales asuma el seguimiento a la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, que se realizó entre noviembre y diciembre del 2022, bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Dicha comisión la preside la correísta Paola Cabezas.
Este proceso se deriva de un informe elaborado por la Comisión de Transparencia y aprobado por el mismo pleno, en enero del 2023, que recomendó fiscalizar el manejo de la información, inconsistencias técnicas y realizar una evaluación del costo del Censo Nacional 2022.
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En este informe también se solicitó a la Contraloría General realizar la auditoría de la gestión a Roberto Castillo, quien era director ejecutivo de INEC, para que se evalúen las fallas administrativas en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación y seguridad del censo.
En comisión general, el pasado 8 de febrero, los legisladores escucharon a John Sánchez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), y a Byron Villacís, exdirector del INEC.
Según el académico, la reducción estadística de 1,2 millones de afroecuatorianos censados en el 2010, a 600.000 en el 2022, no solo incurre en un error técnico, sino que afecta directamente a la inversión estatal en políticas públicas, asignación de recursos y garantías de derechos para ese sector.
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En tanto que el exdirector del INEC expresó su preocupación sobre la calidad y cobertura del censo, pues además de retrasos en su cronograma de ejecución, existen dudas sobre la veracidad de los datos y resultados emitidos por la entidad. (I)
